En Tierra Caliente se muere de impunidad

CHILPANCINGO, Gro. (Proceso).- El secuestro masivo de una familia en Arcelia y el de cinco profesores en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, registrados esta semana, exhibió la impunidad y violencia que prevalecen en la entidad, además del fracaso de la estrategia de seguridad federal coordinada por el Ejército desde diciembre de 2014 en la región de la Tierra Caliente, donde la delincuencia mantiene su control territorial.

El grupo que dirige un sujeto conocido como El Tequilero, al servicio de Guerreros Unidos, le disputa a La Familia, encabezada por Jonhy El Mojarro Olascoaga Hurtado, el control de las zonas de producción y trasiego de drogas en la zona norte y la región de Tierra Caliente. Sus recientes saldos muestran cómo la delincuencia logró enquistarse en la industria minera, en la que se han convertido en socios de las empresas extranjeras e incluso les rentan maquinaria con la anuencia de autoridades de los tres niveles.

La tarde del sábado un grupo armado interceptó a una familia que se dirigía a una boda en la comunidad de El Salitre, municipio de Arcelia. Los pistoleros se llevaron por la fuerza al menos a 16 hombres; dejaron libres a mujeres y niños.

Los sicarios ejecutaron a cuatro personas sobre el camino de terracería, entre ellos a José Eutimio Tinoco, que poseía una cadena de tortillerías en Arcelia.

El lunes 11, otro comando irrumpió en la secundaria técnica 114, en el poblado de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán del progreso y secuestró a cinco docentes, entre ellos una mujer y el director del plantel, frente a sus alumnos y trabajadores.

El secuestro provocó malestar generalizado en esta región, que colinda con Michoacán y el Estado de México, donde la narcoviolencia provocó el cierre de comercios y la salida de empresas trasnacionales, como Coca Cola-Femsa.

Desde el martes 12, una veintena de planteles cerraron ante la falta de garantías de seguridad para los profesores. Familiares de los maestros secuestrados salieron a pedir dinero porque los plagiarios exigieron 2.5 millones para liberarlos.

Decenas de personas marcharon en Arcelia y bloquearon la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano para exigir la liberación de los 16 plagiados. También exigieron que se fuera la Policía Federal, por sus presuntos nexos con el narco.

El gobierno guerrerense anunció un despliegue de soldados y agentes estatales para tratar de localizar a los plagiados. El fiscal de la entidad, Xavier Olea Peláez, atribuyó los plagios al Tequilero, cuya banda está afincada en el municipio de San Miguel Totolapan.

Desde el año pasado, el exdiputado federal perredista vinculado con el narco, Catalino Duarte Ortuño, acusó públicamente al exalcalde de San Miguel Totolapan y actual diputado local priista, Saúl Beltrán Orozco, de ser compadre del Tequilero y permitir que convirtiera en su bastión este municipio, considerado como el principal en la producción de heroína y mariguana.

Guerrero es el estado con mayor número de desplazados por la narcoviolencia. La desconfianza hacia las autoridades obligó a los habitantes de Arcelia a pedir la ayuda del líder del grupo criminal La Familia, Jonhy El Mojarro Hurtado Olascoaga, para localizar con vida a las víctimas.

La noche del jueves 14 se colocó en la principal calle de Arcelia una manta con el mensaje:

“Sr. Pez, tus paisanos necesitamos de su apoyo ya que las fuerzas militar, estatales y federales no han hecho nada por nuestras personas desaparecidas, ahora más que nunca necesitamos de usted. Como siempre ha visto por su gente, esperamos esta vez no se la excepción. Atte. El pueblo de Arcelia”.

En respuesta, las autoridades estatales hicieron contacto con el grupo del Tequilero y negociaron la liberación de los 21 secuestrados de los que se sabía hasta ese momento: 16 hombres de Arcelia y los cinco profesores de Ajuchitlán, informaron fuentes gubernamentales a Proceso.

La noche del viernes 15, los delincuentes liberaron a 21 hombres, 16 eran los plagiados en Arcelia. El resto eran personas privadas de su libertad en otro momento, en las inmediaciones del poblado de La Agavia, a unos 20 minutos de la cabecera de San Miguel Totolapan.

El director de la Policía Ministerial Estatal, Ricardo Zamora Guevara, encontró a las 21 víctimas donde le indicaron los delincuentes. Cerca de la 1:00 de la madrugada reportó el hecho y destacó que los cinco profesores no estaban en el grupo, indicaron las mismas fuentes.

En la mañana del mismo viernes se reportó que en otro lugar de San Miguel Totolapan la banda de El Tequilero había liberado a los profesores plagiados en Santana del Águila. Autoridades ministeriales lo confirmaron, pero sólo encontraron a cuatro docentes con vida. Las víctimas informaron que el director del plantel, Joaquín Real Toledo, murió durante el cautiverio porque sufría un cuadro asmático. Desconocen dónde dejaron su cadáver.

Entrevistado sobre estos hechos, el fiscal Xavier Olea atribuye la liberación de las víctimas a labores de “inteligencia” y presión de la Policía Ministerial, el Ejército y agentes federales.

Considera que el orden y la paz ofrecida en campaña por el gobernador priista Héctor Astudillo “empieza a verse”, promete detener a los secuestradores, y añade que el motivo del plagio masivo fue económico y no político. Remata: “¡Viva Guerrero!”.

Sin embargo, la tarde del mismo viernes el grupo del Tequilero difundió un video en redes sociales, donde confirmó que la liberación de las víctimas fue pactada con las autoridades y exigieron al gobernador y al fiscal que cumplan su compromiso de detener al Mojarro Olascoaga.

En ese video se ven varias personas sentadas con el rostro cubierto y vigiladas por sujetos armados. También se oye a un hombre afirmar que El Mojarro provocó el cierre de la mina de oro Campo Morado, en Arcelia, en febrero del año pasado, porque les exigió una cuota de 20 millones de pesos a los empresarios belgas.

El secuestrador, que en el video asume una actitud benevolente con sus víctimas, aseguró que el líder de La Familia tenía una flotilla de camiones de carga que rentaba a la empresa minera.

Enseguida, la voz anuncia que los hombres serán liberados pero exige al gobernador Astudillo que detenga al Mojarro, de lo contrario la violencia seguirá en esta zona productora de oro y amapola.

El año pasado, los empresarios de Campo Morado anunciaron el cierre de la mina por motivos de inseguridad. Poco antes se registró un paro de transportistas que demandaban el pago de 14 millones de pesos. Aunque este bloque fue ­vinculado al grupo delictivo del Mojarro, las autoridades estatales afirmaron que los inversionistas se fueron porque incumplieron cláusulas del contrato colectivo de trabajo.

También en febrero de ese año, habitantes de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, cerraron las instalaciones de la minera canadiense Media Luna, tras el plagio de al menos 18 trabajadores. Responsabilizaron de ese hecho a La Familia.

Algunos ciudadanos denunciaron públicamente que el jefe de este grupo criminal, Jonhy Hurtado, estaba coludido con directivos de esa empresa porque su compañía Capitsa ofrece sus servicios a Media Luna.

Pese a todo esto, las autoridades de los tres niveles no han investigado la diversificación de las actividades de los criminales que operan en la zona norte y la Tierra Caliente.

Operativo fallido

Tras la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó un acto oficial en Iguala donde anunció un operativo policiaco-militar en 36 municipios de Guerrero, Michoacán, el Estado de México y Morelos.

El objetivo era revertir los efectos de la narcoviolencia en Tierra Caliente para tratar de garantizar el libre tránsito.

En aquel acto, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, explicó que el operativo abarcaba 22 municipios de Guerrero, todos ellos controlados por la delincuencia y que se disputan al menos La Familia, Guerreros Unidos y Los Caballeros Templarios.

Esos municipios son Iguala, Taxco, Teloloapan, Eduardo Neri, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, ­Apaxtla de Castrejón, Pungarabato, Coyuca de Catalán, Arcelia, Tlalchapa, Buenavista de Cuéllar, Zirándaro, Pedro Ascencio de Alquiciras, Pilcaya, Tlapehuala, Cuetzala, Cocula, General Canuto A. Neri, Ixcateopan, Cutzamala de Pinzón y Tetipac.

Al frente de esa operación policiaco y militar fue designado el general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la IX Región Militar con sede en Acapulco y quien hasta noviembre de 2014 fue jefe de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo: tenía bajo su mando al 27 batallón de Iguala, vinculado con la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Los hechos de violencia no disminuyeron. La estela de ejecuciones, secuestros, extorsiones y desapariciones forzadas se disparó a niveles dramáticos. Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan que en 2014 hubo mil 514 homicidios dolosos (810 cometidos con arma de fuego), mientras que de enero a noviembre de 2015 se reportaron mil 824 (mil 175 con arma de fuego).

Aunque no se ha reportado la cifra oficial de ejecuciones durante diciembre pasado ni en lo que va de este año, una revisión en medios impresos indica que en los primeros 15 días de 2016 van al menos 80 asesinatos.

A pesar del evidente fracaso del operativo en Tierra Caliente y Acapulco, el secretario Osorio Chong anunció un “rediseño” de la estrategia y ratificó al polémico general Saavedra como su coordinador.

“Desde el ámbito federal y con la presencia de todo el gabinete de seguridad, y por instrucción del presidente, una vez al mes estaremos aquí en Guerrero para revisar la estrategia y vaya en el camino que nos hemos fijado todos nosotros”, ofreció el secretario de Gobernación en un acto oficial en Acapulco, después de la toma de protesta del gobernador Héctor Astudillo Flores a finales de octubre pasado.

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