México, DF (apro).- La Cámara de Diputados aprobó con 325 votos, uno en contra y 34 abstenciones, nuevas reglas para que municipios y gobiernos estatales ajusten su deuda a sus ingresos, sin embargo, el gobierno federal quedó fuera de esas obligaciones, aspecto que fue reclamado por Morena. Con los nuevos lineamientos se pretende que las participaciones federales no queden comprometidas para las subsiguientes administraciones, como sucedió con el gobierno de Humberto Moreira en Coahuila. Los cambios quedaron plasmados en la Ley de Disciplina Financiera a las Entidades Federativas y Municipios y reforma las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental. El objetivo de la nueva norma es establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y los municipios, así como a sus respectivos entes públicos para un manejo sostenible de sus finanzas públicas. Es por ello que ahora estados y municipios deberán sujetarse a las siguientes reglas: Que los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior podrán ser hasta por 2% de los ingresos totales de la entidad y de 2.5% del municipio que corresponda; una Legislatura local autorizará los montos máximos para la contratación de financiamientos y obligaciones por medio del voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes; Además, el Ejecutivo federal por conducto de la SHCP podrá otorgar la garantía del gobierno federal a las obligaciones constitutivas de deuda pública de los estados y los municipios. También se implementará un sistema de alertas respecto de los niveles de endeudamiento de un ente público y se creará el Registro Público Único, en el cual se inscribirá y transparentará la totalidad de la deuda de dichos entes; Igualmente se prevén sanciones e indemnizaciones aplicables por incumplimiento a lo estipulado. Y una fundamental, se deroga la disposición que establece que la SHCP no podrá inscribir en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios las obligaciones de aquellas que no se encuentren al corriente con las obligaciones contenidas en materia de contabilidad gubernamental. Al posicionar el dictamen, por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el panista Herminio Corral Estrada apuntó que se establecen reglas para el correcto uso de los recursos públicos en el ámbito local, al igual que lo mandatado para el gobierno federal a través de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. También se prevé que los estados incluyan en sus Presupuestos de Egresos reservas por un monto de, al menos, 10% de la aportación realizada por el estado a la reconstrucción de su infraestructura dañada durante los últimos cinco años, para atender contingencias por desastres naturales o causas fortuitas, así como para llevar acciones para prevenir y mitigar su impacto en las finanzas públicas. Los entes públicos no podrán contraer, directa o indirectamente, financiamientos u obligaciones con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, ni cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional, se añade en el documento enviado al Senado para sus efectos constitucionales. Así, únicamente podrán contraer obligaciones o financiamiento cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a refinanciamiento o reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de dichas obligaciones y financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en relación con las mismas. Además, se incluye un registro público único de deuda, que deberá contener todos los empréstitos u obligaciones de los entes públicos, detallando como mínimo la información relativa al deudor, al acreedor, el monto, tasa de interés, plazo, tipo de garantía o fuente de pago, así como los que se determinen necesarios para fortalecer la transparencia. Corral Estrada precisó que el gobierno federal podrá otorgar su garantía a los estados y municipios que deseen celebrar un convenio, en el cual se establecerán las estrategias de ajuste para fortalecer sus finanzas públicas. El aval federal reducirá el costo de financiamiento para las entidades y los ayuntamientos. Incluso, prevé una comisión bicameral para dar seguimiento puntual al endeudamiento de los estados y municipios que cuente con la garantía federal. Dicho órgano analizará y revisará los convenios, teniendo la facultad de emitir las observaciones pertinentes. Además, se establece un sistema de alertas para medir el endeudamiento, que constituirá un instrumento clave para dar seguimiento al uso de los recursos provenientes de financiamiento e instaurará un techo de financiamiento autorizado a todo ente público.