Dejan cuerpo descuartizado con amenazas a autoridades penitenciarias en Morelos

Amenaza a autoridades penitenciarias. Foto Twitter @ArturoIradier Amenaza a autoridades penitenciarias. Foto Twitter @ArturoIradier

CUERNAVACA, Mor. (proceso.com.mx).- En las puertas de la secundaria número 9, ubicada en la colonia Lagunilla, a 10 minutos del centro de Cuernavaca, fue abandonado un cuerpo descuartizado esta madrugada, según confirmaron vecinos de la zona. En el lugar también fueron encontrados dos mensajes de supuestos grupos de la delincuencia organizada.

Las cartulinas con los mensajes lanzaban amenazas contra autoridades penitenciarias, a quienes acusan de cometer abusos y extorsiones contra los internos. Es el segundo hecho en el que a personas asesinadas les colocan mensajes con alusiones y denuncias contra autoridades penitenciarias, el primero ocurrió este jueves, cuando una custodia del penal de Jojutla fue asesinada en Puente de Ixtla.

De hecho, en los mensajes encontrados en la colonia Lagunilla, se hace alusión a la custodia asesinada hace tres días, de nombre Isamar, así como los presuntos nexos de autoridades carcelarias con grupos criminales. Los mensajes no tenían firma de ningún personaje o grupo criminal.

El cuerpo fue denunciado a la 1:30 de este sábado. Agentes de las policías de Investigación Criminal y del Mando Único, acudieron a realizar las primeras investigaciones y el levantamiento del cadáver.

El pasado 18 de febrero, una mujer que se desempeñaba como custodia del cárcel distrital de Jojutla fue asesinada en un camino de la comunidad de El Coco, en Puente de Ixtla. Junto al cadáver fue localizada una cartulina con un mensaje en el que se denunciaban abusos y tortura, contra internos, de parte de las autoridades carcelarias, incluidos directivos y custodios. Pero además, las cartulinas acusan a autoridades penitenciarias de participar en secuestros y extorsiones.

De acuerdo con la más reciente evaluación del Sistema Penitenciario en Morelos hecho por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos (CEDHM), los principales problemas de los penales son la sobrepoblación y el autogobierno, por lo que se han convertido en “focos rojos” en el plano de la seguridad pública estatal.

Fabiola Colín Baños, secretaria general de la CEDHM, afirma que desafortunadamente el autogobierno en los penales de Morelos se combina con una “tradición” de los custodios y otras autoridades penitenciarias por extorsionar a los internos y a sus familias, lo que trae como consecuencia otros abusos de autoridad, golpes e incluso torturas.

Por ello, desde el jueves pasado, solicitó al gobierno del estado la presentación de un informe pormenorizado para conocer si existen otros custodios que estén en riesgo de ser víctimas de los grupos criminales, así como de familiares que podrían estar dispuestos a tomar represalias por el maltrato a sus familiares dentro de los penales.

Además, informó que se inició una queja de oficio en la que se ha solicitado tomar medidas para brindar protección a los custodios. La solicitud concreta al gobierno es que garantice la seguridad de los custodios de los penales en Morelos. Las autoridades tienen 24 horas para remitir la información y en su caso, comprobar que han tomado medidas.

Colín Baños explicó que la propia CDHEM está revisando sus archivos para conocer si existen antecedentes de quejas o denuncias de otros custodios, respecto de amenazas por parte de grupos criminales o de sus jefes; pero también se está pidiendo un informe a la Fiscalía o al sistema de justicia alternativa, para saber si existen denuncias o procesos por hechos similares.

En relación a los mensajes que acompañaban los cuerpos, Fabiola Colín confirmó que existen antecedentes en la Comisión de Derechos Humanos respecto de internos o familiares quienes se quejan de son extorsionados sistemáticamente por custodios y autoridades penitenciarias, no sólo para brindarles protección, también para permitir el acceso a los visitantes o incluso para ingresar medicamentos y alimentos los días de visita.

No obstante, estas quejas no han tenido mayor trascendencia, pues los internos y sus familiares tienen miedo de las represalias que podrían cometer en su contra las autoridades penitenciarias. Así que la Comisión se queda sin obtener todas las evidencias y dado que es insuficiente, es imposible emitir una recomendación, sostuvo Colín Baños.

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