CUERNAVACA, Mor. (apro).- La Fiscalía General estatal extravió los estudios de ADN de más de 40 cadáveres inhumados en sus fosas clandestinas ubicadas en el predio conocido como El Maguey, del poblado de Tetelcingo, por lo que deberá exhumar una vez más los cuerpos para volver a realizarles los exámenes de identificación, reveló el titular de la dependencia, Javier Pérez Durón, ante diputados locales. En comparecencia realizada esta tarde, el fiscal señaló: “Vamos a hacer la exhumación correspondiente para que aquellos cuerpos que no cuentan con el perfil genético o que periciales no los tiene, no exista ninguna duda. Vamos a tomar el perfil genético de alrededor de 40, que no los hemos encontrado. No sé si mañana o pasado llegue el coordinador de servicios periciales o el genetista y me diga ‘licenciado ya los encontré’”, justificó frente a los integrantes de la Comisión de Seguridad del Congreso local. De hecho, Pérez Durón admitió que la Fiscalía ha entorpecido la posibilidad de que los familiares de las víctimas identifiquen a sus deudos, ya que hasta el momento no ha podido publicar en el Sistema de Índice Combinado de ADN (Codis), de la PGR, la información completa de los exámenes de reconocimiento aplicados a los 118 cadáveres, que admite la dependencia, fueron inhumados clandestinamente en las fosas de Tetelcingo. El fiscal también informó que los funcionarios responsables de la inhumación irregular serán motivo de sanción ante los avances de la carpeta de investigación, que apuntan hacia la violación de prácticamente todos los protocolos establecidos, pero fundamentalmente por haberlos depositado sin las pruebas de reconocimiento necesarias. Aunque sigue negando que se trate de fosas clandestinas, Pérez Durón admitió que la “fosa común” en la que fueron inhumados los cuerpos nunca contó --y hasta la fecha carece-- con los permisos y reglamentación correspondiente para operar como depósito de la Fiscalía. También informó que ocho de los 118 cadáveres aún no tienen siquiera una carpeta de investigación iniciada y que esos cuerpos originalmente fueron enviados de la Fiscalía de la zona metropolitana de Cuernavaca al depósito irregular en Cuautla. Del total de cuerpos, 26 murieron por enfermedad, cuatro por suicidio, 41 corresponden a carpetas iniciadas por muerte violenta, siete por accidentes o caídas, 12 por hechos de tránsito y de nueve no se tiene el motivo de su deceso. Peritos independientes Apro ha dado seguimiento al tema de las fosas clandestinas de la Fiscalía General desde el momento en el que salieron a la luz, en noviembre de 2015, luego de que la familia de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, comerciante secuestrado y asesinado en mayo de 2013, quien a pesar de estar plenamente identificado, fue inhumado clandestinamente con otros 150 cuerpos en dos fosas ubicadas en el poblado de Tetelcingo, al norte de Cuautla. De acuerdo con la denuncia y el video que fue publicado en el portal de proceso.com.mx, en diciembre pasado, 150 cuerpos fueron exhumados por personal de la Fiscalía hasta encontrar el de Oliver Wenceslao para ser entregado a su familia. Desde entonces a la fecha, Apro ha publicado documentos de la propia Fiscalía en los que las cifras del número de cadáveres no está claro, pues unos documentos hablan de 118, otros más de 150. Esta información provocó que el fiscal Pérez Durón debiera comparecer ante el Congreso ya en dos ocasiones, en las cuales no ha podido explicar cómo es posible la violación de los protocolos y leyes de la materia. Amalia y María Concepción Hernández, tía y madre de Oliver Wenceslao, debieron acudir a una reunión con el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Plascencia, quien decidió atraer el caso y desde entonces se encuentra en proceso para posiblemente emitir una recomendación. En tanto, organizaciones de familiares de víctimas de desaparición publicaron una carta dirigida al gobernador Graco Ramírez y al presidente Enrique Peña Nieto, para exigirles que tomaran las medidas necesarias para exhumar los cuerpos y practicar exámenes genéticos y de identidad, con el fin de comprobar si están o no ahí sus familiares. Este jueves es la primera vez que el fiscal Pérez Durón admite que no cuentan con toda la información de los cuerpos y que es posible que abran las fosas para tomar las muestras necesarias e identificar a un número importante de cuerpos depositados en Tetelcingo. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha acompañado el proceso de las víctimas, mientras que ya creó un departamento de identificación humana para participar como peritos independientes en el tratamiento de los cuerpos. No obstante, el gobierno se ha negado a que participen los especialistas universitaros.