MÉXICO, DF (apro).- Funcionarios de agencias estadunidenses encargadas de la lucha contra el tráfico de armas prefieren no compartir toda la información que poseen con sus colegas en México –incluso los que laboran en las mismas agencias– ante el riesgo de que ello “pueda alcanzar a autoridades mexicanas corruptas y comprometa sus investigaciones”, revela un informe que publicó hoy la Oficina para la Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés). La GAO realizó el documento a petición de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso estadunidense, con el objetivo de evaluar los avances del combate al tráfico de armas desde 2009. Y de acuerdo con el informe, la corrupción y la sustitución frecuente de los agentes mexicanos frenan la colaboración entre México y Estados Unidos en la lucha contra este delito. Lo anterior es preocupante, pues 73 mil 684 de las 104 mil 850 armas de fuego que las autoridades mexicanas decomisaron y posteriormente rastrearon, entre 2009 y 2014, provenían de Estados Unidos, equivalente a un 70% del total. Otras 17 mil 544 llegaron de otros países, y las autoridades no pudieron determinar el origen de las 13 mil 622 restantes. Según la GAO –equivalente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mexicana–, desde 2011 se observó un “declive” en la confiscación de armas por las autoridades mexicanas, lo que explicó por “un periodo de reajuste en la cooperación en la administración de Peña Nieto”. “Los cambios recurrentes de agentes agravan el problema de la corrupción”, lamentó la institución, al subrayar, citando a funcionarios estadunidenses, que “en un país como México, donde existen preocupaciones subyacentes sobre la corrupción en el gobierno, las sustituciones frecuentes complican los esfuerzos de desarrollar confianza con sus contrapartes”. Funcionarios aseveraron que sus inquietudes sobre la corrupción en México se “exacerbaron” con la llegada al poder del priista Enrique Peña Nieto, pues la nueva administración desmanteló una unidad de peritos que las autoridades estadunidenses habían entrenado durante años. Según el GAO, el gobierno reinstaló esta unidad recientemente. Asimismo, el GAO notó que en la administración priista la colaboración con agencias estadunidenses se limitó a la Ventanilla Única, a través de la cual la administración mexicana presenta un solo interlocutor para las acciones concertadas con su contraparte estadunidense. Así, para llevar a cabo una investigación en cooperación con México, las autoridades estadunidenses tienen que dirigirse hacia la Procuraduría General de la República (PGR), y en materia de tráfico de armas, en 2013 el gobierno decidió que sólo unas personas en la PGR tendrían acceso al programa eTrace, la base de datos sobre las armas registradas en Estados Unidos. Meses antes, el ATF sacó una versión en español del programa y capacitó a “numerosos funcionarios de agencias federales, estatales y locales mexicanas” en su uso. “Funcionarios estadunidenses y algunas autoridades mexicanas dijeron que limitar el acceso de eTrace a una sola entidad del gobierno restringió las oportunidades para la colaboración bilateral”, planteó la GAO, al subrayar que también “disminuyó el rastreo del número total de armas confiscadas por las autoridades mexicanas”. ‘Grillas’ entre agencias El informe tenía, entre otros, el objetivo de observar si las dos agencias estadunidenses a cargo de la lucha contra el tráfico de armas estrecharon su colaboración, tal como lo recomendó la GAO en un informe publicado 2009. Seis años después, la institución concluyó que este objetivo fracasó debido a las “grillas” entre estas dos agencias. El Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), que pertenece al Departamento de Justicia (DoJ, por sus siglas en inglés), regula el tráfico de armas en el territorio estadunidense. Es la instancia que otorga licencias e investiga ilícitos perpetrados contra las leyes de armas. Si bien su competencia inicial se limita al interior de las fronteras de Estados Unidos, se encuentra a cargo del Sistema del Centro Nacional de Monitoreo de Armas de Fuego, alimentado por el programa eTrace, que permite a los agentes agregar los datos en línea. La otra institución es la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) –que pertenece al Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés)–, entre cuyas competencias se encuentran la investigación y la persecución del tráfico internacional de armas. Entre 2009 y 2014, agentes del ICE confiscaron 5 mil 951 armas de fuego destinadas a México, 39% de los cuales eran armas largas. Si bien sus misiones parecen complementarias, en realidad las dos agencias no están coordinadas, y funcionarios del ICE se quejan de que los agentes del ATF conservan los datos de eTrace de manera recelosa, aun cuando serían útiles al ICE para desmantelar redes de tráfico de armas. Agentes del ICE también lamentan que la oficina internacional del ATF “creó confusión” en las autoridades mexicanas sobre el papel de cada agencia en materia de combate al tráfico de armas, y reafirman que le corresponde al ICE investigar el tráfico internacional. En su defensa, el ATF responde que “es incorrecto sugerir que el ICE tiene jurisdicción exclusiva respecto del tráfico ilícito transfronterizo de armas a México”, ya que “la mayor parte de las investigaciones que envuelven el tráfico de armas de Estados Unidos a México (…) involucran la adquisición de armas en Estados Unidos. Asimismo, explica su reticencia a compartir información con sus contrapartes del ICE al precisar que sólo puede proporcionar información personal a la agencia que ingresó la información en el sistema eTrace, en este caso, las autoridades mexicanas. Si bien las agencias se comprometieron en 2009 a estrechar su colaboración, el GAO observó que el proceso de acercamiento duró apenas unos meses. Tráfico de partes Los grupos criminales mexicanos “prefieren armas de alto calibre con gran poder de fuego, incluyendo rifles de grueso calibre y armas largas, y equipo de grado militar”, planteó la GAO, al subrayar que el armamento militar pesado proviene en mayoría de los almacenes de las guerras civiles de Centroamérica. Los funcionarios entrevistados por la GAO expresaron su preocupación ante una estrategia relativamente “nueva y complicada” para ingresar armas de Estados Unidos a México: el tráfico de partes. En Estados Unidos varios componentes de las armas no están considerados como armas de fuego ni llevan número de serie, por lo que su compra y trasiego se realiza en el marco de la ley. Las partes son posteriormente ensambladas en México y de ello resulta un arma que no figura en algún registro. “Confiscaciones recientes de partes de armas de fuego, armas de fuego conformadas con piezas no marcadas (por el número de serie) y equipo utilizado para ensamblar o manufacturar armas de fuego en México sugieren el uso emergente de este tipo de armas por organizaciones criminales”, estimó el informe. La mayor parte de estas armas están compradas en Estados Unidos a través de “compradores de paja”, o en mercados de segunda mano, como en Internet, en ferias de armas o en mercados “de pulga”. El 41% de las armas provenientes de Estados Unidos y decomisadas en México fueron compradas en el estado de Texas; en 19% de los casos, su estado de origen era California, y otro 15% provenía de Arizona. La frontera de Estados Unidos con México concentra 10 mil 134 puntos de venta oficiales de armas, aproximadamente 16% del total nacional. El informe recuerda que parte de los 2 mil 500 millones de dólares que el gobierno estadunidense erogó en la Iniciativa Mérida entre 2008 y 2015 fueron destinados a la lucha contra el tráfico de armas, entre otros mediante la entrega de perros entrenados para detectar armas y municiones, o de material de detección.