TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Batolomé de Las Casas (Frayba) afirmó que a 20 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal, el Estado mexicano no sólo ha incumplido su obligación de respetar, garantizar y promover los derechos de los pueblos originarios, sino que ha violentado estos derechos de manera reiterada. El Frayba dijo hoy que son ya 20 años, en los que el gobierno de México se ha negado a cumplirlos; y a la par se han registrado ya 20 años de puesta en práctica en los territorios zapatistas, con la construcción de sus propias formas de gobernarse, primero a través de los municipios autónomos y posteriormente con los cinco caracoles y sus juntas de Buen Gobierno. Consideró que el Estado mexicano ha seguido ese camino para imponer su política económica y así avanzar en un modelo de desarrollo económico en beneficio de las empresas nacionales y extranjeras, en despojo a las comunidades indígenas a lo largo y ancho del país. El organismo defensor de derechos humanos fundado por el obispo Samuel Ruiz García expuso que administraciones federales y estatales han pisoteado los derechos indígenas, particularmente a la libre autodeterminación, la autonomía y a la tierra y el territorio. “Es el caso del pueblo nahua de Xochicuautla, en el Estado de México, que denuncia la devastación de su territorio por amenaza de la autopista Toluca-Naucalpan, proyecto del grupo Higa; y la Tribu Yaqui en Sonora, que ha ganado un amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para suspender el Acueducto Yaqui, que les quita el agua para abastecer a la industria en Hermosillo, sin embargo, las propias autoridades no han respetado esta decisión”, dijo el Frayba. Indicó que también han sido atacadas las formas de gobierno que varias comunidades y pueblos originarios han construido, como las comunidades autónomas de Santa María Ostula y Cherán en Michoacán, agredidas por gobiernos locales, estatales y federal no pocas veces coludidos con la delincuencia organizada. “Es importante señalar que continúa la política de contrainsurgencia del Estado mexicano en contra del EZLN y los pueblos en Chiapas que construyen caminos diversos al capitalismo neoliberal. Es evidente la militarización en zonas indígenas, el impulso a conflictos en comunidades con presencia zapatista, la instrumentalización de organizaciones campesinas para confrontar a Bases de Apoyo del EZLN y la utilización de programas gubernamentales asistencialistas para controlar y cooptar a la población que resiste. Además persiste el desplazamiento forzado y la impunidad en delitos de lesa humanidad cometidos por el Ejército mexicano y grupos paramilitares”, apunta. Frayba reivindicó el inalienable derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y a la libre determinación para definir sus propias formas de gobierno, así como su derecho a la tierra y el territorio, elemento fundamental de su cosmovisión y necesario para su sobrevivencia. Por su parte, el actual Secretario General de Gobierno de Chiapas y ex miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) cuando se firmaron esos acuerdos, Juan Carlos Gómez Aranda dijo que dar cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés, además de honrar la palabra y compromiso de las partes, sería una forma de fortalecer las acciones como las que se impulsan para resolver de fondo las causas de la pobreza que aquejan a los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Al respecto, Gómez Aranda indicó que los Acuerdos de San Andrés fueron suscritos y construidos por infinidad de actores sociales y políticos, e incluso por las instituciones de la República, por lo que su cumplimiento no solo saldaría una deuda histórica pendiente con los pueblos indígenas -con ese proceso de diálogo y negociación-, sino que sería un cauce adecuado para encontrar soluciones a conflictos actuales. "Han transcurrido 20 años que se firmaron los Acuerdos de San Andrés y persisten aún condiciones de marginación y falta de oportunidades con los pueblos originarios de México, por lo tanto, el compromiso de entonces sigue vigente”, agregó el funcionario. El responsable de la política interna del estado subrayó que es necesario avanzar más rápido en los cambios legislativos que aún están pendientes, pues el cumplimiento de los Acuerdos sería el equivalente a las grandes reformas estructurales que impulsa el presidente Enrique Peña Nieto. Chiapas, agregó, ha expresado su respaldo a las reformas para mover y transformar a México en materia de desarrollo social, cultural y derechos humanos. Gómez Aranda recordó que en 1994 el movimiento zapatista puso a la vista una realidad innegable: los pueblos indígenas de México son el sector en condiciones de más vulnerabilidad, con mayor pobreza, rezago y marginación. "El principal reto es lograr una profunda transformación, no solo en los programas y acciones que las instancias del gobierno focalizan hacia las comunidades indígenas, sino que es necesario reconocer y revalorar su contribución al desarrollo histórico y cultural de nuestro país. La deuda sigue pendiente, por lo que es necesario redoblar el paso desde las instituciones como lo hacemos en Chiapas”, resaltó el titular de la Secretaría de Gobierno. También reconoció que en el tema de los Derechos Humanos de las comunidades indígenas existen algunos avances, pero no son suficientes porque aún falta profundizar en acciones como el acceso a los beneficios de la cultura universal, a través de su propio idioma, que también deben estar presentes en la administración e impartición de justicia, en la educación y en la salud. Finalmente, Gómez Aranda refirió que es necesario recuperar la agenda que establecen los Acuerdos de San Andrés, para que las acciones encaminadas a combatir la pobreza y los rezagos, puedan generar mayores beneficios para los pueblos indígenas, que esperan con impaciencia soluciones para sus viejos y nuevos problemas.