COLIMA, Col. (proceso.com.mx).- En octubre de 2014, después de reportar ante la Policía haber sufrido violencia intrafamiliar, Tonia Ochoa Muñoz abandonó la casa en la que vivía con su esposo en Estados Unidos y junto con sus dos hijos, de 8 y 9 años de edad, regresó en diciembre de ese año a la ciudad de Colima, su tierra natal. Casi un año después recibió una notificación de la Corte de California que le ordenaba enviar a los niños al país del norte —ambos cuentan con doble nacionalidad—, para dejarlos con su padre, Héctor Montero Ceballos, originario del municipio de Comala. En esta entidad, correspondió atender el asunto a la juez primera de lo familiar, Ruth Bravo Ortiz, quien después de un proceso que apenas duró seis días coincidió con el fallo de la Corte californiana y determinó que los menores debían ser enviados a Estados Unidos. Para tratar de revertir la decisión, Tonia Ochoa promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito con sede en esta ciudad, por considerar que hubo irregularidades desde el inicio del procedimiento en el país del norte, ya que no escuchó ni a ella ni a sus hijos. De acuerdo con Ochoa Muñoz, el juez federal le requirió a ella la entrega de la documentación que acredita que los niños son sus hijos, en tanto que a la juez le solicitó la entrega de todo el expediente para analizar el asunto. En entrevista, la mujer, de 42 años de edad, narró que nunca fue notificada de que había un caso en su contra en Estados Unidos ni fue requerida para presentarse en la corte de ese país. Dijo que durante los últimos años había estado separada de su esposo y ella vivía en Colima con sus hijos, donde éstos estudiaron los años iniciales de primaria, y sólo los llevaba en temporadas vacacionales a ver a su padre al país vecino. A mediados de 2014, dijo, Héctor Montero le pidió que el siguiente ciclo escolar lo estudiaran allá y ella accedió a quedarse junto con los menores, pero en octubre siguiente decidió salir de la casa por problemas de violencia doméstica. “Apenas teníamos tres meses de que ellos habían entrado a la escuela cuando empezaron los problemas con su papá y por salud mental de los niños y mía decidí salir de la casa y nos fuimos a un albergue; él todo el tiempo me estuvo hostigando y amenazando allá con quitármelos, por lo que lo más fácil para mí fue venirme a México; yo me sentía como mexicana y como mexicanos los niños, protegidos por el gobierno”. Al llegar a Colima, en diciembre de 2014, refirió Ochoa Muñoz, se instalaron para quedarse a vivir, pero hace más de una semana le llegó una orden de restitución de los menores. “Ellos están bien física y emocionalmente, todo fue revisado por una psicóloga del juzgado primero, yo presenté pruebas de todo lo que viví allá, lo que pasé y nadie me escuchó; se supone que las autoridades deberían velar por los intereses de los menores, que también son mexicanos, pero no hubo apoyo, ni siquiera de la Comisión de Derechos Humanos, donde presenté una queja, pero la visitadora sólo asistió a la audiencia sin hacer nada”. Tonia Ochoa contó que antes de salir de la casa, denunció los hechos ante el sheriff del lugar, quien le autorizó a dejar el domicilio e irse a un albergue, de lo que tiene constancia. No obstante, dijo ignorar de qué se le acusa en el país del norte, “lo único que me notificaron es que tengo que entregar a los niños, fue todo; no sé si perdí la custodia allá, no sé qué pasó, pero me siento desprotegida en mi propio país, parece que no hay leyes justas y solamente cumplen los mandatos de Estados Unidos, a pesar de que hay tratados, convenciones de los derechos de los niños y no se tomó en cuenta nada”. La mujer pidió que se revise el caso, pues “todavía tengo un poquito de esperanza de que algo bueno pase”, pero no puede viajar a EU a defenderse porque le fue informado que como consecuencia del conflicto por los niños hay una orden de arresto en su contra por no haberse presentado en la Corte cuando se realizó el juicio. “Nunca fui notificada, —expuso— pero la juez de Colima se lavó las manos diciendo que el sistema allá es diferente, que allá se notifica por vía electrónica, y que yo me tengo que dar por notificada sin saber nada”, expuso. Ochoa Muñoz externó su sospecha de que “todo se hizo premeditadamente por el papá de los niños para que yo ya no estuviera allá para poder defenderme; todo lo hizo pensando que como yo no me iba a defender le iban a dar siempre todo el crédito a él, le iban a creer todo”. Ante la posibilidad de que sus hijos sean enviados a Estados Unidos, Tonia Ochoa dijo no sentir seguridad de que los menores estén al lado de su padre. “Como ya lo hice saber, él es una persona violenta, que toma mucho y yo todo eso se lo hice saber a la juez; las psicólogas tomaron nota de todo eso, los niños manifestaron ante la juez de aquí que no se quieren ir, que quieren vivir en México, aquí han vivido siempre; a ellos Estados Unidos no les gusta; yo pedí que se hicieran investigaciones, que vieran mis pruebas, pero aún así la señora juez cerró el caso”. Inicialmente, la titular del juzgado en Colima había determinado que los niños fueran llevados a Estados Unidos el jueves 19 de diciembre, pero verbalmente su madre acordó con el abogado Ramiro Salazar Velasco, el representante legal de su exesposo, entregárselos hasta el 26 de diciembre porque querían pasar la navidad con su madre en Colima. De acuerdo con Ochoa Muñoz, Salazar le dijo que tendría con él a los niños los días 20 y 21 de diciembre para entregárselos el 22 con el propósito de que pudieran convivir hasta el día 26, antes de llevarlos a Estados Unidos, pero no cumplió con el acuerdo. “Todavía anoche, 24 de diciembre, o la mañana de este 25 esperaba que me los trajera, pero no fue así; en estos momentos no sé si sigan en el país, aunque yo tengo sus pasaportes estadounidenses y sus actas de nacimiento, pero no sé si su papá tramitaría allá otros documentos para sacarlos de México”. Ahora, la única esperanza de la mujer es la actuación del juzgado federal con sede en Colima, dentro del juicio de amparo promovido recientemente.