Prende el tema de desapariciones el final de las actividades en la FIL

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Familiares de personas desaparecidas en Jalisco reclamaron al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, que las autoridades locales, encabezadas por el gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz,  les están entregando las cenizas de cuerpos que no corresponden con la genética de sus familias.

Durante el panel “Las desapariciones en México, la perspectiva de los derechos humanos”, con el cual finalizaron las actividades de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Campa Cifrián respondió que, desafortunadamente, no todos los estados de la República han atendido su responsabilidad con los desaparecidos, por ello es que en la reglamentación de la Ley General sobre Desapariciones  Forzadas y Desapariciones viene un capítulo en donde quedarán sentadas las sanciones para impedir que eso suceda.

“La ley habrá de prohibir tajantemente en el caso de que personas que no estén identificadas se pueda proceder de esa manera con los cadáveres y prevé identificar cuáles asuntos son de responsabilidad federal y cuáles son asuntos de responsabilidad local”, explicó.

Además de Campa Cifrián, en la mesa estuvieron presentes la periodista Anabel Hernández; el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Ernesto Patrón; Alejandro Valencia Villa, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI; quienes estuvieron moderados por el exdiputado del PRD, Salvador Martínez della Roca.

Durante su participación, la periodista Anabel Hernández presentó una serie de cuatro videos que los propios normalistas de Ayotzinapa grabaron con sus celulares el día en que desaparecieron sus compañeros. Hernández resaltó que esos clips en donde se escuchan balazos, y se observa la presencia de patrullas municipales, no fueron tomados en cuenta por la PGR para realizar sus investigaciones.

Resaltó que durante el sexenio de Calderón, dentro del marco de su guerra contra el narcotráfico, desaparecieron 25 mil 276 personas, una cifra de la cual pudo enterarse por una fuente de la PGR, y que presuntamente el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendía desaparecer porque la ocultó a lo largo de su primer año de administración.

Lo que inquieta de esos datos, dijo Hernández, es  que el número de esa lista de desaparecidos permanece inamovible y si le suman los estudiantes de Ayotzinapa, la cifra es mayor.

La periodista, quien radica en Estados Unidos desde agosto del 2014 debido a agresiones en su contra, subrayó que después de todas las supuestas investigaciones que ha hecho la PGR para encontrar a los autores materiales de la desaparición de los normalistas, no existe ningún responsable en prisión, y todos los testimonios que obtuvo la dependencia fueron arrebatados mediante tortura, por lo que no tienen validez jurídica.

Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez recalcó que la cifra oficial de desaparecidos corresponde a 26 mil 580, pero se trata de un subregistro porque no todas las personas denuncian la desaparición de sus familiares.

Patrón citó un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, el cual indica que México tiene una  tasa del 98% de impunidad en desapariciones forzadas. Subrayó que es tal la obsolescencia de las instituciones responsables de impartir justicia,  que aunque tuvieran la voluntad de localizar a las personas, no podrían porque no tienen capacidad logística, ni de personal.

“Preguntas tan sencillas como es ¿cuántas fosas comunes tenemos en México?, no tenemos respuesta, preguntas todavía más sencillas como es, ¿tenemos un padrón de panteones para advertir las fosas comunes? Tampoco tenemos respuesta”.

Tras escuchar las participaciones de Hernández y Patrón, Campa Cifrián trató de equilibrar la balanza. Según el funcionario, es falso que el gobierno federal no tenga avances para encontrar a los normalistas y detener a sus captores.

Mencionó que han realizado 669 distintas acciones de búsqueda en un radio de aproximadamente 100 kilómetros a la desaparición de los estudiantes, algunas en estados vecinos como  Morelos, Puebla, y Estado de México.

Agregó que además se encuentran 115 personas en estado procesal, sin embargo nada de eso convenció a los familiares de los desaparecidos y el público asistente, por lo que al final recibió una  rechifla.

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