SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro).- El gobernador Juan Manuel Carreras López “heredó” aparatos de espionaje y uso en inteligencia que fueron adquiridos durante el sexenio de su antecesor Fernando Toranzo y ya son revisados por la Procuraduría de Justicia del estado. El procurador Federico Garza Herrera dijo a medios locales que se analiza el equipo entregado por la administración de Toranzo entre el que se incluye un aparato GT2000, supuestamente útil para la localización de artefactos explosivos y armas, así como equipo para espionaje. En agosto del 2004 la organización civil “Ciudadanos Observando” hizo pública la adquisición de un sistema para el monitoreo de telefonía celular para el que el gobierno estatal desembolsó 22 millones de pesos. La adquisición incluyó un sistema central para el monitoreo de redes en plataforma GSM por 12 millones 282 mil pesos, así como seis antenas y otro sistema para interceptar comunicaciones con capacidad para manipular el teléfono monitoreado, los mensajes, abrir el micrófono, clonar el número y realizar llamadas, con un costo de seis millones 853 mil pesos más impuestos. Este equipo también se utiliza para grabar llamadas, identificar números salientes o entrantes, clonar redes y negar el acceso a la red telefónica. Este equipo fue puesto en operación por el gobierno del priista Fernando Toranzo en noviembre del 2013. Para ello, según publicó “Ciudadanos Observando”, la Dirección de adquisiciones de la Oficialía Mayor del estado efectuó en mayo de ese año una compra por invitación restringida –por cuestiones de seguridad, según se adujo– en la que eligió a la empresa Ingeniería Kantier, SA de CV como proveedora favorecida. La organización civil por la transparencia resaltó el hecho de que el acta constitutiva de la referida empresa señala que ésta fue creada en la Ciudad de México, en el mismo año en que se efectuó la adjudicación, sólo unos meses atrás, en febrero de 2013. Además denunció que la información correspondiente a la empresa en su página web no estaba disponible. Apro constató que al día de hoy, la página de esta compañía no funciona. Tampoco aparece la liga al expediente completo de la compra hecha por la Dirección de adquisiciones del estado. En ese entonces el titular de la Procuraduría de Justicia Miguel Ángel Covarrubias justificó la adquisición y uso del equipo argumentado que éste había ayudado a capturar delincuentes muy peligrosos y que sólo se utilizaba con la autorización de jueces para efectuar pesquisas dentro de un expediente. La organización civil encontró que en febrero del 2014 se adjudicó la adquisición de un rastreador o localizador por 25 millones 962 mil pesos de manera directa a la empresa Bloslom SA de CV, sobre la cual tampoco se conocen datos. El contrato en el cual aparece como representante legal de la empresa Héctor López Mayase indica que en julio del 2014 el comité de adquisiciones acordó modificar la convocatoria de licitación pública a restringida para esta compra y el 12 de agosto se conoció la asignación a favor de Bloslom. La adquisición se efectuó con recursos federales provenientes del Fondo de Aportación de Seguridad Pública (FASP) 2014; la empresa documentó contar con registro en el Distrito Federal donde se constituyó en el 2011 y el contrato celebrado entre ésta y el gobierno estatal previó un posible incremento de hasta un 20% del monto para un sistema de rastreo de mayor capacidad en los 12 meses siguientes a la firma del mismo. En febrero del 2015, al final de la administración de Toranzo, el procurador Covarrubias solicitó a la Dirección de Adquisiciones la compra de un tercer equipo para el rastreo y localización de comunicaciones. La dependencia autorizó la compra que se efectuó por adjudicación directa a la empresa Rohde and Schwars de México SA de CV por un monto de 26 millones de pesos, dio a conocer Ciudadanos Observando. La organización civil publicó la liga para consultar el expediente de la compra, misma que ya no está vigente. En total, para estos equipos el gobierno de Fernando Toranzo destinó 74 millones de pesos.