El Estado no quiere investigar desaparición de eperristas: Comisión de la Verdad

Pintas de apoyo al EPR en La Montaña de Guerrero. Foto: Prometeo Lucero Pintas de apoyo al EPR en La Montaña de Guerrero. Foto: Prometeo Lucero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A casi nueve años de la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Anaya, miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), nadie sabe nada de los luchadores sociales porque las instituciones “encubren” a las fuerzas armadas de México, denunciaron integrantes de la Comisión de la Verdad de Oaxaca.

Ese organismo, junto con la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda, señalaron que en 2009 el gobierno federal reconoció el delito de desaparición forzada, pero las autoridades hicieron caso omiso a una orden judicial y se negaron a investigar en los cuarteles militares en los que supuestamente fueron desaparecidos Cruz y Reyes, en mayo de 2007, y tampoco realizaron la búsqueda en cinco lugares donde posiblemente se encuentran cinco fosas clandestinas.

“Ha quedado demostrado que el Estado mexicano no tiene la más mínima voluntad política para esclarecer este crimen de lesa humanidad”, lamentaron en un comunicado, donde también denunciaron la “nula” respuesta del gobierno.

Luego de señalar que la desaparición de los eperristas es “paradigmática”, el padre Alejandro Solalinde, quien preside la Comisión de la Verdad, explicó: “Fue planeado y ejecutado por el tipo de actividades que realizaban estos luchadores desde lo institucional, con complicidad de varias instituciones y con la voluntad de ocultar este caso, de dejarlo en la impunidad”.

“Sabemos que ellos saben dónde están”, sentenció a su vez el abogado Sandino Rivero Espinoza al precisar que tanto las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar), como el Centro de Inteligencia sobre Seguridad Nacional (Cisen), fueron interlocutores de la Comisión y “tienen toda la información”.

Solalinde deploró que en materia de desaparición forzada las autoridades protegen de “manera sistemática” al Ejército y eso, dijo, “es un abono a la impunidad (…) Es intolerable”.

De acuerdo con el comunicado, en noviembre pasado la Comisión de la Verdad en Oaxaca recibió un correo electrónico del EPR en el que se le indicaba la posible ubicación de cinco fosas clandestinas en el estado. El correo precisaba que en esas fosas se encontraban los restos de luchadores sociales desaparecidos por las fuerzas de seguridad del Estado mexicano entre los años 2006 y 2007.

La Comisión proporcionó esa información a la Fiscalía para Delitos de Trascendencia Social de Oaxaca y a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Según Solalinde, platicó “varias horas” con Gustavo Salas Chávez, titular de la SEIDO, quien se comprometió a realizar la búsqueda, sin embargo, cuatro meses después, “no ha hecho nada”.

En su recomendación 7/2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) precisó que los eperristas fueron detenidos en un hotel de la capital oaxaqueña durante un operativo realizado el 24 de mayo de 2007, posteriormente fueron trasladados a la Procuraduría General de Justicia del estado y luego al Campo Militar número uno. Luego ya no se supo más de ellos.

El 12 de junio de 2014 el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito emitió la resolución 29/2014, en la que ordenó a las autoridades que realicen “la búsqueda en las principales instalaciones militares” e interroguen “a los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) o mandos militares que hubieren estado en funciones en mayo de 2007”.

La orden simplemente fue ignorada.

Tras recordar que en mayo de 2012 la PGR intentó entregar restos de otra persona como si fueran de uno de los eperristas desaparecidos, las comisiones resaltaron “el engaño y la perversidad del Estado”.

“Tenemos la certeza de que el Estado hubiera entregado estos restos a los familiares con la finalidad de dar por cerrado el caso”, declararon.

El próximo lunes 29 la Comisión de la Verdad de Oaxaca dará a conocer su informe final sobre los eventos ocurridos durante el conflicto social en 2006 y 2007, y adelantó que contendrá “importantes recomendaciones”.

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