Ser musulmán en Francia se convirtió en una pesadilla después del 13 de noviembre del año pasado, la noche de los atentados en París. A partir de ese momento, y gracias a una orden presidencial, la policía tuvo carta blanca para catear o someter a arresto domiciliario a cualquier musulmán, aun cuando no hubiera ningún indicio que lo ligara con grupos terroristas. Organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado numerosos casos de agresiones infundadas contra seguidores del Islam… y políticos franceses advierten que el presidente Hollande pretende eternizar las medidas de excepción. PARÍS (Proceso).- El pasado 17 de noviembre, cuatro días después de los ataques terroristas lanzados por el Estado Islámico (EI) en esta capital, M. estaba en la sala de su casa cuando alguien timbró y luego empezó a patear la puerta. Eran las 23:00 horas. M. se asustó. “Pensé que se trataba de un ataque islamofóbico, una venganza, como hubo muchas después de los atentados”, contó a Amnistía Internacional (AI) este joven padre de familia radicado en el norte de Francia y quien pidió la reserva de su nombre. M. llamó a la policía y luego se encerró con llave en el baño, con su esposa embarazada y su hijo de 10 años, mientras esperaba auxilio. De repente la familia oyó que forzaban la puerta de entrada de su casa y muy pronto los intrusos intentaron romper la del baño. “Nos vi perdidos”, contó M. “Decían que eran de la policía, pero no les creímos. Mi mujer y mi hijo estaban aterrorizados. Acabé por abrir la puerta, me golpearon en la cara y nos esposaron”. Según explica Marco Perolini, investigador de AI y coautor del informe Vidas trastornadas. El impacto desproporcionado del estado de emergencia en Francia, publicado por esa organización el jueves 4, el cateo de la casa duró varias horas, durante las cuales M. siguió esposado. La policía no encontró elementos para relacionarlo con ninguna organización terrorista. No se abrió instrucción en su contra. M. nunca supo por qué había sido objeto de semejante operativo policiaco. Nadie le ofreció disculpas por esa noche de pesadilla. Hoy sus vecinos lo ven con desconfianza. Por su parte Izza Leghtas, investigadora de Human Rights Watch (HRW), menciona el caso de Halim A., francés de 25 años, dueño de un taller mecánico, quien fue condenado por decisión administrativa a detención domiciliaria el pasado 15 de noviembre. La policía, que sospechaba que él pertenecía a una “corriente islamista radical no identificada”, enlistó sus delitos: el pasado 13 de mayo, Halim A. habría tomado fotos con su celular cerca del domicilio del editor de la revista satírica Charlie Hebdo –víctima de un atentado terrorista el 7 de enero de 2015– y habría participado en el tráfico de automóviles robados, en complicidad con esa misma red islamista no identificada. Recalca Leghtas: “Halim A. tenía prohi­bido salir de su casa entre las 20:30 y las 07:30; debía presentarse cuatro veces al día a la delegación de policía de su barrio y no podía moverse de Vitry-sur-Seine, su ciudad de residencia a las afueras de París, lo cual le impidió ir a la capital, donde tiene su taller, y visitar a sus clientes”. Halim A. apeló esa condena y cinco semanas más tarde, el 23 de enero, un juez administrativo ordenó levantar su detención domiciliaria y le otorgó mil 500 euros por daños y perjuicios, tras reconocer que las acusaciones contra el joven mecánico estaban infundadas. “Una compensación ínfima comparada con el daño material y moral infligido a Halim A., quien perdió clientes y cuya fama personal y profesional fue manchada por ese grave atropello a sus derechos”, insiste la investigadora de HRW. Halim A., sin embargo, tuvo “suerte”. Según AI, HRW y la red de asociaciones que documentan los abusos administrativos y policiacos que se multiplican bajo el estado de emergencia en Francia, la mayoría de las víctimas no son reconocidas como tales. Perolini subraya: “Todas las personas agraviadas por medidas de emergencia arbitrarias pueden apelar primero ante los tribunales administrativos y luego ante el Consejo de Estado. Hasta la fecha, muy pocas fueron canceladas por estas instancias”. Según cifras del Ministerio del Interior, se interpusieron 170 quejas por detenciones domiciliarias abusivas, 10 de las cuales fueron suspendidas por los tribunales administrativos y dos por el Consejo de Estado. Entre los abusos señalados, Perolini insiste en la extrema vaguedad de los motivos que justifican los cateos y las detenciones domiciliarias. Dice: “Para los primeros, las autoridades usan casi siempre la misma fórmula lacónica: ‘Se tienen serias razones para pensar que personas, armas u objetos ligados con actividades de carácter terrorista se encuentran en ese lugar’. En cuanto a las detenciones domiciliarias, afirman que ‘las prácticas religiosas radicales’ de las personas concernidas o sus ‘relaciones con otros musulmanes considerados radicales’ representan un peligro, sin precisar de qué manera amenazan el orden público”. Leghtas hace hincapié en los traumas que causa entre los niños la brutalidad de numerosos cateos y resalta un caso “tristemente emblemático” que se dio el amanecer del 19 de noviembre en Marsella. Cuenta la investigadora de HRW que los policías intentaron abrir a golpes la puerta de la vivienda de la familia de O. Luego abrieron fuego para romper la cerradura. La madera de la puerta propulsada por los proyectiles lastimó a una niña de seis años. Los siete miembros de la familia siguen recibiendo atención psicológica. Las autoridades locales reconocieron que el cateo era indebido, porque la policía se había equivocado de dirección. [caption id="attachment_421393" align="alignnone" width="702"] Militares blindan París tras ataques terroristas. Foto: AP / Laurent Cipriani[/caption] Estado de emergencia El endurecimiento de la política de seguridad de Francois Hollande se dio la misma noche de los atentados, el pasado 13 de noviembre. Las fuerzas de intervención aún no habían acabado de neutralizar a los terroristas que acribillaron al público del Bataclán, cuando el presidente francés anunció en cadena nacional la proclamación del estado de emergencia en todo el país. A finales de noviembre la medida fue prorrogada tres meses y el pasado martes 9 fue de nuevo prolongada hasta finales de mayo. Instaurada en 1955, durante la guerra de Argelia, para enfrentar “un peligro inminente”, la ley que define el estado de emergencia otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo y a la policía, poniendo a su disposición un arsenal de medidas que limitan los derechos fundamentales de los ciudadanos. Destacan los cateos que pueden tener lugar a cualquier hora del día o de la noche, las detenciones domiciliarias, la prohibición de manifestarse, la clausura de salas de espectáculos, culto y reunión. Todas estas decisiones están tomadas por los prefectos –máximos representantes del Estado en las regiones administrativas de Francia– y escapan al control del Poder Judicial. Apenas tuvo las manos libres, la policía lanzó amplias redadas en todo el país. El mismo ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, aclaró que en dos meses y medio –del 14 de noviembre al 29 de enero– se habían practicado 3 mil 242 cateos a casas, restaurantes, cafés y sedes de asociaciones. Se catearon 45 mezquitas formales o improvisadas, 10 de las cuales fueron cerradas. Se dictaminaron alrededor de 400 detenciones domiciliarias. “En circunstancias excepcionales los gobiernos pueden tomar medidas excepcionales. Sin embargo tienen que hacerlo con precaución. La realidad con la que nos topamos durante nuestra investigación demuestra que los amplios poderes otorgados al Ejecutivo, sin controles efectivos sobre su aplicación, causaron una serie de violaciones a los derechos humanos. No entendemos cómo las autoridades francesas podrían pretender que se trata de una respuesta proporcionada a las amenazas que pesan sobre el país”, dice John Dalhuisen, director del programa para Europa y Asia de AI. Las cifras manejadas por el Ministerio del Interior ilustran esa “desproporción” denunciada por Dalhuisen: el espectacular despliegue de fuerzas que siguió a los atentados del 13 de noviembre desembocó en cuatro investigaciones preliminares por “infracciones ligadas al terrorismo” y 21 investigaciones por “apología del terrorismo”. Cazeneuve insiste en el decomiso de 560 armas de fuego, entre ellas 42 de guerra, y menciona 488 investigaciones penales que incluyen delitos como tenencia ilegal de armas o tráfico de drogas y de bienes robados. Tales investigaciones hubieran podido llevarse a cabo sin necesidad del estado de emergencia, replican las ONG, que denuncian también el carácter discriminatorio de las detenciones domiciliarias y de los cateos dirigidos en su inmensa mayoría contra personas de fe musulmana o de origen magrebí. Todas las víctimas de las medidas de emergencia del gobierno, que han entrevistado hasta la fecha AI, HRW y otras asociaciones, como el Colectivo Contra la Islamofobia en Francia (CCIF), presentan el mismo perfil étnico-religioso. Leghtas advierte: “Además de ser condenable e ilegal, semejante discriminación es contraproducente, pues marginaliza a los musulmanes franceses y vuelve más difícil su cooperación para ayudar a identificar las amenazas terroristas”. [caption id="attachment_421337" align="alignnone" width="702"] Personas llevan flores, velas y mensajes frente en memoria de las víctimas de los ataques en París. Foto: Xinhua[/caption] Repudio internacional Las organizaciones de defensa de los derechos humanos no son las únicas en preo­cuparse por la situación que prevalece en Francia. Amplios sectores de la justicia empiezan a movilizarse, y a escala internacional también llueven críticas. El pasado 12 de enero Nils Muiznieks, comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa, afirmó: “Observamos de cerca lo que pasa en Francia porque existe el riesgo de que el control democrático sea minado por estas medidas de emergencia. Asistimos a ciertas derivas. Tomamos nota de la elaboración de perfiles delictivos basados en criterios étnicos de parte de la policía y de las fuerzas de represión”. Una semana más tarde, el 19 de enero, cinco relatores de las Naciones Unidas le pidieron a Hollande que se abstuviera de prorrogar el estado de emergencia hasta finales de mayo, haciéndose eco de varias advertencias que la Asamblea General de la ONU había dirigido a Francia. Hollande no hizo caso. Expresa Leghtas: “En un contexto de creciente islamofobia, es urgente que el gobierno tienda la mano a los musulmanes y les asegure que su religión o su pertenencia étnica no los vuelven sospechosos”. Esa preocupación que HRW comparte con las demás ONG dista de ser la prioridad de Hollande y tampoco de gran parte de la sociedad francesa. Un sondeo reveló el pasado 30 de enero que 79% de los franceses aprueba la prórroga del estado de emergencia, sin preocuparse mayormente por lo que implica. Varios factores explican ese consenso, según Jérome Fourquet, del Instituto Francés de Opinión Pública. Tres meses después de los atentados de noviembre les sobran razones a los franceses para sentirse amenazados: el EI multiplica los ataques terroristas en el mundo y la Oficina Europea de Policía acaba de publicar un documento en el que explica que esa organización terrorista tiene medios considerables para atacar Europa, y Francia en particular. Pero Fourquet subraya otro elemento más sutil y preocupante: “Se dio un número astronómico de cateos administrativos en todo el territorio nacional, más de tres mil, a menudo de noche y con abusos policiacos. Provocaron algunas polémicas que no tuvieron mayor eco en el país. En realidad, la mayoría de los franceses no fue implicada ni impactada por estas medidas de emergencia”. Es esa indiferencia ante lo que vivieron las comunidades musulmanas, e incluso el desconocimiento de los hechos, lo que intentan sacudir AI, HRW y la amplia red de ONG que colaboran con estas dos organizaciones internacionales. Hasta ahora, sin grandes resultados. Jacques Toubon, exministro de Justicia y actual ómbudsman, conocido por ser un político moderado de derecha, manifestó su indignación y su inquietud ante la política de seguridad de Hollande. El jueves 4 expresó en una entrevista con el vespertino Le Monde: “La unidad cimentada por el miedo y preocupaciones de seguridad constituyen objetivos de corto plazo. La cohesión social del país, en cambio, es una meta de largo plazo. Es mi misión recordar estas verdades, cualesquiera que sean los sondeos de opinión y las mayorías parlamentarias. No hay que bajar la guardia ante el terrorismo, pero yo defiendo las exigencias de nuestra democracia y no un arma de guerra lista para disparar.” Más duro se puso Toubon cuando aludió a los esfuerzos de Hollande por incluir el estado de emergencia en la Constitución. La medida genera interminables polémicas y enfrentamientos en la clase política. “La eventual constitucionalización del estado de emergencia permitiría tomar de manera permanente medidas que hoy condena la Constitución. El gobierno busca introducir algo que se parece mucho a un régimen de excepción duradero”, exclamó. [caption id="attachment_420989" align="alignnone" width="702"] Soldados blindan París tras atentados terroristas. Foto: AP / Frank Augstein[/caption] Contra todas las religiones La meta del EI es sembrar miedo y dividir a las sociedades occidentales. Su labor de corrosión agudiza el clima de intolerancia que empieza a prevalecer en Francia, como en otros países europeos. Hablan por sí solas las estadísticas gubernamentales sobre el número de actos antirreligiosos perpetrados en Francia. El pasado 20 de diciembre Cazeneuve reconoció que se habían cometido más de 400 actos antimusulmanes en 2015, tres veces más que en 2014. Abdalah Zekri, presidente del Observatorio Nacional contra la Islamofobia, registró 429 casos. El CCIF considera que esa cifra –que sólo toma en cuenta las agresiones denunciadas ante la policía– es un pálido reflejo de la realidad. Insiste en que numerosas víctimas no se atreven a interponer quejas ante las autoridades. Todas las fuentes –oficiales o no– recalcan que los actos antimusulmanes fueron mucho más violentos en 2015: se multiplicaron las agresiones físicas y los ataques violentos contra los lugares de culto, que incluyeron disparos e incendios o intentos de incendio en mezquitas. Las provocaciones verbales e insultos son también más virulentos. En su mayoría los musulmanes se sintieron particularmente estigmatizados en las semanas que siguieron a los atentados de enero y noviembre de 2015. Las redes de lucha contra la islamofobia denuncian además “torrentes de insultos degradantes” que inundan las redes sociales. “Estas redes se convirtieron en instrumentos de desahogo del odio contra el Islam y los musulmanes” deplora Zekri. Si bien bajaron 5% en un año, los ataques antijudíos siguen siendo altos. Oficialmente hubo 806 en 2015. El más cruento fue el ataque terrorista contra el supermercado kosher de Vincennes, el 9 de enero de 2015, que mató a cuatro personas. El más reciente fue el pasado 11 de enero, cuando un turco de origen kurdo, de sólo 15 años, hirió con un machete a un profesor judío de un instituto franco-hebreo de Marsella. El adolescente pretendió actuar en nombre del EI. Agresiones físicas, insultos, amenazas, incendios e intentos de incendio de sinagogas y comercios, y vandalismo en cementerios judíos son los atentados más frecuentes. Una parte está ligada al conflicto palestino-israelí, pero la mayoría son expresiones de antisemitismo. Como en el caso de los actos islamofóbicos, sólo se documentan las agresiones denunciadas ante la policía. También hay cristianofobia en Francia, recalca el Ministerio del Interior, que registró 810 profanaciones de iglesias y cementerios cristianos, sin dar mayores precisiones sobre el origen de estos actos.