MÉXICO, D.F., (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 44/2015 al gobernador de Tabasco Arturo Núñez Jiménez por dos casos de violencia obstétrica contra dos mujeres que fueron atendidas en los hospitales Comunitario de Nacajuca y General de Macuspana, donde perdieron a sus bebés. El organismo acreditó violaciones al derecho a la protección de la salud materna de las dos mujeres de 40 y 16 años. La mujer de 40 años tenía 35 semanas de gestación cuando acudió el 29 de abril de 2014 al Hospital Comunitario de Nacajuca porque presentaba malestar y no percibía movimientos de su bebé. A pesar de que tenía cita abierta para urgencias debió esperar porque los médicos de turno estaban ocupados. Finalmente el médico familiar que la atendió le practicó una valoración rutinaria y le dio que los signos vitales de ambos estaban en un rango “normal” y le indicó reposo, ultrasonido obstétrico y cita abierta a urgencias. Por la tarde volvió a urgencias y los médicos detectaron anomalías en el latido del feto por lo que se le indicó un ultrasonido obstétrico que la mujer se practicó con un médico particular. De éste se desprendió que el producto presentaba sufrimiento fetal agudo y frecuencia cardiaca de 127 latidos por minuto. Para no retardar su atención en el Hospital Comunitario acudió al Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”, donde fue valorada y no se percibió frecuencia cardiaca del bebé. El 30 de abril se indujo el parto para extraer el óbito fetal. En el caso de la menor de 16 años, el 6 de mayo de 2014 acudió al Hospital General de Macuspana con un embarazo de 13 semanas de gestación. La joven tuvo sangrado vaginal y dolor abdominal. Previa revisión, el personal médico le prescribió medicamentos y un ultrasonido no se pudo realizar porque el personal se había retirado del hospital. Le dijeron que regresara a su casa pero continuó sangrando y el dolor fue más intenso, por lo que a las 18:00 horas del día siguiente regresó al hospital. Pese a que se trataba de una urgencia, el personal médico le dijo que debía esperar su turno. Le practicaron el ultrasonido varias horas después y se percataron que había perdido al bebé pero le dijeron que “no podían hacer nada, ya que no estaba el ginecólogo y que regresara hasta el otro día, a las 13:00 horas”. Debido a que su vida estaba en riesgo sus familiares insistieron en trasladarla al Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”, donde se le practicó un legrado. En este caso la CNDH consideró que además del trato que recibió la víctima no se atendió su condición de menor de edad conforme a los principios rectores de salvaguardar “el interés superior del menor, la inclusión, la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el acceso a una vida libre de violencia y a servicios de salud de calidad”. Por ambos casos el organismo recomendó al gobernador de Tabasco reparar el daño a las víctimas, consistente en una indemnización o compensación, rehabilitación, y atención médica y psicológica de seguimiento. Le pidió también diseñar e impartir cursos y/o talleres de capacitación y formación en materia de derechos humanos, con perspectiva de género, dirigidos al personal de clínicas, hospitales y centros de salud de las jurisdicciones sanitarias de Nacajuca y Macuspana tendientes a evitar y prevenir la violencia obstétrica. También cursos sobre conocimiento, manejo y observancia de las Normas Oficiales Mexicanas. Además solicitar al personal médico de los hospitales involucrados copia de la certificación y recertificación que hayan tramitado ante los Consejos de Especialidades Médicas “para acreditar la actualización, experiencia y conocimientos para brindar un servicio médico adecuado y profesional”. Impulsar entre el personal médico medidas efectivas de prevención que garanticen que los expedientes clínicos que generen se encuentren “debidamente integrados y protegidos”. Dotar a los hospitales de personal “capacitado y suficiente” para atender de manera eficaz, con calidad y oportunidad, los requerimientos de atención y servicios médicos en las diversas áreas. Así como presentar ante el Congreso del estado la iniciativa de ley para la atención a víctimas, a efecto de contar con un Registro Estatal y un Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas.