WASHINGTON (apro).- El presidente estadunidense Barack Obama perdió su argumento de mantener clasificados por “privilegio ejecutivo” los documentos de la operación de tráfico de armas a México conocida como Rápido y Furioso, luego de recibir la orden de un juez federal de entregar toda la documentación sobre el caso. La orden de la juez federal Amy Berman Jackson determina que el Departamento de Justicia entregue el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, de la Cámara de Representantes, todos los documentos clasificados por orden ejecutiva sobre Rápido y Furioso. El fallo, que representa una derrota para la Casa Blanca, permitirá al Comité analizar la documentación en detalle de Rápido y Furioso y determinar si hubo negligencia por parte del Departamento de Justicia para frenar esa operación diseñada por la oficina en Phoenix del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) para rastrear y presuntamente detener el tráfico ilegal de armas a México. Agentes del ATF de Phoenix, Arizona contrataron a traficantes de para que hicieron compras múltiples de armas de alto poder, con el objetivo de que fueran pasadas a traficantes de armamento ilegal que presuntamente las llevarían a México, y con ello detectar y contener a la red del trasiego ilegal de armas. Cientos de rifles de alto poder, como AK-47 y R-15, fueron adquiridos bajo la supervisión de los agentes federales, pero éstos perdieron el control y el rastro de las armas una vez que el arsenal llegó a México, y la mayoría de ellas terminaron en manos de narcotraficantes y de integrantes del crimen organizado, y de manera especial las armas pertrecharon al Cártel de Sinaloa. En diciembre de 2010, el agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry fue asesinado en la frontera con México, precisamente con un arma de las que compraron los traficantes bajo la supervisión de los agentes del ATF. La noticia provocó además de un escándalo, una investigación por parte del Congreso federal que puso en el banquillo de los acusados al entonces procurador general Eric Holder, y a todo el Departamento de Justicia. El Congreso intentó acusar al Holder y al Departamento de Justicia de desacato y obstrucción de la justicia, al argumentar que el gobierno de Obama sabía lo que estaba ocurriendo con Rápido y Furioso, pero ni así ordenó suspender la operación, sino hasta que ocurrió la muerte de Terry. Rápido y Furioso, que se puso en vigor en 2009, resultó ser una de las operaciones de combate al tráfico ilegal de armas hacia México más criticadas y erróneas en la historia del Departamento de Justicia estadunidense. El Congreso federal solicitó al gobierno de Obama los 10 mil 446 documentos que contienen toda la información de Rápido y Furioso, pero el Departamento de Justicia se negó a entregar, “por privilegio ejecutivo”, toda la documentación a los legisladores. Con la orden de la juez Berman Jackson, el gobierno de Obama está ahora obligado a entregar al comité legislativo los documentos que mantuvo como clasificados. La nueva documentación podría arrojar más datos sobre qué fue lo que realmente ocurrió con las armas que terminaron en las manos del Cártel de Sinaloa y, sobre todo, quiénes en ATF y en el Departamento de Justicia permitieron que esto ocurriera.