BOGOTÁ (apro).- Con la instalación de la Asamblea Nacional (AN) surgida de los comicios legislativos del mes pasado, Venezuela comenzó este martes una nueva etapa política en la que, por primera vez en 17 años, un gobierno chavista deberá cohabitar con un Congreso opositor que, además, tiene como parte de su agenda legislativa promover un cambio de régimen y la salida del poder del presidente Nicolás Maduro. El presidente de la nueva AN Henry Ramos Allup dijo que en un plazo de seis meses, a partir de hoy, los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) deberán definir una fórmula “constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno”. La juramentación de los diputados de la nueva AN (Congreso unicameral), que quedó bajo el control de la MUD, se desarrolló en medio de un ríspido intercambio de acusaciones entre los legisladores de esa coalición opositora y los del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en lo que pareció el primero de los duros debates que habrá en ese recinto. Los diputados de la MUD culparon al gobierno del presidente Maduro del desabasto de productos básicos, de la severa crisis económica, de la hiperinflación (de 277% en 2015) que pulveriza los salarios, de la inseguridad pública y de la corrupción. El diputado Héctor Rodríguez, jefe del minoritario bloque parlamentario oficialista, acusó a la MUD de representar el “neoliberalismo” y de ser una reedición de los partidos Acción Democrática (AD) y Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), que gobernaron Venezuela entre 1958 y la llegada de Hugo Chávez al poder, en 1999. Luego de los primeros intercambios de acusaciones, el dirigente de la MUD y líder de AD Henry Ramos Allup fue electo presidente de la AN, tras lo cual tomó juramento a los nuevos diputados. El debate continuó con la elección del secretario y subsecretario de la Asamblea, que recayó en Roberto Marrero y José Luis Cartaya, en forma respectiva, ambos propuestos por la MUD. Varios diputados de la oposición señalaron que una primera acción de la nueva legislatura será aprobar una ley de amnistía para liberar a 75 presos políticos, entre ellos el líder de Vanguardia Popular y dirigente de la MUD, Leopoldo López, sentenciado a 13 años y nueve meses de prisión como responsable de la muerte de 43 personas en las protestas sociales de 2014. La esposa de López, Lilian Tintori, se encontraba en la gradería de la AN portando una cartulina con una demanda: “¡Amnistía Ya!”. Cerca de ella estaba también el expresidente colombiano Andrés Pastrana, cuya presencia fue repudiada por el diputado del PSUV, Saúl Ortega. “Esto es un acto injerencista”, aseguró el legislador en un debate inédito en el Congreso venezolano en los últimos 17 años, durante los cuales la Asamblea fungió como mera oficina de trámites de las iniciativas de Chávez –desde su llegada al poder hasta su muerte, en marzo de 2013–, y de Maduro, quien es presidente desde abril de ese año. Julio Borges, el jefe de la bancada de la MUD, ratificó al subir a la tribuna que la primera ley que aprobará la oposición será la de amnistía –la cual el propio Maduro ha amenazado con rechazar–, para seguir con una legislación que otorgue la propiedad de su vivienda a un millón de venezolanos que han sido beneficiados con una casa por parte del gobierno pero cuyo título les es condicionado a su lealtad política al PSUV. Mientras Borges hablaba, la bancada del PSUV se retiró de la AN, por lo que la sesión continuó sólo con la presencia de los legisladores de la oposición. Aunque la MUD obtuvo 112 diputados en los comicios del 6 de diciembre anterior, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos magistrados son incondicionales del gobierno, desconoció la semana pasada la elección de tres de ellos. El fallo, considerado por la OEA como un golpe a la voluntad de los electores venezolanos, es parte de los recursos que promovió Maduro tras las elecciones para restar poderes a la nueva Asamblea. Con 112 diputados –67% del total, la mayoría calificada–, la MUD tendría atribuciones para hacer enmiendas y reformas constitucionales y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, algo que temen Maduro y el chavismo pues cualquiera de esos escenarios podría conducir a un término anticipado del periodo presidencial y a un cambio de gobierno. En la instalación de la AN este martes, que tiene un periodo constitucional de cinco años, fueron juramentados 109 diputados de la MUD y 54 del oficialista PSUV (el TSJ desconoció la proclamación de uno de sus diputados), pero la oposición sostiene que legalmente cuenta con 112 legisladores. El diputado opositor Miguel Pizarro dijo que la MUD creará una comisión legislativa para revisar el fallo del TSJ contra tres de sus diputados, ya que expertos constitucionalistas señalan que fue “ilegal”, pues no fue producto de un juicio sino de una decisión a puerta cerrada. Pero aún con 109 diputados, la MUD tiene una mayoría legislativa de tres quintas partes, aunque existen diferentes interpretaciones jurídicas sobre su capacidad para realizar reformas constituciones. El diputado del PSUV, Diosdado Cabello, quien presidió la AN saliente y es considerado el segundo hombre más poderoso de Venezuela, después de Maduro, advirtió que la nueva legislatura podrá aprobar las leyes que considere pertinentes, pero el presidente tiene facultades para pedir al TSJ vetar esas normas. “Esto se va a poner bueno”, señaló Cabello en su habitual tono sarcástico. El diputado llegó al recinto parlamentario en compañía de la diputada Cilia Flores, esposa de Maduro. Ella, Cabello, el excanciller Elías Jagua y Héctor Rodríguez, el jefe del bloque de diputados del PSUV, serán las principales figuras del oficialismo en el nuevo Congreso, mientras en las filas de la oposición destacan Ramos Allup, Borges, los exdirigentes estudiantiles Fredy Guevara y Miguel Pizarro y la activista de derechos humanos Delsa Solórzano. En su primer discurso como presidente de la AN, Ramos Allup ratificó que en un plazo de seis meses la MUD deberá tener definido un método “para cambiar al gobierno”. Esa premisa opositora, de hecho, comenzó a ser respondida por Maduro con recursos como la anulación de la elección de tres diputados de la MUD, la proclamación de un “Parlamento Comunal” que carece de facultades legislativas pero que busca hacerle sombra a la AN y la promulgación de un paquete de leyes, por decreto, que quitan atribuciones al nuevo Congreso. Entre esas leyes, promulgadas por Maduro el lunes con los poderes extraordinarios que le otorgó la saliente AN para legislar por decreto hasta ese día, figura una que exime al Ejecutivo de pedir permiso al parlamento para contratar deuda externa y otra que anula la capacidad del Legislativo para nombrar a dos de los seis directores del Banco Central de Venezuela. Esta última ley deja a criterio de las autoridades del banco emisor –todas las cuales fueron designadas por Maduro-- la entrega de información económica y financiera solicitada por los diputados. De hecho, el Banco Central de Venezuela lleva más de un año sin publicar estadísticas macroeconómicas, de comercio exterior, de la inflación o monetarias. Ramos Allup señaló que “si hay que modificar los decretos ley hechos por Maduro (en estos últimos días), lo haremos”. La nueva etapa política que se inicia en Venezuela con la instalación de un Congreso mayoritariamente opositor coincide con una crisis económica profunda. Venezuela registró en 2015 una contracción de 11% –un porcentaje similar al que se espera para este año– y vive un desabasto crónico de alimentos y medicinas. La escasez causa un gran malestar social y es el factor que, según sondeos, llevó a la victoria de la oposición en los comicios del mes pasado.