Piden a CIDH iniciar proceso contra Estado mexicano por la represión a normalistas en 2011

MÉXICO, DF (apro).- Familiares de las víctimas del operativo policiaco realizado contra normalistas en la Autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011, solicitaron este martes la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para iniciar un proceso contra el Estado mexicano por los agravios cometidos y la impunidad que persiste hasta ahora.

A cuatro años de los hechos, que derivaron en la muerte de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, la detención arbitraria de 24 estudiantes, y actos de tortura y malos tratos contra varios más, entre ellos Gerardo Torres Pérez, sus familiares exigieron sanciones para los responsables de las agresiones y garantías de no repetición.

En conferencia de prensa, Jorge Herrera, Elizabeth Pino, Gabriel Echeverría, María de Jesús y Martha Echeverría, padres, madres y hermana de Jorge Alexis y Gabriel, además de Gerardo Torres, coincidieron en su frustración porque ni siquiera la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso ha sido acatada, ya que ningún funcionario ha sido procesado por el caso.

Los familiares de las víctimas consideraron que de haberse cumplido la recomendación 1VG72012 –que concluyó que en los actos de represión de ese día contra estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, se registraron “graves violaciones a los derechos humanos”– no habrían ocurrido tragedias mayores como la desaparición de los 43 normalistas de esa misma normal en septiembre de 2014.

Acompañados por sus representantes Abel Barrera Hernández y Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Manuel Olivares, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos, y Luis Carlos Buob, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), los familiares de las víctimas fatales y Gerardo Torres reprocharon que se utilizara la violencia extrema para desalojar a los estudiantes que exigían “una cita con el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero”, y que por deficiencias de la investigación, los policías que fueron procesados ganaron un amparo contra el auto de formal prisión.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan, explicó que por el caso de las agresiones a los normalistas se abrieron cuatro expedientes judiciales, uno por homicidio en el caso de Alexis y Gabriel, uno por tortura en agravio de Gerardo Torres, y dos por tortura en el fuero común y el federal contra seis estudiantes.

Entre las inconsistencias jurídicas que presenta el expediente abierto por homicidio (que por cierto se encuentra archivado) destaca que sólo dos policías ministeriales de Guerrero fueron sometidos a proceso, pero fueron liberados ante la falta de pruebas por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado, además de que no se resguardó la escena del crimen, ni se hicieron los exámenes de balística necesarios para determinar el origen y trayectoria de las balas.

En cuanto a las deficiencias en la averiguación por la tortura en agravio de Torres, el abogado agregó que aunque se han tomado declaraciones de policías, comandantes y agentes del Ministerio Público que habrían participado en los hechos, hasta ahora “no se ha recabado la prueba técnica para comprobar la tortura, que es el dictamen médico y psicológico basado en el Protocolo de Estambul, a pesar de que Gerardo lo solicitó en su denuncia”, y hasta marzo de 2013 la CNDH envió el estudio que le practicó al normalista y que demuestra su calidad de víctima de ese delito.

Apuntó que los únicos funcionarios que fueron sancionados, entre ellos el entonces procurador Alberto López Rosas y el exsubprocurador de procedimientos penales Alejandro Paz, “no fueron procesados por las agresiones a los normalistas, sino por el delito de evasión de presos, porque pusieron en libertad a los estudiantes que fueron detenidos sin enviar un desglose a la Procuraduría General de la República (PGR) para que determinara si se cometieron otros delitos, como ataques a las vías de comunicación”.

Vidulfo Rosales resaltó que entre los objetivos de presentar el caso ante la CIDH sobresale el de “generar un análisis” sobre el trato que el Estado mexicano da a los estudiantes de las escuelas rurales y que tiene su máxima expresión en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.

También representante legal de los familiares de los desaparecidos, Rosales aclaró que en ese caso la “expectativa fuerte” es que el asunto se esclarezca en el plano interno, con el apoyo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyo objetivo sería precisamente “agilizar las investigaciones para no llevar el caso a la CIDH”.

Luis Carlos Buob expresó que si bien la represión policiaca del 12 de diciembre de 2011 y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, “son casos distintos, forman parte de un mismo contexto y de agresiones contra un mismo grupo de estudiantes de la rural de Ayotzinapa”.

Buob enfatizó que lo que los motivó a enviar el caso a la CIDH fue “la falta de diligencias y de un retardo injustificado del Estado para dar respuesta, con las debidas garantías del debido proceso, a los familiares de Jorge, Gabriel y Gerardo, una respuesta efectiva de lo que pasó, determinar lo que llamamos una verdad histórica y eventualmente una sanción de los responsables de las violaciones a derechos humanos”.

El abogado de Cejil explicó que los familiares de las víctimas mortales y Gerardo, como agraviado, además de sus representantes, están solicitando que la CIDH “declare la admisibilidad de esta petición y responsabilice al Estado mexicano por la violación del derecho a la vida, a la integridad y libertad personal, al derecho a no ser sometido a torturas ni a malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes, y al derecho a las garantías y protección judiciales”.

Asimismo, los solicitantes pretenden que se tomen medidas sobre el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos y el control de manifestaciones, así como reformas legislativas en materia de tortura.

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