COLIMA, Col. (apro).- El Congreso local exhortó al gobernador interino Ramón Pérez Díaz a que presente una denuncia penal en contra de su antecesor Mario Anguiano Moreno por el manejo indebido de recursos públicos durante su administración. Actualmente el exmandatario enfrenta un juicio político en el órgano legislativo por el presunto desvío de alrededor de 600 millones de pesos, entre otras cosas, pero desde hace varias semanas no ha sido localizado por la Comisión de Responsabilidades para notificarle el proceso en su contra. La propuesta de exhorto aprobada en la sesión de este día fue presentada por la diputada panista Julia Jiménez Angulo, presidenta de la comisión encargada de la investigación a Anguiano Moreno. La legisladora planteó en la tribuna que si bien Pérez Díaz ha reconocido públicamente el mal desempeño del exgobernador, no ha ido más allá, pese a lo “reprochable” del desvío de una gran cantidad de recursos públicos de unos programas a otros. Indicó que no se puede tolerar que la impunidad siga imponiéndose en casos como éste, donde lo menos a lo que están obligados todos los funcionarios es a denunciar y exigir la investigación de los hechos presuntamente irregulares, hasta su total esclarecimiento. Según Jiménez Angulo, es importante que el gobernador interino presente la denuncia penal en contra del exmandatario, porque se estaría mandando un mensaje  a la sociedad colimense en el sentido de que en el estado ninguna autoridad es cómplice o comparsa de las presuntas irregularidades cometidas por Anguiano Moreno. Abundó que con la demanda no se estaría prejuzgando sobre la responsabilidad o no del exgobernador, pero “estamos conscientes de la necesidad y exigencia ciudadana de que se interponga la querella y se investigue a fondo, y qué mejor que sea el propio gobernador interino quien lo haga”. La diputada del blanquiazul destacó la trascendencia de los hechos señalados, y precisó que debe prevalecer el interés público ante una ciudadanía cada vez más informada como la de Colima, que demanda y exige, más allá de cualquier interés de grupo o partido, privilegiar la investigación a fondo ante las instancias legales correspondientes, para llegar al conocimiento de la verdad.