MÉXICO, DF (apro).- El abogado Alberto Muñoz Vázquez promovió un amparo contra la designación de dos magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) propuestos por el gobernador de Guanajuato Miguel Márquez Márquez, supuestamente porque no cumplen con los requisitos legales para ocupar el cargo. De acuerdo con el abogado, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz y Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, ambos exfuncionarios del gobierno del estado, no cumplen con los requisitos marcados en el artículo 8 y 22 de la Ley Orgánica del TCA, según información difundida por el portal Zona Franca. El primero de ellos establece en su fracción cuarta que los magistrados deben contar con al menos cinco años de ejercicio profesional en materia administrativa o fiscal, requisito que ninguno de los dos cumple, de acuerdo con Muñoz. El legista indicó que también incumplen con tener la especialidad en justicia administrativa impartida por el Instituto de la Justicia Administrativa, condición estipulada en el artículo 22 de la citada ley. “A veces como abogados o como ciudadanos comunes y corrientes nos quejamos de que en tal o cual puesto no nos atienden bien o como se debiera, y eso a veces se debe a que las personas que están en los puestos pues no reúnen el perfil o los requisitos y pues me propuse formular ese amparo”, declaró en entrevista. Alberto Muñoz indicó que no conoce a ninguno de los dos postulados por Márquez, por lo que desconoce su capacidad o perfil, sin embargo –subrayó– deben renunciar a su cargo por no acreditar las obligaciones estipuladas en la Ley Orgánica del Tribunal. El pasado 18 de diciembre el Congreso local validó por mayoría las propuestas del gobernador Miguel Márquez para ocupar las referidas magistraturas dentro del TCA; solo los tres diputados del Partido Verde votaron en contra, precisamente bajo el argumento de que no cumplen con los requisitos legales para ocupar el cargo. Este martes el amparo fue admitido por el Juzgado Primero de Distrito, por lo que ahora las partes involucradas, es decir, los magistrados en cuestión, el Congreso local y el gobernador, tendrán que justificar su nombramiento.