MORELIA, Mich. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJEM) obtuvo auto de formal prisión para seis elementos de la Policía  del municipio de Zamora por su probable responsabilidad en el delito de  asociación delictuosa agravada. De acuerdo con la información difundida a través de un comunicado, una vez que el juez penal valoró los datos de prueba aportados, resolvió el auto de formal prisión en contra de Jesús María Tienda Espinoza, director de Seguridad en Zamora, el Coordinador Operativo y cuatro policías. De acuerdo las investigaciones de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, existen indicios de que los antes citados brindaron protección  y fueron omisos en actos que generaron el homicidio de cinco personas, entre ellos el ocurrido el  pasado 4 de enero en perjuicio de un elemento de la Policía Municipal y el de  dos personas (hermanos) registrado el 15 de enero en  las inmediaciones del Mercado Hidalgo de la ciudad de Zamora. Los inculpados fueron detenidos por personal de la PGJEM y consignados ante el juez penal,  quien resolvió su situación jurídica al fenecer  la duplicidad del término constitucional solicitado por la defensa. Tienda Espinoza tiene formación en el Ejército Mexicano, donde alcanzó el rango de teniente coronel y con el que se retiró de esa institución. También fue director de Seguridad Pública de Zamora en el trienio del priista Pablo Gutiérrez, periodo en el que se recibieron muchas quejas por presunto abuso de autoridad. De hecho, en 2007 estuvo sujeto a proceso penal bajo el expediente 139/2007, por el delito de abuso de autoridad, ante el juzgado Segundo Penal de Zamora. Incluso, dentro del expediente, el cual es público en el portal del Poder Judicial de Michoacán, se establece que el 12 de junio de 2007, Tienda Espinoza realizó un pago parcial por la reparación del daño, aunque no especifica mayores datos. La Fiscalía dijo que ambos funcionarios también son investigados por la supuesta protección que brindaban a narcotraficantes de la banda de los Caballeros Templarios. La Procuraduría continúa con las investigaciones.