MÉXICO, DF (apro).- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) afirmó que la negativa de una juez de librar orden de aprehensión contra Arturo Escobar confirma la mala intención del fiscal Santiago Nieto Castillo, mientras que organizaciones civiles afirmaron que la decisión “pone en duda que gobierne el imperio de la ley y, por el contrario, se perciba continúe la corrupción e impunidad”. En pronunciamientos por separado en el Senado, luego de que por la mañana trascendió que la juez Rosa María Cervantes Mejía negó la orden de aprehensión solicitada por Nieto Castillo, el senador del PVEM Pablo Escudero ratificó la exigencia de su partido para que renuncie este funcionario porque actuó con “mala intención” contra Escobar, acusado de delitos electorales. Escudero, yerno del presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, informó también que ratificará la denuncia que presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el fiscal electoral para que sea removido del cargo y procesado. Por su parte, en un pronunciamiento conjunto, decenas de organizaciones de la sociedad civil condenaron la “campaña de desprestigio” del PVEM, “con apoyo de algunos actores políticos de alto nivel y medios de comunicación masiva”, contra el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por supuesto conflicto de interés, omisiones curriculares y violaciones al debido proceso. “Ha buscado desviar la atención de la ciudadanía e influir en el curso del proceso penal que se le sigue al PVEM y, en particular, a Arturo Escobar, exsubsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, por su probable responsabilidad en la comisión de varios delitos electorales, entre los que destaca la compra y distribución de 10 mil tarjetas Premia Platino utilizadas como medio de coacción del voto en las pasadas elecciones”. El pronunciamiento, firmado por la Coalición Ciudadana por la Prevención Social de las Violencias, establece que esta campaña de descalificación contra el fiscal electoral es una práctica recurrente de un sector de la clase política que se beneficia de las violaciones a las leyes, así como de controlar y manipular a las instituciones encargadas de velar por la aplicación de las mismas. Sigue: “Como Coalición rechazamos la práctica de denostar a quienes desde algún cargo público realizan su función y hacen un ejercicio cabal de sus atribuciones, interponiendo la máxima constitucional de igualdad ante la ley. El trabajo que la Fepade ha venido haciendo en relación con el reciente proceso electoral es un logro histórico para quienes confiamos en la importancia que tienen los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder”. Las organizaciones de la sociedad civil, añade el pronunciamiento, subrayaron que la campaña de desprestigio contra el fiscal electoral busca influir en el proceso penal que se sigue al PVEM que más ha violado la ley en la historia de México y que suma sanciones administrativas por casi 600 millones de pesos. Sobre la negativa de la juez de distrito de negar la orden de aprensión contra Escobar, afirma la coalición, “pone en duda que gobierne el imperio de la ley y, por el contrario, se perciba continúe la corrupción e impunidad. Vaya paradoja: El día de hoy que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción”. Las organizaciones de la sociedad civil afirmaron que no se permitirá la reinstalación de Escobar en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana ni en cualquier otro cargo público que se pague con los impuestos de los mexicanos. “¡Basta ya de violar las leyes y de utilizar a las instituciones públicas como herramientas político-electorales!”.