A seis meses, acecha el carpetazo en el caso Narvarte

La juez que investiga la matanza de la colonia Narvarte perpetrada el 31 de julio pasado –en la que fueron asesinados el fotorreportero de Proceso Rubén Espinosa y cuatro mujeres– ordenó cerrar la instrucción del caso. Pero los defensores de las víctimas explican que aún falta esclarecer el móvil de la ejecución, saber si el trabajo periodístico de Espinosa motivó el ataque, llamar a declarar a más personas, investigar los señalamientos de que hubo más perpetradores, indagar una serie de llamadas desde Chihuahua, profundizar en la identidad del propietario de la camioneta en que los asesinos llegaron al departamento, ampliar la mecánica de hechos, y aclarar la ruptura de la cadena de custodia, entre otros aspectos. Hay un carpetazo en puerta.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A seis meses del asesinato de cinco personas en la colonia Narvarte de la Ciudad de México –incluidos un fotoperiodista de Proceso y una activista– la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sigue sin establecer el móvil del crimen, sin atender las peticiones de los abogados coadyuvantes y sin oír a los familiares de las víctimas.

Además, está a un paso de dar carpetazo al expediente –que suma 15 tomos–, luego de que el viernes 29 la juez 25 en materia penal del Distrito Federal, Hermelinda Silva Meléndez, ordenara en tiempo récord cerrar la instrucción del caso, paso previo para dictar sentencia sólo a Daniel Pacheco Gutiérrez y José Abraham Tranquilino Torres, ya que César Omar Martínez Zendejas está amparado.

Con ello, las promesas de Miguel Ángel Mancera de “llegar hasta las últimas consecuencias” y “no permitir que haya impunidad” quedan en el aire, según Patricia y Alma Espinosa Becerril, hermanas del fotorreportero Espinosa, quienes lo retan: “Si así como jefe de Gobierno que se había comprometido a resolver, no ha resuelto nada en este caso, no nos imaginamos cómo podría ser estando como presidente del país”.

La orden de la juez se dio en medio de múltiples cuestionamientos sobre el trabajo de la investigación que la PGJDF ha hecho sobre el caso y que, según Leopoldo Maldonado, abogado de la organización internacional Artículo 19 y representante de la familia de Espinosa, “deja muy claro que no puede o no quiere llegar al fondo del asunto”.

En entrevista con Proceso resalta que esa situación “es muy preocupante porque viola el derecho a la verdad, al acceso a la justicia a las víctimas y el derecho a la verdad de la sociedad” asentados en la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2048 de la revista Proceso, ya en circulación.

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