CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace dos semanas Myanmar estrenó un Parlamento opositor, y en las próximas dos tendrá un nuevo presidente. Pero lo que en cualquier otra república parlamentaria sería un simple relevo político, no es así en la antigua Birmania, donde desde hace 54 años la población no conoce otro orden más que el militar. Con otra singularidad: El presidente sólo será nominal, porque quien gobernará de facto será la líder de la Liga Nacional para la Democracia (LND), Aung San Suu Kyi, figura emblemática de la lucha por la democracia, perseguida, forzada al exilio y encarcelada, y reconocida por ello con el Premio Nobel de la Paz (1991). “Yo estaré por encima del presidente”, dijo a la prensa con toda naturalidad. Suu Kyi, quien llevó a la LND a ganar una mayoría absoluta en las dos cámaras durante las elecciones de noviembre de 2015, sería la elección lógica para jefaturar el gobierno. Pero la Constitución vigente se lo prohíbe, ya que ese cargo no lo puede ocupar ningún ciudadano con cónyuge o descendencia extranjeros. Y ella se casó con el fallecido académico británico Michael Aris y sus hijos nacieron en Gran Bretaña. De cualquier modo, a sus 70 años ella fue la figura central en la sesión inaugural del Parlamento, y es quien encabeza las conversaciones con el presidente saliente, Thein Sein, y el comandante de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hliang, para definir la transición democrática. Suu Kyi ya había vivido una situación similar en 1990, cuando su partido también ganó las elecciones,; pero entonces su triunfo no le fue reconocido y, por el contrario, fue sujeta a arresto domiciliario por la nueva junta militar encabezada por el general Than Shwe. Veinte años después, otro proceso electoral llevó a la jefatura de gobierno al general retirado Thein Sein, quien a pesar de mantener un régimen de corte militar emprendió una serie de reformas políticas y económicas y decretó la liberación de cientos de presos políticos, entre ellos Suu Kyi. Reincorporada a las filas de su movimiento, logró entrar al Parlamento por la provincia de Kawhmu y continuó su lucha por la democracia a nivel nacional. Al estilo de las hijas de otros padres fundadores de las repúblicas que se independizaron en la zona del Índico a mediados del siglo XX –como Indira Gandhi en la India, Benazir Bhutto en Pakistán o Megawati Sukarnoputri en Indonesia– Suu Kyi, hija del héroe nacional Aung San, se convirtió en el referente libertario por antonomasia para los birmanos. Así, ante la vaguedad del programa electoral de la LND, lleno de lugares comunes como democracia, transparencia, igualdad y respeto a los derechos humanos y a la ley, la cadena alemana de radio y televisión Deutsche Welle (DW) llegó a la conclusión de que “Aung San Suu Kyi es el programa de la LND”. Esta indefinición política, junto con su protagonismo, su origen dinástico y sus modales occidentales, ya le ha valido crecientes críticas a Suu Kyi en las zonas urbanas y en regiones habitadas por minorías, que no ven ninguna ventaja en su historial. Por el contrario, en el campo, donde se concentra el 70% de los birmanos, su figura sigue ejerciendo fascinación. Así, mientras los primeros se refieren a ella como “la Dama”, los segundos la llaman “Madre Suu”. Sobra decir que estos últimos votaron masivamente por ella. Interrogados por la DW sobre qué esperaban de la LND, una y otra vez dieron la misma respuesta: “Nada. Sólo queremos que Aung San Suu Kyi gane. La amamos”. También confían en ella. No había muchas opciones. La confianza en Suu Kyi es proporcional a la desconfianza hacia el gobernante Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (PUSD) y los militares. La gran interrogante es si el amor y la confianza le alcanzarán a la LND y a su líder carsimática para sacar adelante un gobierno funcional y cumplir con las expectativas de cambio de una población heterogénea, oprimida y depauperada. La dirigente birmana no está sola. Aparte de la inmejorable plataforma que le dio el Nobel de la Paz, Suu Kyi ha contado con un amplio respaldo internacional. Así, por ejemplo, en 2007 se creó el “Grupo de Amigos del secretario general para Myanmar”, un foro consultor de 14 países convocado por el titular de Naciones Unidas, Ban ki Moon, para promover el cambio y la reconciliación en el país. Estados Unidos, que impuso durante años duras sanciones económicas y militares al régimen por sus violaciones a los derechos humanos, empezó a suavizarlas a partir del programa de reformas de 2011, e inclusive inyectó recursos millonarios para apoyar los cambios políticos y promover un proceso de paz y reconciliación nacional entre las etnias beligerantes y el gobierno. En conferencia de prensa tras las elecciones, el secretario de Estado adjunto para la región, Antony J. Blinken, dijo que Estados Unidos aplaudía la postura positiva del presidente Sein y de la cúpula militar al felicitar al LND por su triunfo y comprometerse a respetar el resultado electoral. Es decir que Washington no aceptaría otro golpe. Pero los retos siguen siendo formidables. De entrada, la Constitución redactada por los militares continúa vigente y mantiene un 25% de los asientos del Parlamento reservados para ellos, así como su poder de veto, por lo que a pesar de la mayoría de la LND no se preveé que en el corto plazo pueda haber alguna reforma constitucional. El ejército también se reservó el control de ministerios clave para el orden interno, y apenas el pasado 28 de enero Amnistía Internacional (AI) alertó sobre la aprobación precipitada de una Ley de Seguridad de expresidentes, que les garantiza inmunidad procesal por “actos” no precisados durante su mandato. Champa Patel, directora de la oficina de AI para el Sudeste Asiático y Oceanía, advirtió que esta ley debe revocarse de inmediato, porque podría interpretarse “de manera que conceda inmunidad a los expresidentes, incluso por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros delitos del derecho internacional”. La organización ha documentado recurrentemente detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales en el marco de los conflictos armados internos y la represión de las minorías étnicas. Pero el artículo 445 de la Constitución de 2008 establece la competencia exclusiva del sistema de justicia militar sobre los miembros de las fuerzas armadas, “lo que supone que nunca o muy raras veces los elementos de las fuerzas de seguridad rindan cuentas por los delitos que cometen”, subrayó Patel. Las reformas han sido contradictorias. Mientras por un lado el régimen militar decretó sucesivas amnistías a presos políticos, abolió la censura y liberalizó el acceso a Internet, por otra continuó con el arresto de periodistas críticos y activistas sociales, la persecución de minorías étnicas y el atizamiento de conflictos locales. En un país de 53 millones de habitantes con 135 etnías diferentes, los choques interétnicos e interreligiosos son una constante, y los más cruentos han sido entre bonzos radicalizados y minorías musulmanas, a las que los primeros acusan de ser una amenaza para el budismo, la religión mayoritaria del país. Los últimos disturbios, en 2012, se saldaron con centenares de muertos y miles de desplazados del lado musulmán. Los más golpeados fueron los miembros de la minoría rohingya, a quienes ni siquiera se les reconoce la nacionalidad birmana, porque se les considera inmigrantes ilegales de Bangladesh. Replegados en la aislada provincia de Rakhine, sin libertad de movimiento ni papeles ni trabajo, viviendo casi a la intemperie y con apenas suministros básicos, miles de ellos protagonizaron a mediados del año pasado en la aguas del océano Índico uno de los dramas migratorios más atroces. Pese a constituir un conglomerado de 1.2 millones de personas, en las elecciones pasadas ni siquiera se les permitió votar, y entre los musulmanes en general, sólo una treintena pudo presentar una candidatura entre los 6 mil candidatos registrados. En este tema Suu Kyi ni siquiera se ha pronunciado. La LND no presentó a un solo candidato musulmán y en su programa no dijo ni una palabra sobre los rohingya, pese a las denuncias internacionales sobre las condiciones infrahumanas que viven en los campos donde se encuentran concentrados y que algunos han calificado como un “genocidio”. Fuentes de su campaña dijeron que sólo se trataba de un movimiento táctico para no perder el apoyo que tenía “la Dama” entre las mayorías budistas. “Pero Suu Kyi debería ser líder de todos y no sólo de los budistas”, se quejó el político rohingya Naeem Khin Maung Myint, del proscrito Partido Nacional Democrático para el Desarrollo. “Ella también nos ha traicionado”, añadió. Y finalmente está el desolador panorama económico. Aunque la actividad productiva y comercial se ha dinamizado con las reformas y el levantamiento de las sanciones, el desarrollo es desigual y muestra una clara polarización: mientras el 10% de la población controla casi el 35% de la economía nacional, alrededor del 40% se debate por debajo de la línea de la pobreza. Con exportaciones de gas natural, maderas finas y productos mineros, Myanmar suma un PIB de 56 mil 800 millones de dólares y un crecimiento de 8.5%, según los más recientes datos disponibles del Banco Mundial. Pero el ingreso anual promedio per cápita es de apenas mil 105 dólares, el más bajo de las economías de Asia-Pacífico. En materia de empleo, más de la mitad de la fuerza de trabajo se dedica a actividades agrícolas o relativas, y sólo un 7% a la industria. Y el desempleo asciende a 37% de la población económicamente activa, particularmente en zonas rurales. Más de una tercera parte del país no cuenta con electricidad y carece en algún grado de otros servicios básicos. Los niños están desnutridos y muchos adultos apenas si saben leer. A todo ello tendrán que enfrentarse ahora “Madre Suu” y la LND. No está claro por dónde empezarán. Tal vez por devolverle a Myanmar el nombre de Birmania, que los militares eliminaron por asociarlo con la dominación colonial. En todas sus declaraciones públicas, “la Dama” se ha referido a su país como “Burma”, el nombre en inglés que utilizan británicos y estadunidenses.