BOGOTÁ (apro).- El gobierno del presidente Nicolás Maduro hace todo lo posible para evitar lo que las encuestan anticipan: una derrota del chavismo en los comicios legislativos del próximo domingo 6 de diciembre en Venezuela. Y lo hace con el aparato estatal en pleno. El mismo mandatario ha asumido un papel protagónico en la campaña del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y, a pesar de que la ley lo prohíbe, hace abierto proselitismo en favor de sus candidatos. “A mí no me va a callar nadie”, advirtió hace unos días en una cadena nacional de radio y televisión, al referirse a las acusaciones de “ventajismo electoral” que le ha formulado la oposición. Lo que hay, sostuvo, “es ventaja (del PSUV), no ventajismo”. Pero los sondeos de opinión indican que la superioridad de cara a estos comicios la lleva la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), una coalición de partidos políticos que busca un cambio de régimen tras casi 17 años de chavismo en Venezuela. Encuestas de las firmas Datanálisis, Keller e Ivad, realizadas en este noviembre, anticipan que la MUD obtendrá entre 43% y 63% de los votos en los comicios legislativos del 6 de diciembre. Mientras, el PSUV tendría entre 25% y 28% de los sufragios, lo cual quitaría al partido fundado por el fallecido presidente Hugo Chávez el control de la unicameral Asamblea Nacional (AN). Jesús Chúo Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD y jefe de campaña de esa alianza opositora, dice a Apro: “Es evidente que no existe manera de que el gobierno nos gane las elecciones y lo único que estaría en discusión es si vamos a tener mayoría simple o calificada” en la AN. Estos comicios, afirma el dirigente opositor, tienen como marco una profunda crisis económica y social cuya principal expresión es la escasez de alimentos y artículos de primera necesidad y una hiperinflación que devora los salarios. La violencia política irrumpió con fuerza en estas campañas electorales. El pasado miércoles 25 fue asesinado a balazos Juan Manuel Díaz, dirigente opositor en el estado central de Guárico. El hecho ocurrió al finalizar un mitin. Henry Ramos Allup, secretario general del partido Acción Democrática y directivo de la MUD, acusó del crimen a “gente relacionada con el gobierno”, mientras que el presidente Maduro aseguró que se trata de un “ajuste de cuentas”. El homicidio generó el repudio internacional. La Unión Europea (UE) expresó que el asesinato “marca un deterioro mayor de una situación ya muy tensa”, mientras que el Departamento de Estado estadunidense lo consideró "el más letal de varios recientes ataques y actos de intimidación contra candidatos de la oposición".   La crisis como telón de fondo Sin embargo, la polarización política -- sello de Venezuela desde hace varios años--, se ve eclipsada por las dificultades diarias de los ciudadanos para abastecerse de productos básicos y la profundidad de la crisis económica. Del total de venezolanos, 95% no encuentra lo que busca en el mercado y siete de cada 10 culpan al gobierno de esa situación. El argumento oficial de que el desabasto es producto de la “guerra económica” de la oligarquía nacional y el imperialismo yanqui sólo lo creen 17 de cada 100 ciudadanos. Este año, la economía de Venezuela caerá 10%, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que se suma al desplome de 4% del año pasado. La inflación alcanzará 200%, la más alta del mundo, y los trabajadores necesitan 14.8 salarios mínimos para adquirir la canasta básica estimada para una familia de cinco miembros. Con ese contexto, el coordinador de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, Marino González, estima que en 2015 la pobreza aumentó 7% respecto al año anterior y llegó a 55%. La criminalidad, que figura junto con el desabasto y la crisis económica entre las principales preocupaciones de los venezolanos, cerrará el año con una cifra sin precedentes. Según estimaciones del abogado y criminalista Fermín Mármol, la cifra de homicidios será de unos 26 mil 980, para un promedio de 89 por cada 100 mil habitantes, la tasa más alta del mundo después de Honduras. El politólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Alexis Alzuru señala que en el país prevalece “un enorme descontento popular por la situación, incluso entre los chavistas, que también hacen filas en los supermercados y no encuentran alimentos o medicinas como el resto de la población”. Los sondeos ubican por encima de 70% la imagen negativa de Maduro y más de la mitad de ciudadanos lo culpa de los problemas que viven día a día. El diputado del PSUV Earle Herrera, quien busca su reelección en los comicios del 6 de diciembre, dice a esta agencia que “es obvio que hay descontento y que nadie puede estar conforme con lo que está pasando, pero de ahí a decir que eso llevará al pueblo a votar por la oposición neoliberal, hay mucho trecho”. La mayoría de las encuestas, sostiene, “no llegan a la Venezuela profunda, donde el pueblo chavista sigue mandando y son hechas por empresas fantasma, de maletín. La única que se puede considerar seria es la de Datanálisis, pero también se equivoca con frecuencia”. De acuerdo con Herrera, “nuestros propios sondeos nos dicen que estas elecciones las vamos a ganar y que el chavismo mantendrá su mayoría en la Asamblea Nacional”. La actual AN, que surgió de los comicios legislativos de 2010, está bajo control del PSUV, que tiene 99 de los 165 diputados, --60% del total--, mientras que la MUD cuenta con 54, apenas la tercera parte, y 12 son independientes. Para lograr la mayoría simple en la próxima AN cualquiera de las fuerzas políticas deberá obtener al menos 83 diputados y 110 para tener mayoría calificada. Si bien la opositora MUD aspira a llegar a cualquiera de los dos escenarios y las encuestas respaldan sus expectativas, la realidad es que para llegar a esa meta deberá superar un obstáculo monumental: la asimetría en que se desarrolla la campaña electoral.   Sistema de privilegios Alexis Alzuru, doctor en ciencias políticas y profesor de la UCV, señala que el gobierno de Maduro “tiene muchas maneras de incidir en esa elección y las está usando todas, sin importar que sean o no legales”. El académico menciona algunas: “La abierta campaña por los candidatos del PSUV que hace el presidente, los enormes recursos del Estado que se están gastando para movilizar al electorado chavista y las veladas amenazas contra los empleados públicos de que si votan por la oposición van a perder su empleo”. Dice que “todo esto es ilegal, pero lo hacen, y lo hacen con la complacencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos rectores y directrices son abiertamente chavistas, algo impensable en cualquier democracia”. De acuerdo con Alzuru, “la magnitud del desbalance que existe en la contienda electoral hace que éste sea mucho más que un problema de inequidad y se convierta en un asunto de abierta injusticia”. En un país donde en los 16 años de chavismo se ha duplicado la nómina de empleados públicos, que llega a tres millones de personas, los funcionarios del régimen han solicitado a sus subordinados que les envíen desde sus celulares fotos del momento en que voten para cerciorarse de que lo hagan por el PSUV. La oposición estima que los empleados públicos y sus familiares más cercanos conforman un universo de nueve millones de electores, que representan 46% del total de votantes inscritos. Torrealba afirma que el gobierno ha hecho creer a los venezolanos, mediante “sugerencias” de altos funcionarios, que el sistema electrónico de votación les permite conocer por quién sufraga cada ciudadano, lo cual “no es cierto, solo es una trampa más para atemorizar a los electores”. Por ello, una vertiente de la campaña de la MUD está dirigida a los trabajadores del Estado, a quienes esa coalición asegura en mensajes propagandísticos que sus representantes en las mesas de votación “harán todo lo posible para que se respete el voto de cambio” y no permitirán “ni la usurpación del voto ni fotografías del acto de votación frente a la máquina electoral”. “El voto es secreto y ten la seguridad de que nuestros testigos así lo garantizarán”, indica la propaganda opositora. Otra parte importante de la campaña de la oposición está orientada a contrarrestar las “confusiones” que puede crear entre los votantes la ubicación de los partidos y candidatos en la papeleta electoral, en la cual aparece al lado de la MUD el Movimiento de Integridad Nacional (MIN), una pequeña organización que tiene nombre y colores similares a la coalición opositora. Además, el MIN inscribió a última hora a un candidato llamado Ismael García, un obrero sin previa militancia política que aparece en la papeleta al lado del conocido dirigente opositor de la MUD del mismo nombre. “Es un juego muy desigual y la clave para garantizar un triunfo es que haya una votación masiva. Si la hay, al gobierno le quedará muy difícil hacer algo”, afirma el diputado y dirigente de la MUD Ismael García, quien aspira a ser reelegido. De acuerdo con las estimaciones de la oposición, entre más electores acudan a las urnas el 6 de diciembre más oportunidades tendrá de lograr un buen resultado. En los comicios legislativos de 2010 la participación electoral llegó a 66% de los votantes inscritos. En las elecciones presidenciales de 2013, cuando Maduro obtuvo el poder en una reñida contienda ante el opositor Henrique Capriles tras la muerte de Hugo Chávez, 79% de los electores acudieron a las urnas, porcentaje similar al que espera la oposición el 6 de diciembre.   El peso relativo de los votos Uno de los mayores escollos que enfrenta la MUD es el diseño “a modo” que ha hecho el CNE de los 87 circuitos electorales que existen en el país para las votaciones parlamentarias. Mediante una serie de reformas abaladas por las autoridades electorales, los distritos o zonas donde se concentran los votantes chavistas eligen más diputados que aquellos donde la oposición es la primera fuerza. En las elecciones parlamentarias de 2010 esta caprichosa delimitación de distritos llevó a que el PSUV obtuviera la mayoría de diputados a pesar de obtener menos votos que la oposición. Con 48.8% de los sufragios, el partido oficial logró 98 diputados, mientras que con 51.1% la coalición opositora quedó con 67 congresistas. Para el diputado oficialista Earle Herrera, Venezuela “tiene el sistema electoral más confiable y transparente del mundo y el más auditado”, pero la Organización de Estados Americanos (OEA) considera que “las condiciones en las que el pueblo va a ir a votar el 6 de diciembre no están en estos momentos garantizadas al nivel de transparencia y justicia electoral”. En una dura carta enviada en días pasados a la presidenta del CNE y abierta simpatizante chavista, Tibisay Lucena, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirma que “la oposición venezolana no ha gozado de condiciones de participación equitativas en la campana electoral”. Dice que las inequidades en el proceso concatenan hechos de “enorme gravedad en el funcionamiento del sistema democrático” y la llama a asumir un papel imparcial “para evitar que las dificultades que ya se plantean en el proceso electoral y en la campaña se trasladen al proceso de escrutinio”. Ayer, el excanciller uruguayo y militante del izquierdista Frente Amplio condenó el asesinato del opositor Juan Manuel Díaz y llamó al gobierno “a detener ya la violencia en curso en el país” y a impedir que la contienda electoral se reduzca a “un ejercicio de fuerza, violencia y miedo”. Nicolás Maduro rechazó las propuestas de la OEA y de la Unión Europea para enviar observadores a los comicios. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) está presente desde la semana anterior con una “misión de acompañamiento” que no hará labores de observación. Según un sondeo de Datanálisis, 72% de los venezolanos no confía en las autoridades electorales. Para el profesor Alexis Alzuru, “las condiciones de asimetría electoral que favorecen al gobierno van a tener un efecto sobre el resultado de la elección” del 6 de diciembre y dificultarán que la oposición logre el control de la Asamblea Nacional. “En mi opinión, eso no va a ocurrir. Creo que vamos a tener un parlamento más o menos paritario, pero sin capacidad de decisión para resolver los problemas de Venezuela”, afirma. De acuerdo con el catedrático de la UCV, este escenario ha sido propiciado por la misma oposición “porque se equivocó de estrategia al pretender resolver un problema político con un arma electoral. Para vencer al sistema debió llamar a un pacto político a sectores independientes y al chavismo moderado. Solo así podría haber atraído el voto de los chavistas inconformes”. El diputado del PSUV Earle Herrera señala que más allá de lo que anticipan las encuestas, los comicios legislativos “serán 87 elecciones distintas (ese es el número de distritos electorales), porque cada circunscripción tiene sus particularidades y es ahí donde vamos a ganar”. Chúo Torrealba, jefe de la MUD, considera que “aunque el fraude electoral es un peligro cierto, nuestra ventaja es tanta, que ni así podrán ganar y, además, tendremos testigos en casi 100% de las mesas electorales (40 mil 601 en todo el país), lo que nos permitirá tener copias de casi todas las actas”. Más que una elección legislativa, lo que vivirá Venezuela el próximo domingo es un pulso político entre un régimen que lleva casi 17 años en el poder y que lidia con una severa crisis económica y social, y una oposición que aspira a sentar las bases para convocar el año próximo, cuando se cumple la mitad del periodo de Maduro, a un referendo para revocar el mandato al presidente. Las encuestas señalan que la mayoría de los venezolanos quiere que Maduro deje el cargo antes de finalizar su periodo de gobierno de seis años. Pero que se afiance o desinfle esta tendencia dependerá del resultado de la elección de este domingo.