Investigadores del INAH denuncian ante la ONU ilegalidad en Secretaría de Cultura

MÉXICO, DF (apro).- Cerca de 800 profesores de investigación científica y docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) denunciaron premura en la aprobación de la iniciativa para crear la Secretaría de Cultura impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.

El grupo de inconformes denunció ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos diversas violaciones de los artículos 3 y 4 de la Constitución, por lo cual solicitan su intervención.

Los investigadores manifestaron en cinco puntos las incongruencias legislativas y el objetivo oculto de la iniciativa de la Secretaría de Cultura federal que comprenden la tentativa de explotación intensiva y de usufructo privado de los monumentos y zonas arqueológicas, artísticos, históricos y paleontológicos de la nación, aun a costa de su permanencia física y simbólica y en menoscabo de su función educativa, identitaria y de cohesión social.

Argumentan que la creación por decreto de la Secretaría de Cultura es violatoria debido a un vacío legislativo por la ausencia de una ley reglamentaria que regule y delimite las acciones de dicha secretaría y su titular, dándole libertad absoluta sobre la disposición del patrimonio cultural del país.

“La aprobación de la creación de Secretaría de Cultura inició con la elaboración del dictamen de la iniciativa por parte del presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, diputado plurinominal Santiago Taboada Cortina, para después aprobarla en reunión plenaria; su paso y anuencia en la Cámara de Senadores, primero por la Comisión de Cultura y Cinematografía correspondiente y después en reunión plenaria; para finalmente concluir con el decreto firmado por el C. Presidente Enrique Peña Nieto el día 16 de diciembre de 2015 y su publicación al día siguiente en el Diario Oficial”, expresaron en la queja.

Advirtieron que en el decreto para la creación de la Secretaría de Cultura, se conservan sin modificación artículos y fracciones que atentan contra el patrimonio histórico, artístico, cultural y paleontológico de México, así como las diversas violaciones a los derechos culturales de los mexicanos, como son la escisión del binomio educación-cultura que es el eje imprescindible en la formación integral del individuo, el usufructo y comercialización del patrimonio tangible e intangible fomentando “el uso intensivo de la infraestructura cultural” de la nación, la homogenización de la identidad multiétnica, la cerrazón de las autoridades al evitar un debate nacional analítico e incluyente de los grupos sociales y de la población.

“En su aprobación fue evidente el desinterés por parte de los diferentes actores políticos involucrados (Cámara de Diputados y de Senadores) quienes incluso ignoraron y violaron la precedente recomendación del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México en 2003, que menciona que ‘…es imprescindible fortalecer la relación entre educación y cultura, actualmente soslayada en México….’”, puntualizan.

Los profesores de investigación científica y docencia del INAH expondrán ante instancias distintas al Legislativo, “la ilegalidad de la iniciativa del Ejecutivo federal con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan, y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como Otras Disposiciones para Crear la Secretaría de Cultura y la celeridad con la que fue aprobada y consumada por el C. Presidente Enrique Peña Nieto al firmar el decreto el pasado 16 de diciembre de 2015”.

El análisis realizado por los profesores de investigación científica y docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia y plasmado en el documento “Improcedencia para Crear una Secretaría de Cultura; Reglamentación del Artículo 4º Constitucional como Alternativa Urgente”, se sintetiza en los siguientes puntos:

  1. Improcedencia e inconsistencia legislativas.
  2. Ausencia de los derechos culturales en la iniciativa.
  3. Inadmisible separación entre educación y cultura.
  4. Concentración excesiva de poder en un individuo y anulación del INAH y el INBA.
  5. Objetivo oculto: tentativa de explotación intensiva del patrimonio e infraestructura culturales.

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