Atrás de los reflectores que enfocan la visita del Papa Francisco se pelea un round de sombra: el gobierno ha presionado, en México y El Vaticano, para que el pontífice no se manifieste con dureza acerca de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa –y de los miles de desaparecidos en el país–, edulcore sus discursos, hable de generalidades... Activistas y jesuitas, en cambio, buscan que sí lo haga. Pero más allá de esas pretensiones, el fraile dominico Julián Cruzalta subraya la responsabilidad moral del jerarca católico: en todo caso y por su alta investidura, “los discursos o encuentros que sostenga dependen sólo de él”. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desde que se anunció que el Papa Francisco visitaría México, la gran duda fue si decidiría pronunciarse respecto de las desapariciones forzadas en México y se reuniría con los familiares de las víctimas –particularmente los padres de los normalistas de Ayotzinapa– o si optaría por rechazar este encuentro para ajustarse al libreto que quiere el gobierno de Enrique Peña Nieto: que pronuncie discursos que hablen de pobreza, violencia, inseguridad y corrupción en términos muy generales y sin aterrizarlos en la realidad mexicana. Según una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica dada a conocer días antes de la llegada del Pontífice, la mayoría de la población mexicana, 63.7%, consideraba que Francisco debía reunirse con los padres de Ayotzinapa, porque en este momento ellos representan el sufrimiento de las víctimas de la violencia en México. Varias organizaciones de familiares de desaparecidos solicitaron formalmente tener una audiencia privada con Bergoglio para narrarle sus experiencias. Algunos obispos mexicanos las apoyaron en sus gestiones. Incluso la misma congregación religiosa a la que pertenece el pontífice, la Compañía de Jesús, desde hace meses ha pedido un espacio en la agenda papal para estas víctimas, a través de la Nunciatura Apostólica y la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Proceso ha dado cuenta de estos esfuerzos y de las maniobras gubernamentales para impedir esta reunión, pues llevarla a cabo significaría un golpe de dimensiones internacionales para el actual gobierno mexicano. El religioso franciscano Salvador Rangel, obispo de Chilpancingo-Chilapa, diócesis a la que pertenece Ayotzinapa, intentó que el Papa fuera a Iguala y ahí se reuniera con parientes de desaparecidos de todo el país. En noviembre pasado comentó a este semanario: “Tengo un deseo muy personal de que el Papa vaya a Iguala para darnos ahí un mensaje de paz y reconciliación. Sería muy bueno para las víctimas de la violencia de todo el país. La tierra de Guerrero –bronca y violenta– en estos momentos está sufriendo mucho. Podría ser una visita muy breve, una especie de escala en sus trayectos. “Me han dicho que el itinerario del Papa ya está marcado, pero de cualquier manera yo voy a consultar y ver qué posibilidades hay de una visita a Guerrero. Hay que realizar gestiones. Como obispo, daría de brincos por que el santo padre nos visitara.” –¿Usted ya se reunió con el Papa para hablar sobre el tema? –Sí, estuve con él el pasado 7 de octubre. Fue un encuentro muy breve. Le recordé que él me acaba de enviar como obispo a la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, donde apenas tengo tres meses. Y él se sonrío. Lo que me dijo es estrictamente privado. Sólo puedo decir que está bien consciente de lo que sucede en Guerrero… Creo que el Papa, quien siempre ha estado a favor de las causas imposibles, estaría dispuesto a tener un encuentro con esas víctimas (Proceso 2038). Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2050 de la revista Proceso, ya en circulación.