En casi 700 de las 950 denuncias por desaparición de personas que dice tener la Fiscalía General de Veracruz, las víctimas tienen entre 15 y 29 años, y en muchos casos se ha comprobado que los responsables de los levantones, secuestros y asesinatos son policías de corporaciones estatales y municipales. Ante el grave problema, el gobernador Javier Duarte sigue reduciendo cifras para el discurso, tratando de convertir el enorme rezago de las investigaciones en un éxito. El resultado: la insultante impunidad. XALAPA, VER.(Proceso).- La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene registradas 950 denuncias por desaparición, entre ellas 699 correspondientes a jóvenes de entre 15 y 29 años cuyos casos no han sido resueltos en los cinco años que van del gobierno del priista Javier Duarte. De hecho, la Procuraduría General de la República ubica a Veracruz como el primer lugar nacional en desapariciones forzadas, por encima de Guerrero, Tamaulipas, Coahuila y Sinaloa. El oficio FGE/UAI/074/2016 da cuenta de que han sido localizados los cadáveres de otros 119 jóvenes, sin contar los de Bernardo Benítez Arroniz y Alfredo González Díaz, dos de los cinco jóvenes levantados por policías estatales el 11 de enero en Tierra Blanca y entregados a una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los restos óseos fueron hallados en el rancho El Limón, ubicado en Tlalixcoyan, por efectivos de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Policía Ministerial. Escándalo nacional, el caso de esos jóvenes oriundos de Playa Vicente exhibió la forma en que policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sirven al narcotráfico y no a los ciudadanos, manifestó en un comunicado la organización civil Causa en Común, que acusó a los cuerpos policiacos de ser los “responsables morales” de las desapariciones de jóvenes. Al cierre de esta edición, aún se ignora el paradero de José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27, y Susana Tapia, de 16, de quienes no se hallaron indicios en El Limón. A 10 meses de concluir el mandato de Duarte –las precampañas electorales arrancaron hace una semana–, la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales continúa buscando a los casi 700 jóvenes cuya denuncia de desaparición sigue vigente. Esa institución admite que en lo que va del sexenio (del 30 de noviembre de 2010 a la misma fecha de 2015) han tenido que abrir en total 2 mil 68 averiguaciones previas por igual número de jóvenes desaparecidos, de los cuales localizaron vivos a mil 250. Datos obtenidos en la plataforma Infomex-Veracruz bajo el folio FGE/UAI/556 /2015 indican que la FGE mantiene abiertas averiguaciones sobre 950 personas ­desaparecidas, oriundas del estado. El documento, del que este semanario tiene copia, detalla que en el periodo mencionado se han activado 53 alertas Amber, pero en de ellas los menores no fueron localizados. Sin embargo, el gobernador insiste en minimizar el problema en sus ruedas de prensa de los lunes: admite sólo 500 casos y aclara que varios de ellos ya fueron resueltos. Una gota como prueba Los padres de los muchachos levantados por policías en Tierra Blanca y entregados al CJNG se atrincheraron más de un mes en la Fiscalía Regional del Estado con el fin de exigir justicia para Benítez Arroniz y González Díaz, además de que las autoridades agilicen la búsqueda de los tres jóvenes aún no localizados. El martes 9 arribaron a Veracruz los restos que, según la PF y la FGE, pertenecen a dos de los jóvenes levantados el 11 de enero. Los enviaron a sus padres en cajas de cartón con etiquetas blancas y folios ininteligibles, que también contenían ropa de las víctimas. Tras escuchar a los enviados de los gobiernos federal y estatal, Bernardo Benítez Herrera –padre de Benítez Arroniz y quien a su vez perdió a su progenitor en un secuestro nunca solucionado– decidió rechazar las actas de defunción y las cajas con los restos. Él y la familia de González Díaz decidieron pedir un segundo peritaje, de preferencia realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que colaboró en el caso de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. La razón: a su hijo sólo pudieron identificarlo por el ADN extraído de una tibia, mientras que a González Díaz sólo por una gota de sangre. “En la reunión en la Ciudad de México nos dijeron que había muchísimos cuerpos más… todos calcinados. No supieron especificar cuántos”, narra por teléfono Benítez. Al día siguiente se difundió que desde el 26 de enero las fuerzas estatales y federales detectaron que en el rancho El Limón había contenedores con “cientos de elementos humanos”, varios de ellos “diminutos” y pertenecientes a 14 personas distintas. “Sólo quiero constatar que son los restos de mi hijo y así poder darle cristiana sepultura –expone Benítez Herrera–. Vamos a seguir luchando hasta llegar a las últimas consecuencias. Ayer nos dieron el resultado de la investigación. Nos dicen que se encontraron fosas con muchos cuerpos calcinados. No se pudo hacer (la prueba de) ADN con restos calcinados”, agrega. A su vez, Gobernación informó el lunes 8 mediante un comunicado que perros de la Policía Federal encontraron en El Limón restos óseos y manchas de sangre, que fueron sometidos a un riguroso análisis genético. “Al efectuar la confronta de las muestras tomadas en el rancho con los perfiles genéticos proporcionados por los familiares de las víctimas, se determinó la coincidencia con dos de los jóvenes desaparecidos”, se asienta en el documento oficial. De acuerdo con el texto, en el rancho El Limón se levantaron indicios de que se manipulaban drogas y se manejaban equipos para alterar vehículos, además de entre otros ilícitos, como almacenamiento clandestino de hidrocarburos. Empezar de cero Aunque en Tierra Blanca han ocurrido decenas de desapariciones y hallazgos de narcofosas, tuvo que difundirse en los medios de comunicación nacionales el levantón videograbado de los cinco jóvenes de Playa Vicente para que personal de la Gendarmería Nacional viniera a “reabrir casos” de desapariciones forzadas. Los federales empezaron de cero. Empezaron a recabar datos con familiares de desaparecidos en mesas de trabajo improvisadas en los pasillos de la Fiscalía Regional. Preguntaban por sus amigos, si llevaban celular u otros dispositivos electrónicos la última vez que los vieron; características como tatuajes, lunares, cicatrices, cicatrices quirúrgicas, problemas vecinales o laborales, antecedentes penales y hasta sospecha de que tuvieran amante. Al final los analistas elaboraron unos cuadros sinópticos y pidieron números telefónicos de los familiares para consultas posteriores. Desde el primer día concurrieron a esas mesas los allegados de Miguel Ángel Pulido (18 años), José Abraham Barrera (21) y Hugo Trujillo Hernández (36), desaparecidos en 2015. El reportero Miguel León, del periódico digital Blog Expediente y quien lleva un mes acampando en la Fiscalía Regional junto con las familias afectadas de Playa Vicente, ha documentado 23 desapariciones forzadas únicamente en el municipio de Tierra Blanca. Y la PGR reporta que en Veracruz se concentran 17% de las desapariciones forzadas atraídas por esa dependencia federal, con 183 casos, con lo que supera a otras entidades con altos índices de violencia, como Guerrero (92) y Tamaulipas (173). Entre Coahuila y Sinaloa concentran 12% de los casos atraídos, resume el oficio SJAI/DGAJ/01491/2016, obtenido mediante una solicitud a la plataforma ­Infomex. En el mismo documento, la PGR informa que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad ofrece recompensas de entre 500 mil y 1 millón 500 mil pesos por quien otorgue datos por el paradero de 28 personas desaparecidas en el país. De esos casos 10 corresponden a Veracruz (35.7%) y todos desaparecieron entre 2011 y 2013. De acuerdo con el oficio FGE/UAI/08 8/2016, fechado el martes 2, con el cual la fiscalía del estado responde a la solicitud de información folio CI14/15 del reportero, durante ese periodo se han cometido 43.87 homicidios dolosos por mes. Jóvenes, el objetivo El oficio FGE/UAI/074/2016 da cuenta de la desaparición de 12 jovencitas y un adolescente en la capital del estado el 30 de noviembre de 2011. Algunos conocidos dijeron que iban a la discoteca Closet o a La Cantinita; otros, que a una fiesta en Actopan. Pese a que existen 12 denuncias, no se tiene mayor información sobre las víctimas. En un vehículo Peugeot 2005, número de serie VF39DXFX35S501362, viajaban Karla Nallely Saldaña, Jesús Alberto Estrada y otra amiga. El vehículo fue localizado meses después. Lo tenía el expolicía intermunicipal Issac Moreno, quien dijo que el policía Filiberto Rojano se lo había dado a reparar. Ninguno pudo explicar a la entonces Procuraduría de Justicia del Estado qué pasó con los tres jóvenes, según consta en el expediente 2009/11/3ª/ Xal-12. Carlos Saldaña, padre de Karla Nayelly, y Jesús Estrada, padre de Jesús Alberto, continúan buscándolos. Aquel día desparecieron al menos otros 10 muchachos. El expediente AP-045E-2014*13 contiene otro caso. Tres jóvenes fueron sacados por siete integrantes de la Policía Estatal Acreditable de un departamento en Xalapa, entre ellos el cantante del concurso La Voz México, Gibrán Martiz. Dos semanas después, Martiz y su amigo Sergio Hernández aparecieron muertos. Se desconoce el paradero del tercero, Connys Carlín. Por dicho caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación y el gobierno de Duarte tuvo que indemnizar a las víctimas. La causa penal 27/2013, interpuesta en el municipio de Úrsulo Galván, se abrió por la denuncia del levantón a ocho policías intermunicipales a manos de la Policía Estatal en la comunidad El Arenal, el 11 de enero de 2013. Tres años después, se desconoce su paradero. Hace dos semanas, esposas y madres de los intermunicipales acudieron con otros familiares de desaparecidos a clausurar las instalaciones de la FGE para agilizar las investigaciones. La causa penal 785/2012 y sus acumulados se refieren a otro levantón: el que sufrieron ocho jóvenes en Puente Nacional, en la comunidad de El Modelo, el 1 de diciembre de 2012. Sus familiares sospechan de una requisa de policías estatales. Además, en la denuncia penal 234/2015 interpuesta en la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos se establece que cinco jóvenes desaparecieron el 2 de septiembre luego de pasar un retén policiaco entre Minatitlán y Cosoleacaque. Tres aparecieron sin vida y dos continúan desaparecidos. En el mismo municipio, elementos de la Fuerza Civil detuvieron a cinco muchachos el 11 de mayo de 2015 y hasta hoy se desconoce su paradero. Gangrena policiaca En la rueda de prensa del 25 de enero, cuando un periodista cuestionó a Javier Duarte sobre la actuación de los policías en el levantón de Tierra Blanca, el gobernador replicó que los “policías no se compran en la tienda”. Agregó que durante su sexenio se han forjado 12 generaciones de policías capacitados, honorables y dispuestos a brindar seguridad a los veracruzanos. Sin embargo, en el registro periodístico que lleva este semanario destacan 13 detenciones masivas de policías estatales y municipales por presuntos vínculos con el crimen organizado. Por ejemplo, en Coatepec –municipio conurbado a Xalapa–, en abril de 2013 un grupo de 10 policías fue detenido en flagrancia por marinos: a bordo de dos camionetas oficiales vendían y compraban droga en horarios de trabajo. Ahí mismo, en octubre de 2014, la FGE consignó a tres policías por ser los presuntos asesinos del tesorero municipal, Guillermo Pozos. El 22 de enero se dictó auto de formal prisión a siete agentes estatales, entre ellos el delegado de la SSP Marcos Conde, por la desaparición forzada de los cinco jóvenes en Tierra Blanca. Antes de ese caso, el 16 de marzo de 2012, cuatro elementos de la misma SSP fueron detenidos en ese municipio por efectivos de la Marina y llevados a la Ciudad de México. Ahí mismo, el 16 de marzo de 2010, los militares detuvieron a 98 policías, 13 de los cuales quedaron arraigados por vínculos con la delincuencia organizada. Cerca de Tierra Blanca, en Tres Valles, el 27 de abril de 2012 la Marina aprehendió a nueve policías municipales. El entonces alcalde priista, Nelson Cano, se quejó de que a principios de 2014 la Secretaría de la Defensa Nacional envió un oficio para informarle que los 35 efectivos asignados al combate del narcotráfico y de la inseguridad en la región (Tres Valles, Tierra Blanca, Playa Vicente y Loma Bonita y Tuxtepec, los dos últimos pertenecientes a Oaxaca) serían enviados a Michoacán para “reforzar las acciones de combate allá” (Proceso 1964). El alcalde advirtió que, con la salida de las fuerzas castrenses, la delincuencia organizada volvería a “hacer de las suyas” en la Cuenca del Papaloapan. En Xalapa, el 22 de septiembre de 2012, fuerzas federales detuvieron a 35 policías estatales de la Conurbación Xalapa en el cuartel San José; la mitad del grupo fue llevada a instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO). Posteriormente, el 21 de enero de 2014, la FGE consignó a siete policías por la desaparición forzada del cantante de La Voz México, Gibrán Martiz, asesinado días antes. En el puerto de Veracruz, el 21 de diciembre del 2011, la Marina se hizo cargo de la seguridad y se declaró extinta la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río porque decenas de sus elementos estaban en la nómina de Los Zetas. En Cosamaloapan, el 25 de septiembre de 2011, los federales aprehendieron a 17 policías del municipio. En Córdoba y Fortín de las Flores, el 12 de julio de 2012, la SIEDO se llevó en requisa a 35 elementos de ambas corporaciones. En Orizaba, el 28 de diciembre de 2015, se cumplió la aprehensión del octavo policía municipal involucrado en el delito de entregar a sus detenidos a Los Zetas. Cerca de ahí, en Acultzingo, el 1 de septiembre de 2014 agentes municipales de Maltrata y Acultzingo fueron capturados por militares al desmantelar el rancho San Pedro, donde se adiestraban futuros “estacas” de Los Zetas.