MÉXICO, DF (apro).- Juristas agrupados en el Instituto de Justicia Procesal Penal AC (IJPP) repudiaron la política de comunicación del gobierno federal relacionada con la detención y privación de libertad de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, por “espectacularizar y banalizar la justicia”, produciendo con ello “una severa afectación a la convivencia democrática, las instituciones del Estado mexicano, la legalidad y los derechos humanos”. El IJPP recordó en un comunicado que en la última década el país se ha embarcado en una reforma de justicia penal y derechos humanos inédita, que está implicando un enorme esfuerzo colectivo y un alto costo a toda la sociedad. Sin embargo, lamentó, “en detrimento de este complejo proceso democratizador de la justicia, el gobierno federal --y señaladamente la Marina, Segob, PGR y PF-- ha enfocado la comunicación institucional en el caso de Guzmán Loera en filtrar a los medios y periodistas información confidencial relevante al proceso penal —en el caso de las comunicaciones entre El Chapo y la productora y actriz Kate del Castillo, asumiendo que la autoridad contaba con la orden judicial para intervenirlas— y por afectar los derechos a la dignidad, la privacidad, la confidencialidad y la protección de datos” de ambos implicados. Los especialistas consideraron que la justicia penal “no es espectáculo masivo: es uno de los mecanismos del Estado democrático de derecho para cumplir con sus responsabilidades frente a las personas, establecidas tanto en los tratados internacionales como en la Constitución y las leyes”. Por ello, advirtieron que el Estado tiene la responsabilidad de investigar, juzgar y sancionar, “bajo las reglas del debido proceso, igualdad y respeto a la dignidad humana, independientemente de quien sea la persona acusada, pues el divulgar la información personal debilita la credibilidad del sistema”. Por último, exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto que “cese de inmediato esta conducción comunicacional y actuar legalmente contra los funcionarios públicos responsables, quienes en este caso incurren en faltas de orden administrativo, civil y penal, y violaciones de derechos humanos que no deben quedar sin sanción”.