MÉXICO, DF (apro).- La organización Amnistía Internacional (AI) advirtió que las autoridades mexicanas “parecen incapaces de dar respuestas sólidas e institucionales que estén encaminadas a encontrar la verdad y garantizar justicia” en el problema de las desapariciones forzadas. “Es necesario que el Estado mexicano asuma su deber de realizar búsquedas exhaustivas de las personas desaparecidas, investigar los hechos, llevar a quienes sean responsables ante la justicia y asegurar reparaciones integrales y adecuadas para las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos”, concluyó la organización en un informe presentado este día. AI advirtió que en México la búsqueda de personas desaparecidas se lleva de manera tardía e ineficiente: “Por ejemplo, en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la búsqueda ha tenido serias deficiencias que no han sido subsanadas. En Cuauhtémoc, las víctimas por lo general no son buscadas por las autoridades, y en algunos casos donde se hallaron restos humanos, estos hallazgos fueron fortuitos, sin que se tratara del resultado de un plan deliberado de búsqueda por parte de las autoridades”. En la mayoría de las investigaciones –cita el informe- las autoridades no parecen dispuestas a encontrar la verdad de lo ocurrido y, por lo general, las instancias oficiales muestran desinterés por resolver los casos. En el reporte “’Un trato de indolencia’ la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México” la organización informa que en México se ha documentado la desaparición de 27 mil ciudadanos “pero no hay claridad acerca de cuántas de estas personas han sido sujetas a desaparición forzada (es decir, con participación de agentes estatales), cuántas a desaparición a manos de actores no estatales y cuántas se han ausentado voluntariamente”. Amnistía Internacional recomienda a las autoridades mexicanas tipificar la desaparición forzada y la desaparición por actores no estatales como delitos de acuerdo con los más altos estándares internacionales. También establecer un mecanismo de búsqueda exhaustiva y expedita obligatorio, reconocer el derecho a la participación de familiares en las investigaciones y reparar a las víctimas.