VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- La extitular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Clisceria Rodríguez Alvarado, salió esta tarde del Centro de Reinserción Social del Estado (Creset), luego de ganar amparos contra el delito de ejercicio indebido del servicio público en modalidad de pandilla que le imputó la Fiscalía General del Estado (FGE) Con ella son tres ya las exfuncionarias granieristas que son dejadas en libertad por el "megasaqueo" a Tabasco. Rodríguez Alvarado fue detenida tras girar, en diciembre de 2012, último año del sexenio del priista Andrés Granier Melo, un cheque sin fondo de 25 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que le originó multa y daño al erario por 5 millones de pesos. Además, el contratista Óscar Montero la acusó de exigirle 10 por ciento de “moche” para otorgarle obras de la CEAS, y presuntamente también asignaba obras millonarias a su esposo, dejando la exfuncionaria como garantía propiedades suyas. Sin embargo, ganó amparos en juzgados que fueron confirmados por tribunales federales, hasta que hoy salió libre. El pasado mes de noviembre, la vicefiscal de la FGE Aureola Rodríguez Cupil anticipó que Clisceria Rodríguez podría quedar en libertad pero, dijo, eso no significaba su exoneración, pues saldría bajo fianza para enfrentar el proceso que se le sigue. En mayo de 2014, también salió libre la exjefa de caja de la Secretaría de Administración y Finanzas, Esperanza Mayo Martínez y, dos meses después, la exdirectora de Servicios al Público de la Policía Estatal de Caminos (PEC), Rosa Mélida López Villanueva. En prisión sólo quedan el exgobernador Andrés Granier Melo; su extesorero, José Manuel Saiz Pineda; y el exdirector de Contabilidad Gubernamental, Leonel Lorenzo Gómez. Además, el exdirector de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Mario Alberto Eslava Gómez, quien fue arrestado el pasado mes de octubre por los presuntos delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público por 84 millones de pesos de recursos federales en 2012. La semana pasada, al comparecer ante los diputados por la glosa del tercer informe de gobierno, la contralora estatal Lucina Tamayo informó que la FGE investiga 20 denuncias penales en contra de exfuncionarios granieristas y que, además, se colabora con la Procuraduría General de la República (PGR) en delitos federales. También destacó que se tiene avance de 60 por ciento en la integración de los expedientes sobre el desfalco al estado y que, en algunos casos, se ha notificado a los exservidores públicos y en otros que se encuentran “ausentes”, se ha actuado por edictos, “por lo que todavía hace falta dictar resoluciones”.