COLIMA, Col. (apro).- Con el argumento de que contiene “inconsistencias jurídicas y financieras”, el Presupuesto General de Egresos 2016 fue vetado por el gobernador Ramón Pérez Díaz, quien regresó el documento al Congreso local para que realice las modificaciones correspondientes. El secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, acudió anoche al Palacio Legislativo para notificar por escrito la decisión del jefe del Ejecutivo. El funcionario fue atendido por la oficial mayor Yarazeth Villalpando Valdez. El Presupuesto, con modificaciones de fondo en relación con el proyecto enviado originalmente por el mandatario, fue aprobado por mayoría en las primeras horas del pasado lunes 16 con los votos de los diputados de Acción Nacional (PAN), Partido Verde (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC), mientras que, inconformes, abandonaron el salón de sesiones los legisladores del Revolucionario Institucional (PRI), Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza (Panal). La principal inconsistencia señalada por el Ejecutivo es una diferencia cercana a 80 millones de pesos entre los montos considerados en la Ley General de Ingresos y el Presupuesto General de Egresos, ya que mientras la primera prevé una cifra aproximada de 13 mil 339 millones de pesos, el segundo establece un gasto superior de 13 mil 419 millones de pesos, sin que se considere de dónde se dispondrá del faltante. Además, con la reducción presupuestal de aproximadamente 238 millones de pesos a diversas dependencias, el Poder Ejecutivo se vería obligado a despedir a cerca de mil 100 trabajadores. El secretario general de Gobierno explicó que entre otras razones del veto al presupuesto se encuentra el hecho de que el Congreso redujo siete fondos federales etiquetados, entre ellos el Fondo para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y el de Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios. La modificación de estas partidas, advirtió el funcionario, podría implicar sanciones de índole administrativa y penal para los poderes Ejecutivo y Legislativo. A la par que se redujeron algunas partidas del presupuesto, se incrementaron otras, como la de la Universidad de Colima, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tecnológico de Colima y Poder Legislativo. Una vez notificado el veto presupuestal, el decreto deberá ser regresado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que elabore un nuevo dictamen y lo someta nuevamente al Pleno del Congreso, donde ahora requerirá mayoría calificada para su aprobación. En caso de que el 2016 inicie sin un presupuesto aprobado, la ley contempla que entrará en vigor el mismo que se aplicó el año previo hasta en tanto el nuevo sea promulgado. Un antecedente de una crisis presupuestal en Colima ocurrió a finales de 1998, cuando la falta de acuerdos en la LII Legislatura local –conformada por 10 diputados del PRI y 10 de la oposición– provocó la llegada del nuevo año sin un presupuesto aprobado, situación que se resolvió en la primera semana de 1999 a partir de negociaciones entre la oposición, los diputados priistas y el gobierno de Fernando Moreno Peña.