Uno de los equipos de mayor tradición en el futbol mexicano –los Tiburones Rojos de Veracruz– se convirtió en un regalo político que pasa de mano en mano con opacidad y fuera de la ley. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, lo dio en “promesa de comodato” al influyente diputado Fidel Kuri Grajales. El convenio nunca fue ratificado por el Congreso estatal y, de hecho, ya venció, pero el legislador sigue lucrando con él, pese a que el club es de propiedad pública. MÉXICO, DF (Proceso).- El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, firmó un contrato de promesa de comodato y usufructo con la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, A. C., administradora del equipo de futbol Tiburones Rojos de Veracruz para favorecer a su propietario, el diputado federal Fidel Kuri Grajales. Por medio de este convenio, el mandatario veracruzano otorga al legislador priista –de manera gratuita– el usufructo de todos los bienes del club: nombre del equipo, marca comercial, logotipo y el estadio Luis Pirata Fuente (ubicado en Boca del Río). Para completar el favor también le cede las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, que se localiza en el kilómetro 6.5 de la carretera Paso de Ovejas-Veracruz. El contrato nunca fue autorizado por el Congreso del estado. Según la Comisión de Juventud y Deporte de dicha cámara, el convenio carece de un periodo específico de duración. Dicho de otra forma, Duarte pretende entregar a un particular –a perpetuidad– todos los bienes del equipo, patrimonio de los veracruzanos. El documento en cuestión fue firmado el 13 de noviembre de 2013 por el mandatario veracruzano y el representante legal de la promotora, Fidel Kuri Mustieles –hijo del legislador, quien también lo signó en calidad de testigo. Ahí se ve que la administración pública se pone al servicio de un particular: La tercera cláusula establece que el gobierno del estado destinará ocho meses, del 6 de junio de 2013 al 6 de enero de 2014, a realizar las gestiones administrativas y legales correspondientes a la solicitud y obtención de autorización de firma del convenio ante el Congreso local. La cuarta cláusula del contrato indica que “el gobierno autoriza temporalmente el uso de las instalaciones referidas, así como el uso y disfrute de la marca comercial a la ‘promotora’ hasta en tanto se formalice el contrato de comodato y usufructo”. El periodo concedido por Duarte concluyó formalmente en enero de 2014, pero hasta la fecha Kuri Grajales opera, administra y lucra con los bienes del estado, aunque el Congreso local no haya aprobado la solicitud. Ninguna autoridad ha evitado esta irregularidad. Proceso confirmó con legisladores estatales que el gobierno duartista envió para su aprobación el documento al Congreso local, que lo turnó a la Comisión de Juventud y Deporte. Esta instancia lo analizó y determinó que el convenio era totalmente desventajoso para la entidad. Por consiguiente, la comisión regresó el convenio –con observaciones– al gobierno estatal, que nunca lo devolvió actualizado. A un año de que concluya el mandato de Duarte, los legisladores veracruzanos consultados refieren que el convenio significaría un problema para las administraciones que vinieran. Al tratarse de un estadio propiedad del gobierno estatal, los diputados se cuestionaron lo que sucedería si Fidel Kuri no tiene una buena relación con el próximo mandatario, sea cual sea su partido político. Así, se correría el riesgo de que el gobernador entrante terminara por cerrarle las puertas del inmueble al empresario-político, se afectara al equipo y se abriera un periodo de incertidumbre legal. La herencia de los “Juegos del hambre” Los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014, los llamados Juegos del hambre, siguen generando problemas al gobierno estatal, ya que además del millonario derroche, los atrasos en la entrega y la repentina cancelación de las villas centroamericanas, la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe), exigió al gobierno veracruzano un comodato temporal de las instalaciones sedes de la justa regional. La Odecabe obtuvo la garantía temporal de las instalaciones, entre ellos el estadio de futbol. Así, la firma del convenio con la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, A. C., quedó repentinamente en el olvido para las autoridades locales, pero no para Fidel Kuri, quien ejerció una fuerte presión a los legisladores locales. De hecho, el empresario y los diputados de la Comisión de Juventud y Deporte sostuvieron una reunión en el estadio Luis Pirata Fuente. Éstos le dijeron que no rechazaban el comodato, pero que debían fijarse los derechos y obligaciones de ambas partes, así como su periodo de validez. Un legislador entrevistado explica que autorizar un contrato con tiempo indefinido “era como otorgarle al empresario un permiso de por vida. Prácticamente le estábamos regalando el usufructo de la marca, el logotipo, el estadio y las instalaciones en general. “Muchas veces se nos critica que en el Congreso estatal aprobamos todo lo que venga del gobernador, pero esta vez hicimos las observaciones correspondientes y la solicitud de Duarte no pasó. Sigue en la congeladora.” Kuri planteó al gobernador veracruzano un ambicioso proyecto en torno al equipo de futbol y al estadio Luis Pirata Fuente, que contempla centros comerciales, áreas de esparcimiento e incluso un casino. El diputado federal prometió dar los recursos para remodelar el inmueble, pero apuntó que necesitaba el comodato para tener la certeza jurídica de recuperar el dinero que invertiría. En entrevista, el presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso de Veracruz, el priista Octavio Pérez Garay, reconoce: “Recibimos la solicitud del gobierno en relación con el comodato, hicimos las observaciones al solicitante, regresamos el documento y no tuvimos una segunda solicitud”. El origen El convenio de promesa de comodato salió a la luz pública a raíz de un litigio laboral que en 2011 promovieron 12 extrabajadores, encabezados por Julio César Arroyo Martínez, contra el Patronato del Sistema de Futbol para Veracruz, o quien en el futuro lo sustituya: Club Tiburones Rojos de Veracruz, a través de la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, A. C. Los exempleados del club, quienes en conjunto exigen el pago de 15 millones de pesos correspondientes a salarios caídos, vacaciones, aguinaldo y otras prestaciones, obtuvieron un laudo a su favor en el expediente laboral número III/IX/2011. Al respecto, el artículo 26, inciso 26.3, del reglamento de afiliación, nombre y sede de la Federación Mexicana de Futbol, establece que cuando un equipo de reciente creación desea usar la denominación de otra franquicia que haya desaparecido podrá hacerlo siempre y cuando se haga responsable de los adeudos. El 28 de mayo de 2013 el Comité de Desarrollo Deportivo de la Liga Mx autorizó al club Reboceros de La Piedad, recién ascendido a la máxima categoría, el cambio de sede a Veracruz, para jugar sus partidos de local en el estadio Luis Pirata Fuente a partir del torneo Apertura 2013, bajo el nombre de “Tiburones Rojos de Veracruz”. De esa manera se formalizó el retorno del conjunto veracruzano al máximo circuito, tras su descenso en el torneo Clausura 2008. Y con ello se reactivaron los añejos conflictos en torno al club, cuya franquicia perteneció al gobierno de Veracruz en los últimos años. En ese contexto se dio la resolución favorable para los demandantes. Sin embargo, los extrabajadores continúan sin cobrar lo que por ley les corresponde. “Empezamos a entablar pláticas con Fidel Kuri haciéndole saber que existen unos laudos laborales y que por lo tanto tenía que hacerse responsable de la situación. Sin embargo, nos respondió: ‘Háganle como quieran. A mí me vale, y no pienso pagarles’”, refiere uno de los principales quejosos, Julio César Arroyo Martínez. El pasado 12 de noviembre, este demandante notificó al Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Séptimo Circuito sobre el juicio de amparo número 690/2015 del Juzgado Quinto de Distrito con sede en Boca del Río. El afectado detalló que la promotora sólo exhibió cuatro pruebas documentales, ninguna de las cuales es suficiente para desvirtuar la sustitución patronal aludida. La Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, A. C., aportó como pruebas el acta constitutiva, la designación de nuevo consejero, la afiliación a la Federación Mexicana de Futbol y el contrato de promesa de comodato y usufructo. “Nos llevamos la sorpresa de que el gobernador Javier Duarte firmó ese contrato de promesa de comodato de manera particular con Fidel Kuri Grajales con la finalidad de que el empresario ocupara gratuitamente las instalaciones (estadio y Centro de Alto Rendimiento), así como la marca, logotipo del club y todo el mobiliario que implica”, relata el entrevistado. Después de indagar en el Congreso veracruzano, Arroyo Martínez detectó que dicho comodato nunca fue autorizado. “Descubrimos que Kuri Grajales está lucrando de manera ilegal, ya que nunca se llevó al cabo el contrato definitivo. El temporal venció en enero de 2014”. El quejoso laboró en Tiburones Rojos durante ocho años. Ingresó en 2004, cuando el equipo lo administraba Guillermo Cantú, actual secretario de la Federación Mexicana de Futbol. El agraviado fue secretario técnico del equipo. Durante ese periodo, conoció todos los movimientos, regulares e irregulares, del equipo propiedad del estado, la forma en que cambió de administración y los saqueos de los que ha sido objeto. Cuando Fidel Herrera Beltrán era gobernador, Julio César acudía cada quincena al Palacio de Gobierno, en Xalapa, para recibir de manos del tesorero –Javier Duarte de Ochoa– millones de pesos en efectivo en bolsas negras para el pago de la nómina, incluido el del cuerpo técnico. “Duarte nos entregaba los recursos en varias exhibiciones. Por ejemplo, nos daba 3 o 5 millones. La máxima cantidad que llegamos a trasladar al puerto en bolsas negras fueron 20 millones de pesos. Nos hacían caravana cuatro elementos del Ipax (Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para Veracruz).” El extrabajador cuenta que “la consigna era deslindarnos de la persona que nos entregó los recursos. El propósito era argumentar que ‘ese dinero se utilizaba para el pago a los proveedores, pero nada tiene que ver con nosotros’, nos ordenaban”. –¿Quién se los ordenaba? –se le pregunta. –Javier Duarte. Entonces, rememora, indagó hasta el valor de la franquicia del club de futbol: “28 millones de dólares”. El antecedente La única evidencia de un comodato que el gobierno de Veracruz haya dado a un particular para usufructuar la franquicia de los Tiburones Rojos se remonta a 2008. El beneficiado, Patronato del Sistema de Futbol para Veracruz, A. C., estaba representada por Gabriel Romano Ramos, quien fungía de enlace con el gobierno estatal para la entrega de recursos al club. Sin embargo, la persona detrás del poder tiene nombre y apellido: Fidel (Fidelito) Herrera Borunda, hijo del entonces gobernador. En dicho acuerdo, publicado en la Gaceta Oficial del estado el 21 de enero de 2008, se autoriza al titular del Poder Ejecutivo de Veracruz otorgar apoyos a los equipos profesionales por 52 millones 750 mil pesos, de los cuales 31 millones pasaban íntegros al club Tiburones Rojos. Fidel Herrera Beltrán cedió la franquicia del club al empresario poblano Mohamed Morales en 2010, el último año de su mandato, con el acuerdo de que a través de sus compañías constructoras financiara al equipo. A cambio de ello, el mandatario le ofreció contratos millonarios para obras públicas. Al final, “Mohamed sólo fue el vínculo para que, por la vía de obras públicas, el gobierno estatal bajara los recursos al equipo”, acusa Arroyo Martínez, quien asegura que mensualmente el empresario recibía 32 millones de pesos del gobierno. Y niega que Mohamed Samir Morales haya adquirido la franquicia al gobierno veracruzano. “Realmente el equipo nunca fue vendido”. El jueves 10, el empresario Mohamed Samir Morales Álvarez fue arrestado en la Ciudad de México por la Policía Ministerial de Veracruz y trasladado al penal de Misantla, también en Veracruz, por el delito de fraude. La causa: el propietario de la Constructora Corporativo Galis S. A. de C. V., fue denunciado en 2013 ante la Procuraduría General de la República (PGR) por cobrar millones de pesos por obras que nunca realizó, como una carretera por la que recibió 11 millones de pesos y que no pasó de obra negra.