MÉXICO, DF (apro).- El excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, rechazó que hubiera avalado el registro de armas de fuego para los autodefensas en la entidad, como lo establecen los abogados de José Manuel Mireles Valverde, exlíder de esos grupos, detenido desde el 27 de junio de 2014. De acuerdo con información difundida por Quadratín, en su declaración por escrito enviada al juez Quinto de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Uruapan, Castillo admite que sí participó en reuniones con ciudadanos, pero aclaró que no puede pronunciarse respecto de la denominación que “esos grupos ciudadanos se hubieren dado a sí mismos”. En ese cuestionario refirió que desconoce quién o qué autoridad fue la encargada de ordenar la detención de Mireles –acusado de posesión de armas, cartuchos y droga–, pero sabe que fue en flagrancia. Sobre el tema de un posible acuerdo respecto de la portación de armas de fuego por parte de los integrantes de los grupos de autodefensa de Michoacán, señaló que esto es falso, ya que el registro, posesión y portación de armas solo puede realizarse con estricta observancia de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El actual director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) insistió que no era su competencia los temas relacionados con el registro de armas de fuego, por lo que su papel en las reuniones no se centraba en ello, sino en las investigaciones de delitos del orden común. “No se autorizó ni se registró arma alguna y desconozco cuál hubiera sido su destino en caso de registrase. Nunca he estado autorizado para registrar arma alguna, ni tampoco lo he hecho, ya que el registro de armas de fuego se realiza en términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, sentenció Castillo. Sobre la pregunta en la que se le pide referir qué autoridad dio la orden para que se registraran armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, el funcionario federal respondió que lo desconoce, pero en su papel como procurador esto no entraba dentro de sus facultades. Dicho argumento fue reiterativo en respuestas a varias interrogantes centradas en ese sentido, según la nota de Quadratín. Incluso aclaró que la 43 Zona Militar de Apatzingán no estuvo a su cargo, como lo indicó la defensa de Mireles –recluido en el penal federal de Hermosillo, Sonora– al cuestionarle la fecha en que inició el registro de armas de las autodefensas de Michoacán dentro de la jurisdicción de dicha zona militar “a su cargo”. Y, además, aclaró que sí cuenta con cédula profesional como licenciado en Derecho y abogado, aspecto que le pidió elucidar la defensa de Mireles y cuya declaración por escrito se hizo el pasado 14 de diciembre.