CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre la “cifra negra” de los delitos no denunciados y la nula eficiencia de los aparatos de impartición y procuración de justicia en México el 99% de los delitos perpetrados en el país permanecen en la impunidad, reveló un amplio informe que publicó hoy la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP). Debido a la “pérdida de tiempo” y la “desconfianza en la autoridad”, los mexicanos denuncian solamente siete de cada 100 delitos de los que fueron víctimas, por lo que existe una “cifra negra” de 92.8% respecto a los delitos no reportados. Esta cifra negra se eleva a 96.5% en San Luís Potosí, 95.8% en Guerrero y 94.8% en Jalisco y en Zacatecas. Y los mexicanos que tomaron el tiempo de denunciar los delitos de los que fueron víctimas tampoco tienen muchas esperanzas de conseguir justicia, pues solamente el 4.46% de los delitos registrados por las autoridades derivan en alguna sentencia condenatoria. Así, el informe estimó que en 0.7% de los casos, la víctima recupera sus bienes y en 0.5% de los casos se consigna al delincuente. “Considerando que únicamente al 0.2% se le otorgó el perdón, estaríamos estimando que menos del 1.4% de los delitos en México son castigados”, insistió el documento. Lo anterior resulta particularmente grave en México, pues el informe recuerda que “la impunidad es una variable que es origen y destino de otros problemas nacionales como la inseguridad, violencia, corrupción, desarrollo económico e inclusive de la desigualdad social”. En abril pasado, la UDLAP realizó un informe en el que midió los índices de impunidad en 59 países. En esta clasificación, México ocupó el lugar 58 –el penúltimo--, rebasado por Filipinas pero por encima de Colombia, Turquía, Rusia, Nicaragua y Honduras. México también destacó como uno de los países con mayor impunidad relacionada con violaciones a los derechos humanos. En el informe publicado hoy, los investigadores aplicaron una metodología similar, con el objetivo de medir los niveles de impunidad en cada estado del país. Tras exponer una enorme cantidad de variables, factores y cifras respecto a la situación de la impartición de justicia en las entidades federativas, su conclusión sentenció: “Los datos nos señalan que existe una impunidad generalizada” en cada una de ellas. Así, de acuerdo con el índice que mide el grado de impunidad en entidades federativas, los estados de Quintana Roo, México, Baja California, Durango, Tamaulipas, Guerrero, Coahuila, Yucatán, Veracruz, Querétaro, Nuevo León, Oaxaca y Baja California Sur integran al grupo de entidades con las tasas de impunidad más altas. Al grupo de estados con un “grado de impunidad alta” pertenecen Morelos, Sinaloa, Puebla, Tabasco, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Zacatecas y Guanajuato. Y solamente dos de las 32 entidades, Campeche y Nayarit, mostraron grados de impunidad baja --aunque Campeche reportó información sospechosa y ocultó datos que “ponen en entredicho la confiabilidad” de los mismos-- mientras otros cinco obtuvieron un grado de impunidad media: San Luís Potosí, el Distrito Federal, Sonora, Chihuahua y Chiapas. En el caso de Michoacán, los investigadores encontraron resultados “atípicos” que les llevaron a sospechar que el estado maquilla sus cifras. “Considerando la situación de violencia, delincuencia organizada y restructuración que ha sufrido en los últimos años, el indicador obtenido no refleja suficientes niveles de confianza con la realidad del estado”, explicó. El índice de impunidad del informe no toma en cuenta las violaciones graves a los derechos humanos –por considerar que las estadísticas provenientes de las comisiones estatales de Derechos Humanos “no son confiables”-- y sufre del hecho que muchas entidades proporcionan cifras maquilladas, lo que ilustra “profundas deficiencias” e “incapacidad institucional”, planteó el documento. Poco personal, mal capacitado Una de las causas de la ineficiencia del sistema de impartición de justicia en México recae en la falta de personal en el aparato policiaco y judicial –el cual resulta desbordado ante la amplitud de los delitos—aunado a su mala capacitación. Según el promedio nacional, una población estándar de 100 mil personas denuncia en promedio mil 449 delitos que derivan en averiguaciones previas cada año. Para esta población de 100 mil personas, sólo hay 3.2 agencias del ministerio público para atender las denuncias, y en ellas están solamente 7.6 agentes capacitados para investigar. En el caso de que se abriera un juicio, le tocaría a uno de los 3.5 jueces disponibles emitir una decisión. Así, a nivel nacional por cada mil delitos reportados –poco más de 7% de los que realmente ocurren-- existen 5.31 agentes del ministerio público, 1.31 peritos y 7.72 policías judiciales. En Querétaro sólo hay tres agentes del ministerio público por cada mil delitos registrados, por lo que cada uno atiende 333 delitos por año; más de un delito por cada día laborado. El tiempo promedio de un proceso de averiguación previa es de 72 horas, observó el informe. En Sinaloa, la situación de la policía judicial es más grave aún, hay 0.39 agentes por cada mil delitos, y en general la proporción de personal de impartición de justicia se encuentra muy por debajo del promedio nacional, ya de por sí insuficiente. “Esto resulta relevante para Sinaloa dada la gravedad de los delitos que se cometen en la entidad”, subrayó el informe. En Tamaulipas, la escasez de personal –todos los indicadores se encuentran muy por debajo de los promedios nacionales—explica en parte que por cada averiguación previa y carpeta de investigación abierta se aprehende y se sentencie a 0.05 personas, planteó el informe. Impunidad casi absoluta Asimismo, se estima que cuatro de cada diez personas que las autoridades encarcelan no tienen ninguna sentencia definitiva, pues su proceso aún no termina. En Baja California, el 95% de los ingresados a la cárcel están en proceso penal; en Durango esta proporción es de 90% y en Oaxaca de 82%. En paralelo, señaló que las cárceles mexicanas sufren de una sobrepoblación que rebasa en un 30% su capacidad. En Morelos, tercera entidad con el mayor número de delitos registrados, se abre un proceso penal en solamente 3% de las averiguaciones previas, y solamente el 1% de los delitos consumados encuentran sentencia condenatoria. En Tabasco, el ministerio público determinó solamente el 12% de las averiguaciones previas que inició, mientras que las autoridades judiciales sólo sujetan a proceso a uno de cada diez inculpados. El informe también señaló la falta de independencia de las comisiones de derechos humanos estatales, las cuales emitieron apenas 794 recomendaciones sobre desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y encarcelamiento político entre 2010 y 2014. Y llamó la atención sobre ciertas comisiones en particular, como las de Guerrero, Morelos, Michoacán, el Estado de México o Tamaulipas –entidades que forman parte de las más delictivas del país—las cuales emitieron menos de siete recomendaciones respecto a estas violaciones a los derechos humanos durante cuatro años. Los investigadores no encontraron ninguna correlación entre los índices de impunidad con los indicadores de pobreza o de desigualdad, un resultado “esperado”, pues “independientemente de las condiciones sociales o económicas locales, la impunidad existe”. Y estimó que la impunidad ya cobró “graves consecuencias” en México, tomando como ejemplos concretos la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las masacres de Tlatlaya, Apatzingán o Tanhuato, la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán o “la revelación de conflictos de interés involucrando a miembros del gabinete presidencial”, sin detallar a quién se refería.