La CNOP se muda al inmueble más siniestro del país

En agosto pasado la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP, el sector popular priista) estrenó sede: se trata del inmueble ubicado en el número 20 de Plaza de la República, justo donde estuvo la tenebrosa Dirección Federal de Seguridad, esa que le dio al edificio la peor de las famas: ahí dentro se encerraba a opositores al régimen, guerrilleros o gente sospechosa de serlo; ahí se les torturaba y asesinaba. A ese lugar, ni más ni menos, vuelve el PRI.

MÉXICO, DF (Proceso).- En 1978, uno de los perseguidores más encarnizados de la guerrilla, Javier García Paniagua, dejó la titularidad de la Dirección Federal de Seguridad (DFS); después se convertiría en presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Más de tres décadas después, y de nuevo con las riendas del país en las manos, el PRI hizo un movimiento –parecido al anterior pero a la inversa–: mudó su sector popular (la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP) al edificio que ocupó la DFS.

El inmueble es un monumento a la historia negra del priismo: está relacionado con la persecución, tortura y asesinato de guerrilleros en el periodo de la Guerra Sucia.

Cuando el PAN gobernó el país (2000-2012) prometió castigar esos crímenes, pero lo único que hizo fue vender los más de mil metros cuadrados de la otrora sede de la DFS.

En sus seis años de gobierno, Vicente Fox creó y desapareció la Fiscalía Especial para Movimiento Sociales y Políticos del Pasado (Femospp); promulgó el salvoconducto para que el autor intelectual de la Guerra Sucia, el expresidente Luis Echeverría, viviera una cómoda prisión domiciliaria y finalmente subastó el edificio de la DFS, donde decenas de estudiantes, opositores, rebeldes e integrantes de movimientos sociales terminaron sus días, destrozados por el PRI-gobierno.

Desde el pasado 8 de agosto el inmueble está de nuevo en poder del PRI.

La historia más negra

El 27 de octubre de 1934 el gobierno federal adquirió un terreno de mil 211 metros cuadrados a un lado del Monumento a la Revolución.

Trece años después, en 1947 y durante el sexenio de Miguel Alemán, se creó la Dirección Federal de Seguridad para brindar servicios de inteligencia y proteger la seguridad nacional. “El personal entero de la DFS cabía en el ala del tercer piso de un edificio público ubicado frente a la Plaza de la República”, relata Sergio Aguayo en el libro La Charola, una historia de los servicios de inteligencia en México.

El 7 de noviembre de 1961 el edificio se le entregó a la Secretaría de Gobernación, dependencia a la cual rendía cuentas la DFS.

El hombre clave de esa Dirección fue Fernando Gutiérrez Barrios, quien de 1952 a 1958 ocupó su jefatura de Control Político; de 1958 a 1964 fue subdirector, y de 1964 a 1970, director. Su último puesto en los servicios de inteligencia fue de 1970 a 1982, cuando fue nombrado subsecretario de Gobernación por el entonces presidente Echeverría. Dicha dependencia controlaba a la DFS.

Fue durante el paso de Gutiérrez Barrios por la DFS cuando en México se presentaron los primeros brotes guerrilleros. Así, en 1965 se creó el Grupo C-047 con seis agentes especializados en contrainsurgencia. Y comenzaron la represión, las desapariciones extrajudiciales, la carta blanca para torturar y matar.

Uno de sus más feroces agentes fue Javier García Paniagua, director de la DFS desde el 8 de marzo de 1977.

Aguayo escribe en el libro mencionado: “Si durante el sexenio de Luis Echeverría la desaparición fue utilizada para combatir la guerrilla en Guerrero, en 1977 el gobierno de José López Portillo lanzó una campaña de desaparición de personas ligadas a la guerrilla en estados como Jalisco y Sinaloa. (…) Los archivos de la DFS depositados en el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) confirman que un buen número de esas personas fue detenido por la (Dirección) Federal de Seguridad, convirtiéndose en una prueba documental de la responsabilidad oficial. (…)

“Con la llegada de García Paniagua, la DFS y la Brigada Blanca (último eslabón del Grupo C-047) adoptaron una política de aniquilamiento en las ciudades, lo que explica el aumento en las cifras de desaparecidos”.

Durante el año y cinco meses que fungió como su director, “Javier García Paniagua transformó a la DFS en una sólida base de poder”, asevera Aguayo.

En 1978 García Paniagua fue nombrado subsecretario de Gobernación, y en su lugar dejó a Miguel Nazar Haro, quien abultó el negro historial de la DFS, sumando a la desaparición forzada y tortura el robo de autos en California, Estados Unidos.

Rafael Rodríguez Castañeda, director de Proceso, dio cuenta en el número 249 de este semanario de cómo Nzazar Haro fue detenido en Los Ángeles.

“Funcionarios gubernamentales de diversos niveles, principalmente comandantes y agentes especiales de la DFS de México, solicitaban determinados vehículos extranjeros, cuya obtención quedaba a cargo de otros miembros de esta corporación. Entre los que expedían esas órdenes, la acusación señala a los comandantes de la DFS”, determinó el gran jurado de aquel proceso.

El FBI investigó el caso, infiltró a su gente en la banda… pero la CIA intervino para que no se detuviera a Nazar. De acuerdo con un cable del 17 de agosto de 1981, la Agencia Central de Inteligencia le escribió al Buró Federal de Investigación: “Nuestros intereses mutuos, y en consecuencia la seguridad de los Estados Unidos en terrorismo, inteligencia y contrainteligencia en México, sufrirían un golpe desastroso si se forzara la renuncia de Nazar”.

De la DFS al PRI

En 1985 Manuel Bartlett estaba al frente de la Secretaría de Gobernación. En entrevista con Proceso dice que fue él quien desapareció la DFS luego de “comprobar la leyenda negra” que circulaba al respecto.

La DFS llegó a un punto en que no respondía a nadie, ni siquiera al presidente de la República, asevera Bartlett. Añade: “Eso, más la vinculación con el narco, el robo de coches y la leyenda negra (de tortura y desapariciones) me llevó a desaparecerla, cosa que no han hecho con la Procuraduría General de la República”.

Relata que hace 30 años se interpusieron demandas contra varios agentes de la DFS que operaban en diversos estados, sobre todo porque se habían enriquecido enormemente.

“La DFS era una policía política incontrolada que terminó siendo toda una leyenda negra. Creamos una institución (el Cisen) con especialistas en economía, sociología y política exterior, que es lo que se requiere para informar al Estado, y no agentes que tengan que andar con pistolas. Creamos un sistema de seguridad nacional”, apunta.

Fox, a partir de 2000, enarboló la bandera de la “transición a la democracia” y prometió castigar a quienes torturaron y asesinaron durante los 70 años de priismo.

Pretendió emular programas como los emprendidos en Argentina o España, donde al término de las dictaduras se crearon comisiones de la verdad que llevaron a juicio a quienes habían perpetrado desapariciones forzadas, torturas y asesinatos. Pero todo fue una simulación.

El 27 de noviembre de 2001 el panista creó la Femospp. Pero mientras esa fiscalía, a cargo de Ignacio Carrillo Prieto, investigaba los crímenes del Estado contra los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, así como la persecución contra la guerrilla, el primer mandatario negociaba con el PRI y el Partido del Trabajo (PT) una salida menos dolorosa para el autor intelectual de dichos delitos: Luis Echeverría Álvarez, quien fuera secretario de Gobernación y presidente de la República.

Y al año siguiente de la creación de la Femospp, el 4 de noviembre de 2002, emitió el decreto presidencial para desincorporar “del régimen del dominio público de la Federación” el edificio que fuera de la DFS, en el número 20 de la Plaza de la República. La mole de casi 30 metros de alto y cuatro pisos dejaría de ser propiedad gubernamental.

Mientras Fox preparaba la venta del lugar, en el Congreso de la Unión priistas y panistas negociaban para que, en caso de que Echeverría resultara culpable por las desapariciones y torturas de la Guerra Sucia, no pisara la cárcel.

La entonces diputada panista y esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala; la priista Rebeca Godínez y el petista Joel Padilla Peña acordaban cambios al Código Penal Federal.

Así, en diciembre de 2003 el PT propuso que las personas mayores de 78 años purgaran su condena en prisión domiciliaria. Inmediatamente, Godínez, Zavala y otros diputados federales hicieron una contrapropuesta para bajar a 70 años la edad para obtener ese beneficio. Los cambios se aprobaron el 6 de abril de 2004 y el Senado los ratificó el 28 del mismo mes. Fox firmó el decreto el 26 de mayo de 2004.

En julio, Juan Velázquez, abogado de Echeverría, anunció que en caso de que su cliente fuera declarado culpable se acogería a la reforma: “Ni modo que no la aprovechemos”. El expresidente tenía 71 años.
Mientras ello ocurría, Fox siguió con la desincorporación del edificio de la DFS. Así, antes de concluir su sexenio emitió la subasta 002/2006 para poner en venta el inmueble.

Los ganadores fueron los hermanos Alex Simje, Harry y Manuel Sacal Cababie, quienes a través de su empresa Controladora Desarrollos Plus S.A. de C.V., creada un año antes, el 21 de junio de 2005, pagaron 23 millones 600 mil pesos.

El 5 de diciembre de 2007 esa empresa escrituró la construcción, pero no fue sino hasta el 19 de octubre de 2010 cuando el hecho se asentó en el Registro Público de la Propiedad.

El 30 de mayo de 2012 los hermanos Sacal vendieron el edificio a su propia empresa Opción Fiduciaria S.A. de C.V., una sociedad financiera de objeto múltiple (sofom, un tipo de intermediaria con menores restricciones que un banco, figura inventada por Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda en el sexenio foxista).

Luego crearon un fideicomiso –el 22/2012– mediante el cual Salomón Zaga Kalach adquirió el edificio de la DFS en 37 millones de pesos el 31 de octubre de 2014.

Y luego, en otra operación concretada el 6 de julio de 2015, los derechos fideicomitentes y fideicomisarios fueron cedidos a los hermanos Alex Simje y Harry Sacal Cababie, quienes una semana después –el 14 de julio– inscribieron la propiedad en otro fideicomiso, el F/1401, del Deutsche Bank México.

Y hace un par de meses –el 8 de agosto de 2015– se difundió una fotografía del edificio, en la que aparece el entonces dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, y Cristina Díaz, secretaria general de la CNOP, reinaugurándolo como la nueva sede del sector popular priista.

“De monumento a la perversidad pasó a monumento a la corrupción”, considera Bartlett.

Y tal y como ocurría antes de 1985, la entrada al edificio está restringida y nadie ofrece información acerca de lo que ocurre ahí dentro, por más que el inmueble haya sido adquirido con dinero público.

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