La extradición de El Chapo, asunto político más que jurídico

Irónicamente, el trabajo previo de Juan Pablo Badillo Soto, abogado del Chapo, abriría la puerta a nuevos amparos contra el procedimiento de extradición. Sin embargo, la ley mexicana prevé que el presidente cuente con la facultad de entregar a un delincuente requerido por otro país si considera que existen razones excepcionales para no esperar al juicio correspondiente. Fuentes de la PGR admitieron que, en todo caso, el destino inmediato de Joaquín Guzmán Loera depende de una decisión política, más que de una resolución jurídica.

MÉXICO, DF (Proceso).- Siete meses después de que Estados Unidos solicitó a México la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, la administración de Enrique Peña Nieto no ha iniciado el proceso jurídico correspondiente, aunque pudo haberlo tramitado desde mayo último. Su envío al vecino país podría tardar hasta un año, a menos que el presidente lo considere “caso excepcional” y lo entregue sin más a quien lo reclama.

Mientras el gobierno federal analiza las posibilidades, Juan Pablo Badillo Soto, abogado de Guzmán Loera, puede tramitar nuevos amparos y retrasar más el proceso judicial para la extradición, pues su objetivo es evitar que se concrete uno de los mayores temores del sinaloense: ser extraditado, revela a Proceso el propio litigante.

Con poder para representar a El Chapo en “pleitos y cobranzas” desde 1996, Badillo Soto puede saltar el obstáculo que la autoridad judicial le puso el 17 de diciembre de 2014, cuando el abogado solicitó el primer amparo contra la extradición a Estados Unidos: la inexistencia del juicio respectivo.

Tras su segunda detención, el 23 de febrero de 2014, Guzmán Loera buscó nuevamente a quien durante ocho años evitó que lo entregaran a Estados Unidos. El capo fue capturado por primera vez en mayo de 1993 y Badillo Soto lo defendió de 1996 hasta el 19 de enero de 2001, cuando se fugó.

Después de la segunda detención, el 22 de mayo de 2014, solicitó el 17 de diciembre del mismo año conocer la orden de extradición y considerarla un acto “futuro e inminente”, a fin de combatirla en tribunales.

A esta solicitud de amparo le siguieron otras cinco. Una a una fueron sobreseídas y a la fecha sólo uno sigue viva.

(Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2045, ya en circulación)

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