HERMOSILLO, Son. (apro).- Jorge Morales Borbón, exsecretario de Comunicación Social en el gobierno de Guillermo Padrés, fue aprehendido esta mañana, acusado de los delitos de extorsión a tres medios de comunicación y dos particulares. De acuerdo con el fiscal anticorrupción Odracir Espinosa Valdez, Morales Borbón podría recibir una sentencia de cinco a 60 años de cárcel y una sanción económica de hasta 12 mil 726 pesos, según lo estipula el Código Penal sonorense. “Presumiblemente el detenido usó su facultad de funcionario para colectar beneficios monetarios a su favor, coaccionando e intimidando a las víctimas por recibir un pago extra luego de prestar un servicio al gobierno del estado”, expuso el fiscal. “El señor Jorge Morales –añadió– les pedía dinero a las víctimas para liberar los pagos que tuvieran pendientes tras prestar sus servicios”. Precisó que antes de concretar la captura de Morales se recabaron testimonios de tres empresas y dos particulares, y se analizaron órdenes de pago y transferencias bancarias que fueron consignadas ante el juez. “Lo que hoy estamos presentando no cierra un capítulo, sino que es el principio de múltiples acciones para turnar ante la justicia sonorense a quienes defraudaron la confianza de los ciudadanos; además debe quedar claro que ningún acto de corrupción quedará impune”, acotó Espinosa Valdez. El excolaborador de Guillermo Padrés fue detenido alrededor de las 11:00 en las inmediaciones de la zona comercial conocida como Vado del Río, luego de lo cual fue trasladado al Centro de Readaptación Social (Cereso 1), en el límite oriente de esta capital, para que enfrente su proceso penal. Morales Borbón se convirtió en el primer exservidor público consignado y sujeto a proceso penal por parte de la Fiscalía Anticorrupción que inició operaciones el 28 de septiembre de 2015. Antecedentes El pasado 13 enero Jorge Morales Borbón y el subsecretario de la Secretaría de Comunicación Social del estado, Luis Enrique Montejano, comparecieron ante la Fiscalía Anticorrupción por la creación de supuestas empresas fantasmas que socavaron el erario estatal. Los exfuncionarios, quienes manejaban los medios y la imagen pública a Guillermo Padrés, rindieron su declaración en calidad de inculpados y presentaron como su representante legal al exprocurador de Justicia Carlos Navarro Sugich. Poco antes, el 13 de octubre pasado, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) inició una investigación contra el exsecretario de Comunicación Social, quien durante los últimos tres meses de la administración padrecista se hizo cargo de la televisora estatal Telemax y solicitó un crédito de 90 millones de pesos “en secreto”. De acuerdo con el instituto fiscalizador, ese crédito fue avalado por el exgobernador Guillermo Padrés para que Morales comprometiera las participaciones estatales de la televisora hasta 2025, sin el consentimiento del Consejo Administrativo. El crédito bancario fue tramitado ante el Banco de Interacciones S.A. Hasta el momento se han retirado 45 millones para la modernización digital de la televisora. El capital restante no tiene registro fiscal. Acciones  La Procuraduría Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción cuenta con 128 expedientes en contra de colaboradores y empresarios ligados al sexenio del exmandatario panista Guillermo Padrés Elías, de los cuales 42 casos fueron remitidos por la Fiscalía General de Justicia del estado y 12 canalizados por la Procuraduría General de la República (PGR). La Fiscalía Anticorrupción ha citado a comparecer a 135 personas, entre exfuncionarios de primer nivel, exdirectores de área e incluso exsecretarios del sexenio pasado, acusados de los delitos de peculado, incumplimiento de un deber legal, ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, entre otros. Hasta ahora los peritos e investigadores han desahogado mil 100 diligencias, como comparecencias, declaraciones testimoniales, ratificación de denuncias, declaraciones ministeriales, solicitudes de información, inspecciones ministeriales y cateos, así como solicitudes de peritajes de audio, video, perfil psicológico y grafoscopía.