De Rangel F. Rosado Ruiz Señor director: Por el presente le solicito la publicación de las siguientes precisiones a la nota titulada “Tortura, sello de la PGJE en casos de feminicidios en Q. Roo”, publicada el martes 1 de diciembre, en la sección de Estados de su página electrónica www.proceso.com.mx, firmada por su corresponsal Sergio Caballero. En primer término, el encabezado de la información es tendencioso, falso y discordante con lo que establece el artículo 89-BIS del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que detalla cuándo se configura ese delito. Lo hemos dicho antes y lo repetimos ahora: no todo homicidio de mujer es un feminicidio. El homicidio puede darse por diversas razones, incluso pasionales, sin que eso implique que se trata de un feminicidio. Negamos tajantemente que en la Procuraduría de Justicia del Estado de Quintana Roo se fabriquen culpables a partir de la tortura de los presuntos implicados, como afirma su corresponsal, Sergio Caballero. En el segundo párrafo de su nota señala que “frente a la presión social y política bastaron dos semanas para que la Procuraduría aparentemente resolviera seis de 11 feminicidios”. Es su corresponsal, una vez más, quien insiste en llamar feminicidios a homicidios de mujeres. Esa es una opinión personal que revela su ignorancia sobre asuntos jurídicos y sobre el esfuerzo para la detención e integración adecuada de los expedientes, que, además, son valorados por la autoridad correspondiente. En lo que sí tiene razón su corresponsal es en que “la principal prueba contra los cuatro presuntos homicidas localizados y arrestados es su propia confesión”. Así se explicó durante la presentación que hizo el propio gobernador Roberto Borge de algunos de los presuntos homicidas. Las “suspicacias” a las que alude su corresponsal son nuevamente especulaciones de ignorantes del desarrollo de los casos, ya que todas las detenciones han sido apegadas a Derecho y los procedimientos jurídicos se han manejado con la mayor impecabilidad. Los detalles están en los expedientes debidamente integrados. Refiere su corresponsal el caso de Carmen Ramos Pérez, “El Conejo”, presunto culpable de la muerte de la joven Karen Carrasco, en octubre pasado. El sujeto declaró en calidad de presentado el 11 de de noviembre, asistido por un Defensor de Oficio, con quien tuvo una entrevista en privado previo a su declaración; el Defensor de Oficio verificó que el sujeto no presentaba lesiones y escuchó de su propia voz que no había sido víctima de maltrato. En cuanto a Everardo Elías Escobar, taxista y ex funcionario del Instituto Municipal del Deporte, presunto responsable del homicidio de Elsy del Rosario Sánchez Pisté, instructora de zumba, también fue asistido en todo momento por un Defensor de Oficio, quien verificó que no presentaba lesiones y estuvo presente durante todas las diligencias. En la procuración de justicia no nos mueven los escándalos, “sospechosismos”, suspicacias, inventos o especulaciones de su corresponsal; nos mueven el derecho de hacer justicia a las víctimas y a las familias, el dolor de estos penosos homicidios y la exigencia ciudadana para resolverlos. El gobernador Roberto Borge ha sido tajante: no habrá impunidad en ninguno de los homicidios; por el contrario, a los autores se les perseguirá y aplicará todo el peso de la ley y la fuerza del Estado. Si dar resultados es interpretado, de acuerdo con el criterio abyecto de su corresponsal, nos sometemos al escrutinio de las autoridades judiciales y de derechos humanos para ampliar información sobre estos casos. Las opiniones que transmite su corresponsal son de opositores al gobierno y al partido en el gobierno, lo que es normal en estos tiempos electorales. Con esas declaraciones fuera de la realidad pretenden demeritar y, más aún, descalificar los logros y resultados que está dando la PGJE en estos casos de homicidio. A t e n t a m e n t e Rangel F. Rosado Ruiz Vocero Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo Respuesta del reportero Señor director: En el gobierno de Quintana Roo no se hizo una lectura cuidadosa del reportaje Tortura, sello de la PGJE en casos de feminicidios en Quintana Roo. Desde el inicio del texto aludido queda claro que “activistas y familiares de presuntos implicados en feminicidios” son los que advierten que la “aparente eficacia” de la PGJE para localizar y detener a supuestos responsables del asesinato de mujeres “se consumó a partir de la tortura y la fabricación de culpables”. Las mismas fuentes consultadas por Apro, y no este reportero, son las que aportan observaciones y pruebas de sus dichos. El que el gobierno de Roberto Borge Angulo sostenga que los crímenes contra mujeres en el estado no se pueden tipificar como feminicidios es un falso debate que utiliza para intentar minimizar la ola de muertes violentas ocurridas entre octubre y noviembre. Los hechos son irrebatibles: hay 11 mujeres asesinadas en los dos meses pasados y hay denuncias de que la Procuraduría de Justicia incurrió en tortura contra quienes fueron presentados como los presuntos responsables de dichos homicidios. En cuanto al trabajo desarrollado por la Procuraduría de Justicia a lo largo del gobierno de Borge Angulo, no está por demás recordar que existen recomendaciones e informes completos sobre el uso de la tortura en los cuerpos policiacos estatales, tanto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo. Por cierto, existen recomendaciones de la CNDH sobre abuso de autoridad que siguen sin cumplirse. En cuanto al uso de defensores de oficio y la confiabilidad que se puede tener sobre su desempeño en los casos que nos ocupan, sólo remito a la cuenta de Twitter del titular del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial, Lino Magos. https://twitter.com/linomagos Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Por lo demás, en la carta firmada por la vocería del gobierno de Quintana Roo se reconoce que la principal prueba en las investigaciones de los asesinatos de mujeres es la confesión de los presuntos homicidas pero no se establecen otro de tipo de evidencias periciales. Finalmente, dejo constancia del recurrente uso de réplicas de la Unidad de Vocero, que además de carecer de sustento, ha convertido en una práctica poco ingeniosa, que junto con la infamia y la persecución judicial, ordenadas desde la más alta esfera del gobierno estatal, buscan inhibir el libre ejercicio de la libertad de expresión. Atentamente Sergio Caballero Corresponsal en Quintana Roo