MÉXICO, DF (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) recibió este martes una denuncia por desaparición forzada ocurrida hace 80 años en España, en el contexto del golpe de Estado encabezado por Francisco Franco. Apelando al derecho internacional, Anaïs Huerta solicitó la intervención del Estado mexicano para esclarecer el destino final de su tío abuelo Félix Llorente Gutiérrez (sindicalista ferroviario), detenido el 28 de julio de 1936 en Medina del Campo, Valladolid, y desaparecido el 15 de agosto de ese mismo año, víctima de un proceso de “eliminación sistemática en los primeros meses de la guerra de toda la gente de izquierdas”. Acompañada en la exigencia de justicia por Amnistía Internacional, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Federación Internacional de Derechos Humanos  (FIDH), Anaïs busca que el caso de su tío abuelo también impacte en el esclarecimiento de las miles de desapariciones en México, y que el país se mire en el espejo de España, donde “después de 80 años los crímenes de lesa humanidad siguen impunes”. Documentalista y residente en México desde hace diez años, Anaïs dijo estar consciente del reto que significa para el Estado mexicano asumir la investigación que ella y su padre, Félix Huerta, han realizado en los últimos cinco años y que entregó a la PGR con 25 anexos en una reunión en la que estuvo presente el subprocurador de Derechos Humanos de la institución, Eber Betanzos, quien se comprometió a analizar el caso. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, explicó que decidieron recurrir a la justicia mexicana, toda vez que en su país están cerradas las puertas para las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Recordó que en 2008 familiares y víctimas del franquismo presentaron 114 mil casos –la mayoría de ellos por desaparición forzada– ante el juez Baltazar Garzón, pero cuatro años después el Tribunal Supremo negó la acción de la justicia, con el argumento de que los responsables estaban muertos y que eran delitos del fuero común que habían prescrito. En 2010, apuntó, familiares de víctimas acudieron al sistema de justicia de Argentina, que aceptó los casos en apego al derecho internacional, y aunque ya existen 19 perpetradores identificados, el gobierno español ha puesto obstáculos para ejecutar órdenes de captura. Lo que buscan las organizaciones y Anaïs es que México sea consecuente con los tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha firmado. “La clave es el Estado, si el Estado mexicano obliga al Estado español a cumplir con su obligación, probablemente el Estado mexicano entienda cuál es su responsabilidad con respecto a sus propios desaparecidos; además México tiene que cerrar el círculo con respecto a la posición que tomó en la guerra civil: en 1939 salvó la vida de 30 mil personas, ahora es de esperarse que acepte la denuncia y realice las investigaciones”, añadió Beltrán. De acuerdo con Anaïs Huerta, en su familia no cuentan con una foto de su familiar, desaparecido cuanto tenía 27 años de edad. “Todo documento que ligara a Félix con la familia se destruyó, porque en esos años si se descubría que eras familiar de una persona de izquierda que fue desaparecida, podías correr con la misma suerte. Ni siquiera se hablaba en las familias de las víctimas, todavía hoy hay miedo”. Durante los últimos cinco años, Anaïs y su padre realizaron una intensa investigación en archivos desclasificados, así como entre historiadores, testigos y víctimas de la represión, y fueron asesorados por el forense Francisco Echeverría. “Dimos con una fosa,  que es una bodega de vinos subterránea muy grande donde habría más de 200 cuerpos, que es donde tiraban a la mayoría de los cadáveres de la gente de la zona. No sabemos si está ahí mi tío abuelo”, explicó Anaïs. Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional, agregó que durante las pesquisas realizadas se pudo identificar a autoridades como el alcalde y los responsables de las prisiones de la región, quienes tendrían alguna responsabilidad en la desaparición forzada de Félix Llorente y otros desaparecidos. Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional en México, puntualizó que el fundamento legal para solicitar la intervención del Estado mexicano está en el “propio Código Penal Federal que establece que cuando un delito se comete en el extranjero, pero surte efectos en territorio nacional, entonces la autoridad mexicana tiene la obligación de investigar; en este caso, si el delito se cometió en España, pero es un delito de tracto sucesivo, sigue teniendo sus efectos debido a que Anaïs está en México y ella sigue siendo afectada por la desaparición Félix”. Tras explicar que es la PGR la que tendría que llevar la investigación  y un juez mexicano emitir la sentencia, Quiroz resaltó que ante la petición presentada este martes, la dependencia puede decidirse a actuar, teniendo en cuenta que se trata de una investigación prácticamente concluida, negarse a intervenir o bien dejar que “la investigación duerma el sueño de los justos como en muchos casos. En cualquiera de esas posibilidades estamos listos para seguir los pasos jurídicos necesarios”. Para Perseo Quiroz el caso de Félix Llorente es una oportunidad más que tiene el Estado mexicano para mirarse en el espejo de España. “Lo que pasó allá hace 80 años puede ser perfectamente la historia de lo que pasa en México hoy, y si no hacemos algo ahora, en 80 años vamos a sufrir lo mismo que en España”, puntualizó.