Investiga la PGR a exesposa de Mireles

MÉXICO, DF (apro).- A 17 meses de la detención del exlíder de las autodefensas de Michoacán José Manuel Mireles, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación contra su exesposa Ana Valencia Chávez por su presunta participación en la comisión de los delitos de lesiones, robo y oposición a trabajos del servicio público.

De acuerdo con información difundida por ‘Animal Político’, la primera denuncia contra Valencia fue presentada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Agencia única del Ministerio Público Federal con sede en Apatzingán.

Destaca que el pasado 15 de julio, debido al adeudo de más de un millón y medio de pesos, personal de la CFE acudió a los domicilios de los morosos, entre ellos la exesposa de Mireles –preso desde el 27 de junio de 2014–, para cortarles el servicio.

A las diligencias acudieron tres agentes del Ministerio Público federal, tres peritos, cuatro personas operativas y al menos un centenar de militares, quienes realizaron las inspecciones y el levantamiento de actas correspondientes.

En respuesta, Ana Valencia y un grupo de habitantes del municipio de Tepalcatepec irrumpieron en las oficinas de la paraestatal en esa región, retuvieron a los trabajadores y exigieron que les condonaran los pagos y el restablecimiento del servicio de electrificación.

Los cerca de 60 inconformes, encabezados por la exesposa del exvocero de las autodefensas, argumentaron tarifas elevadas en el servicio e incapacidad para cubrirlas, según el documento que obtuvo ‘Animal Político’.

El personal de la PGR, los peritos y militares fueron llevados hasta la plaza principal de Tepalcatepec, ubicado en el corazón de la Tierra Caliente.

Los servidores públicos fueron impedidos de terminar las diligencias ministeriales y privados de su libertad por varias horas, hasta que se llegó a un acuerdo con ellos para su liberación.

A raíz de esos hechos se integró de oficio otra averiguación previa ante la Agencia Segunda del Ministerio Público Federal de la ciudad de Uruapan por los delitos de lesiones, robo, oposición a trabajos del servicio público y lo que resulte en agravio de los ministerios públicos federales y demás personas que los asistían, señala el documento.

A pesar de los acuerdos alcanzados el 20 de agosto entre Ana Valencia Chávez como representante del grupo de inconformes y autoridades del estado y la federación, dos actuarios más del Poder Judicial fueron agredidos y retenidos por los mismos manifestantes, de acuerdo con el texto.

Se trata de los actuarios Elsa Samanta Hernández García e Ismael Solano Pacheco, adscritos al Juzgado Segundo Civil con sede en Apatzingán, quienes entregarían a los deudores del servicio las notificaciones del juicio mercantil promovido por la CFE.

Elsa e Ismael respondían a la solicitud del Juzgado Octavo de Distrito, hecha a la primera instancia, a fin de cumplimentar los medios preparativos del juicio ejecutivo mercantil en contra de los deudores.

En esta ocasión tuvo que acudir al lugar el secretario técnico del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, para que luego de varias horas su personal fuera liberado.

Por los hechos de violencia antes señalados, no pudieron concretar las notificaciones, por lo que no hubo avances en las acciones de juicio mercantiles.

“Los hechos perpetrados en contra de los actuarios son constitutivos de delitos federales por estar atendiendo un despacho del Poder Judicial de la Federación”, cita el informe de 13 páginas.

Debido a la radicalización de las acciones, al incumplimiento de los acuerdos alcanzados con las autoridades, al incremento del número de deudores que se han sumado al grupo de inconformes y al monto que rebasa actualmente los 120 millones de pesos, el pasado 25 de noviembre la delegación de la PGR en Michoacán tenía planeada una reunión con autoridades estatales y federales para determinar el plan de acciones a seguir.

Ello con el objetivo de establecer la consignación de las averiguaciones previas señaladas y robustecerlas con más elementos proporcionados por la misma CFE que derive en las órdenes de aprehensión pertinentes en contra de Ana Valencia y al menos 60 personas más, revela el documento.

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