MONTERREY, NL (apro).- Los mandos zetas que se disputaban el control del penal de Topo Chico, ubicado en esta capital, obtenían hasta 20 millones de pesos cada mes por el cobro de extorsiones. De acuerdo con Josué Reyes, funcionario adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad y actualmente encargado del reordenamiento interno del penal, Jorge Iván Hernández Cantú, El Credo, y Juan Pedro Saldívar Farías, El Z-27, peleaban por mantener los privilegios, más que por apoderarse de la penitenciaría. Precisó que el cobro por la visita conyugal ascendía a mil 500 pesos y un solo cigarrillo llegó a cotizarse hasta en 30 pesos, mientras que los familiares de los internos debían pagar 20 pesos por cada visita. En un recorrido efectuado al interior del penal, un reo reveló a los representantes de los medios de comunicación que cada preso debía desembolsar 35 mil pesos “para evitar una golpiza y malos tratos”. En su caso, dijo, los familiares alcanzaron a pagar 10 mil pesos y le dispensaron la paliza. “Realmente los negocios aquí eran muy rentables. Por semana había una colecta de cobros por extorsiones y privilegios que iba de los 2 millones hasta los 5 millones de pesos. Todo estaba controlado por ellos (El Z-27 y El Credo), quienes establecían los cobros a su antojo”, explicó Reyes, militar de carrera. Destacó que dos días después de la masacre ocurrida en el centro penitenciario, con saldo de 49 muertos, 233 reclusos fueron trasladados a otros reclusorios del país. Señaló, asimismo, que en Topo Chico había más de 200 tendajos, conocidos como “fayucas”, que eran controlados por los líderes zetas que encabezaron el motín del pasado jueves 11. Cada uno de los propietarios debía pagar su respectiva cuota. Y los productos que ingresaban al penal, como refrescos o artículos de primera necesidad, eran acaparados por esos sujetos, que luego vendían a precios abusivos, explicó Reyes. Sostuvo que después de la trifulca, elementos de la policía estatal Fuerza Civil (FC) “barrieron” con la fayuca que prácticamente dominaba todos los espacios en el interior de la cárcel y dificultaba la movilidad de los 3 mil 800 internos. También dijo que anteriormente, como parte del autogobierno, las comidas eran vendidas y solamente se distribuían en dos puntos. “Debido a los cobros y a que se creaban largas filas, muchos internos se quedaban sin comer”, apuntó. Con el reordenamiento, agregó, fueron dispuestos 24 lugares de distribución de alimentos para que prácticamente todos los reclusos obtengan su plato al instante. El funcionario estatal señaló que hasta antes de que ocurriera la masacre, los dormitorios carecían de candados y a cualquier hora los internos podían circular libremente por la prisión, cuando después de las 21:00 debían estar encerrados. Actualmente la actividad inicia a las 6:00 y termina a las 21:00, y la vigilancia está a cargo de FC, en espera de que se capaciten celadores para que vuelvan a operar el funcionamiento interno, subrayó. Como parte de las acciones para mantener el control de las penitenciarías estatales, esta mañana se efectuó un operativo de revisión en el reclusorio de Apodaca. La acción tiene como propósito prevenir problemas de autogobierno, destacó una fuente del gobierno estatal. Procesan a otro directivo del penal El procurador de Justicia de la entidad, Roberto Flores Treviño, informó que por su participación en la masacre, el exsubdirector de seguridad del penal de Topo Chico, Arturo Bernal González, fue detenido esta mañana bajo los cargos de homicidio calificado y abuso de autoridad. Antes fueron arrestados y procesados por los mismos delitos el subcomisario de penitenciarías Fernando Domínguez Jaramillo y la exdirectora del penal de Topo Chico, Gregoria Salazar Robles, así como el custodio José Reyes Hernández Aguilar, acusado de homicidio.