COLIMA, Col., (proceso.com.mx).- La fracción mayoritaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado rechazó las observaciones realizadas por el gobernador interino, Ramón Pérez Díaz, al Presupuesto General de Egresos 2016, por considerarlas “dolosas, tendenciosas e infundadas”. Luego de que el jefe del Ejecutivo estatal notificó el martes 29 al Congreso su decisión de vetar el decreto que contiene el presupuesto, la tarde de este jueves 31 la bancada del blanquiazul, que encabeza la diputada Martha Leticia Sosa Govea, anunció en rueda de prensa su postura, aunque se mostró dispuesta a revisar el asunto. El presidente del Congreso, el panista Francisco Javier Ceballos Galindo, informó que la legislatura dará entrada al documento del gobernador en la sesión del próximo 8 de enero y lo turnará a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que a su vez dispondrá de 30 días hábiles para emitir un nuevo dictamen, que para su aprobación requerirá mayoría calificada. Ante esta circunstancia, el estado amanecerá este 1 de enero sin nuevo presupuesto, por lo que conforme a la ley deberá entrar en vigor el mismo que se aplicó en 2015 hasta que se apruebe el correspondiente a 2016. Entre sus argumentos para vetar el presupuesto —aprobado con modificaciones en las primeras horas del 16 de diciembre pasado por la mayoría panista junto con las diputadas del MC y PVEM—, Pérez Díaz dijo que contiene “inconsistencias jurídicas y financieras”. Sostuvo que la principal inconsistencia es una diferencia cercana a 80 millones de pesos entre los montos considerados en la Ley General de Ingresos y el Presupuesto General de Egresos, ya que mientras la primera preveía una cifra aproximada de 13 mil 339 millones de pesos, el segundo establece un gasto superior, de 13 mil 419 millones de pesos, sin que se considere de dónde se dispondrá del faltante. El mandatario adujo también que con la reducción presupuestal de alrededor de 238 millones de pesos a diversas dependencias, el Poder Ejecutivo se vería obligado a despedir a aproximadamente 1,100 trabajadores, además de que se redujeron siete fondos federales etiquetados, cuya modificación podría implicar sanciones de índole administrativa y penal para ambos poderes. En respuesta, el diputado Miguel Alejandro García Rivera, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, aseguró que el veto presupuestal forma parte de un golpeteo político por motivos electorales, pues “lo que están diciendo es una verdadera mentira, no les interesa el fondo de las finanzas, el propósito es desacreditar a un partido como tal”. Indicó que no existe inconsistencia entre los ingresos y los egresos, sino que ante un error en la colocación de una coma, “dolosamente el Ejecutivo del Estado utiliza importes distintos a los determinados en las partidas específicas del presupuesto autorizado, es decir, en la partida 34101 se prevé por servicios bancarios 90 mil pesos y no 90 millones como lo pretende hacer creer el Ejecutivo en su veto”. Por su parte, la diputada Martha Leticia Sosa dijo que respecto a las partidas federales no existe ningún desvío, ya que “no se ha recibido ningún peso” y en este momento esos recursos “son producto de estimaciones de convenios que en su momento se podrán celebrar entre el Ejecutivo y el gobierno federal (…) y de llegar a realizarse lo deberá destinar exclusivamente al objeto del gasto convenido”. Así también, negó que en la reducción de recursos al Poder Ejecutivo el Congreso hubiese etiquetado la afectación del rubro Servicios Personales con el consecuente despido de trabajadores. “Al contrario —expuso— fue el propio Ejecutivo del Estado que al verse afectado en su gasto lo vinculó inmediatamente al despido de trabajadores sin buscar otra opción de racionalización del gasto; es decir, en vez de afectar el gasto de publicidad, viáticos, compra de vehículos de lujo u otorgar regalos a los municipios afines, planteó la posibilidad de despedir a 1,100 trabajadores como ya es su costumbre”. Subrayó que el veto del gobernador a la reasignación de partidas realizada por el Congreso implica que los policías estatales no reciban incremento salarial, que el área de Procuración de Justicia no reciba 10 millones adicionales, ni que reciban incremento el Poder Judicial, 5 millones; la Universidad de Colima, 30 millones, u otras instituciones como el Tecnológico de Colima, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Comisión de Derechos Humanos. En relación con el señalamiento de que el Congreso del Estado se autorizó un incremento “desproporcionado” de 19 millones de pesos, que de acuerdo con el coordinador de la fracción del PRI, Federico Rangel Lozano, es para incrementar “99 por ciento” el sueldo de los diputados, Sosa Govea negó que esa sea la finalidad de ese aumento, sino mejorar las instalaciones del Palacio Legislativo, las condiciones de operatividad de la propia legislatura y el pago de algunos trabajadores que están por jubilarse, entre otros gastos. La coordinadora de la diputación panista aseveró que el control que ejerce el Congreso sobre el Presupuesto General de Egresos “tiene por objeto evitar que el Ejecutivo disponga arbitrariamente de los recursos públicos del estado, otorgando dádivas, premios o apoyos especiales a sus incondicionales como sucedió con la entrega de 60 millones de pesos al Ayuntamiento de Colima en los meses de abril, mayo, junio y julio (de este año), utilizados en pleno proceso electoral para fines turbios, como fue el apoyo al candidato del PRI, José Ignacio Peralta Sánchez”.