Xalapa, Ver. (apro).-La crisis financiera por la que atraviesa el gobierno de Javier Duarte volvió a quedar evidenciada este día cuando el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz y sus consejeros electorales reclamaron a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) el pago de 186 millones de pesos por concepto de ministraciones atrasadas desde diciembre pasado. Un día antes, el Poder Judicial del Estado y su Consejo de la Judicatura, en voz de su titular, Alberto Sosa amagaron con emprender acciones legales en contra del gobierno de Duarte pues tiene pendientes partidas presupuestales por obras ya concluidas y por infraestructura en ejecución y que hoy se encuentran paradas. Aunque Sosa no quiso detallar la millonaria cantidad que adeuda el gobierno de Duarte, hoy un integrante del Tribunal Superior de Justicia filtró a la prensa que son ministraciones y partidas por obras asignadas y por ejecutar, que engloban más de 500 millones de pesos. En rueda de prensa este miércoles, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) lanzó un “ultimátum” a la Sefiplan para que pague a tiempo, pues el presidente de la Comisión de Administración, Juan Manuel Vázquez reparó en que el buen desarrollo del próximo proceso electoral “está en riesgo” por falta de recursos. “Hablamos de falta de pago de las ministraciones del año pasado y del mes de enero. Son muchas cosas las que hay que hacer para instalar los consejos distritales, la capacitación de personal”, dijo. Juan Manuel Vázquez detalló que ya para la próxima quincena el OPLE no tiene ni para el pago de los consejeros distritales, aunado a la carencia de insumos. “Hemos agarrado recursos de rentas, viáticos y otros insumos para solventar prioridades. Hoy la situación ya es insostenible", dijo Vázquez. Ayer, el titular del Poder Judicial del Estado (PJE), Alberto Sosa, fustigó que dicho poder tendrá que emprender acciones legales en caso de que las ministraciones pendientes no sean cubiertas en la inmediatez. "Hemos estado insistiendo todo el tiempo en que nos den nuestro dinero, en caso de no ser así llegará el momento en que también tendremos que ponerlo de manifiesto ante las autoridades correspondientes", expuso. Sosa sostuvo que los pendientes presupuestales de Sefiplan con el Poder Judicial se vienen arrastrando desde que arrancó el ejercicio fiscal 2015, lo cual complica el pago de diversas obras (salas de juicio oral, construcción de nuevos juzgados, módulos judiciales, entre otros). Sosa apeló a que hay contratos “muy claros” con diversas constructoras y cuyos plazos de pago son específicos, razón por la que lanzó el exhorto a la Tesorería de Duarte para que se puedan cubrir esos pagos, sin necesidad de ejercer acciones legales.