MONTERREY, NL (apro).- Tres elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado fueron acusados de homicidio calificado y abuso de autoridad tras la riña en el Penal del Topo Chico en el que resultaron muertos 49 internos, dio a conocer esta noche el procurador de Justicia de Nuevo León Roberto Flores. Aunque se mencionó que la directora del reclusorio, Gregoria Salazar, estaba entre las personas arrestadas, el funcionario dijo que ella se encontraba laborando en su puesto. La cifra de trabajadores del penal detenidos podría incrementarse, abundó. Se supone que los acusados eran empleados de la misma prisión. Acompañado del gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, Flores Treviño reveló que los 40 reos muertos ya identificados fueron entregados a sus familiares, cinco permanecen calcinados sin identificar, y los otros cuatro se encontraban internados sin que existiera registro sobre su identidad, una situación que consideró “irregular” y que ya es investigada. La mayoría de los fallecidos habían sido procesados por delitos contra la salud y la seguridad del estado, apuntó. Luego de la matanza ocurrida el miércoles por la noche, el procurador explicó que tras analizar los videos de los hechos identificaron a los tres trabajadores de la SSP acusados, pero su identidad será revelada hasta el sábado en la tarde cuando él convoque a una nueva conferencia de prensa. Todos ellos se encuentran separados de su cargo solamente, y aún no se les procesa. Aclaró que los internos, Jorge Iván Hernández Cantú, El Credo, y Juan Pedro Saldívar Farías, El Z 27, por quienes inició la masacre, se encuentran vivos y están dentro del contingente de internos que fueron trasladados a otros penales. Para explicar el inicio de la reyerta, Flores relató que los dos líderes internos pertenecían al Cártel de los Zetas. El Credo controlaba el Topo Chico, pero el Z 27, al llegar hace poco más de dos meses, quiso disputarle el mando. “De alguna u otra manera, este sujeto convenció a todo un ejército de individuos ahí adentro para atacar a El Credo. La situación que prevaleció en esos momentos fue incontrolable y la riña se convirtió en una batalla campal. Afortunadamente la tenemos grabada en videos y son parte esencial de la carpetas de investigación”, dijo. Flores expuso que la Secretaría de Gobernación (Segob) le informó la cantidad y el destino de 233 internos reubicados durante la madrugada del viernes: Al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 9 norte, de Chihuahua, fueron enviadas 41 personas; al Cefereso 11 de Sonora, 55; al Cefereso 16 femenil de Morelos, 31; al Cefereso 15 de Chiapas, 61; al Cefereso 12 de Guanajuato, 39, y al Cefereso 2 Occidente, en Jalisco, seis. Flores Treviño dijo que desde que ocurrieron los hechos hasta ahora, han trabajado en la investigación 557 elementos de prácticamente todas las áreas de la Procuraduría: agentes del Ministerio Público orientadores e investigadores, de atención a víctimas, de la Agencia estatal de Investigaciones, sicólogos, servicios periciales y médicos forenses. En tanto el sistema DIF de Nuevo León pagó los gastos funerarios de todos los muertos.