MÉXICO, DF (apro).- El gobierno argentino de Mauricio Macri salió en defensa del decreto que declaró la emergencia en seguridad y que prevé el derribo de aviones que no se identifiquen, como los usados por el narcotráfico. Gerardo Milman, secretario del Consejo de Seguridad Interior, dijo a Radio 10 que antes de derribar una aeronave cargada de drogas hay un protocolo conformado por “siete pasos” previos, por lo que “la probabilidad de llegar al derribo es prácticamente nula”, aunque consideró que la aplicación de esta medida será “excepcional”. Macri, que asumió hace poco más de un mes, declaró la víspera en un decreto “la emergencia de seguridad pública” por un año con la posibilidad de prorrogarla por el mismo periodo, ante la “situación de peligro colectivo” ocasionada por el “delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico”. Incluso, el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco, destacó la agencia AP, tildó de “hipócritas” las críticas que recibió el decreto por parte de la oposición, al recordar en declaraciones a medios de prensa que “en los últimos 10 años en nueve oportunidades se estableció un decreto secreto por el cual durante varios días se le permitía a la Fuerza Aérea y al Ministerio de Seguridad actuar en este sentido”. Burzaco se refirió así al periodo en que gobernó la presidenta Cristina Fernández (2007-2015) y parte del mandato de su difunto esposo y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007). También indicó que “existía este protocolo de actuación” para garantizar la seguridad durante las visitas de presidentes a cumbres celebradas en el país. Luego justificó que “nueve de los 10 países de la región tienen una ley de protección del espacio aéreo”, y resaltó los casos de Bolivia, Chile, Colombia y Perú. Opositores que han actuado como aliados del gobierno en otras políticas criticaron el tramo del decreto que establece la aprobación de reglas de protección aeroespacial que serán aplicadas por las fuerzas armadas, “orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza a vectores incursores en el espacio aéreo argentino”. La medida señala que serán declaradas “hostiles” aquellas aeronaves cuando tengan entidad suficiente para “perturbar, poner en riesgo o causar un daño” en el territorio nacional. Margarita Stolbizer, diputada centroizquierdista, en su cuenta de Twitter denunció que “aprobar por decreto el derribo de aviones es un enorme error institucional que puede tener consecuencias irreversibles”, y pidió que haya “debate” y “consenso” para la lucha contra el narcotráfico. “Los países que tienen leyes de derribo no han disminuido el problema del narcotráfico”, dijo y recomendó “mirar aduanas, corrupción política y policial”. A la polémica se sumaron peronistas opositores y otras fuerzas, entre ellos la diputada izquierdista Myriam Bregman, quien afirmó que se ha establecido “la pena de muerte por decreto sin juicio previo”. El gobierno de Macri sostuvo que en 2014 fueron detectados 400 vuelos clandestinos pese a las dificultades que existen con los radares instalados y que Argentina se ha convertido en los últimos años en un exportador de cocaína. También anunció que en marzo enviará un proyecto de ley al Congreso para reemplazar el controvertido decreto. Por su lado, la Iglesia católica y la Corte Suprema de Justicia han alertado sobre el avance del narcotráfico en el país y su incidencia en el incremento de la delincuencia.