PUEBLA, Pue., (apro).- Cuando sólo le faltaba un año para jubilarse, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) despidió a la arquitecta Sonia Espinosa Martínez, una de las principales críticas de las obras que ha realizado el gobernador Rafael Moreno Valle “en perjuicio” del patrimonio cultural e histórico de Puebla. Además de encabezar un movimiento contra la destrucción de la Casa del Torno en el Barrio del Artista y de oponerse a la construcción de un parque turístico sobre las ruinas arqueológicas de Cholula, Espinosa Martínez formó parte de la Comisión Mixta de Trabajadores y directivos del INAH que puso al descubierto el caso de los “cachirules” al interior del instituto. Fue en el 2003, cuando la Comisión Nacional Mixta de Arquitectura y Restauración --de la que Espinosa formó parte--, solicitó a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) la autentificación de los documentos presentados por cuatro arquitectos. Así, quedó al descubierto que Jorge Salgado Tlahuis, entonces coordinador de la Sección de Monumentos Históricos en el Centro INAH-Puebla y quien rubricaba las licencias de construcción para obra, nunca concluyó sus estudios pues sólo cursó 50 de las 57 materias de la carrera de Arquitectura. José Guadalupe Flores Vargas, quien también se ostentaba como perito arquitecto, sólo cursó 22 materias de la carrera. Ante la insistencia de la Comisión, el INAH presentó denuncias contra estos dos peritos por falsificación de documentos. El INAH presentó otra denuncia ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje contra el perito José Martín Limón Osorio por falsificar su título profesional. En marzo de 2015, Proceso (2002) publicó que, pese a tener conocimiento -desde hace más de 12 años- de estas irregularidades, el INAH no sólo dejó a los tres como inamovibles en sus cargos, sino que eran ellos los comisionados para evaluar y supervisar todos los proyectos de obra de los gobiernos estatal y municipal. Tras la denuncia, el delegado del INAH, Francisco Ortiz Pedraza, defendió la postura de la institución de mantener a los empleados –aún bajo el delito de falsificación, al asegurar que debían considerarse como “historias de éxito”. A partir de estas publicaciones, el grupo de trabajadores del INAH --que desde el inicio del sexenio de Moreno Valle mantuvo una postura crítica en defensa del patrimonio cultural e histórico de Puebla— denunció una campaña de intimidación en su contra por parte de los directivos. Las presiones se dirigieron particularmente contra Sonia Espinosa Martínez, debido a su participación en la Comisión que descubrió a los peritos “cachirules”, pese a que la información sobre su situación académica se obtuvo con base en solicitudes de acceso a la información pública. Aunque Salgado Tlahuis fue removido del cargo de coordinador de la Sección de Monumentos Históricos en el Centro INAH-Puebla, su lugar fue ocupado por Limón Osorio, quien también formaba parte del mismo grupo que aprobaba todos los proyectos de gobierno, aún sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Salgado Tlahuis se refugió en la Dirección General del Centro Histórico, a cargo de Sergio Vergara, quien aprobó la mayoría de las obras controversiales de Moreno Valle cuando fue perito del INAH. El pasado 25 de enero, Espinosa Martínez fue notificada de que el 31 de enero sería su último día de trabajo en el Instituto. El documento se lo entregó Pedro González del área de Recursos Humanos del Instituto e iba firmando por el secretario Administrativo y el Coordinador Nacional de Recursos Humanos. Académicos e investigadores se solidarizaron con la arquitecta, al asegurar que se trata de una violación a sus derechos laborales derivada de su postura por defender el patrimonio de Puebla. La antropóloga Anamaría Ashwell destacó que la participación de Espinosa Martínez en la defensa de la zona arqueológica y ceremonial de las Cholula y el patrimonio de Puebla fue “valiente y apegado a la ley”. Ahora, dijo, la arquitecta Marcela Sonia Espinosa Martínez, perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia Puebla, que nunca permitió que el Instituto justifique destrucción patrimonial en Puebla y Cholula ha sido dada de baja de su trabajo”, reclamó. “Con ella argumentamos, como comunidad afectada en sus derechos humanos (la cultura es un derecho humano) que la destrucción del patrimonio de las Cholulas no solo era ilegal, sino que merecía la abierta solidaridad de todos los investigadores del INAH. Por esa solidaridad y por pedir respeto a la ley al gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, Marcela Sonia sufre injusticias laborales”.