MADRID (apro).— Por segunda ocasión en dos días, el gobierno mexicano negó “categóricamente” haber actuado para liberar a Humberto Moreira, detenido en enero en España, país donde está sujeto a una investigación por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Sin embargo, reconoce que buscaron información ante las autoridades españolas, pero afirma que esas gestiones se hicieron apegadas al marco jurídico mexicano que confiere a la Cancillería. En un boletín emitido hoy, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) aseveró que la embajada de México en España “buscó confirmar oficialmente” la información de la detención de Moreira, a raíz de lo cual activó “los mecanismos de colaboración establecidos para tal efecto”. Asimismo, afirmó que las gestiones que realizó la diplomacia mexicana en Madrid para “asegurar” que los derechos de Moreira eran respetados no respondieron a “situaciones particulares”. “El desarrollo de la investigación, el desahogo de diligencias y la valoración de pruebas, así como la resolución judicial respecto de las imputaciones que se le hicieron, son responsabilidad única y exclusiva de las autoridades españolas competentes”, añadió la institución. Al respecto, la embajadora en España, Roberta Lajous, declinó hacer comentarios sobre la intervención de la legación bajo su cargo en favor del también exgobernador Humberto Moreira. Durante la presentación de un libro en la Casa de América esta noche en Madrid, Lajous declinó hablar, advirtió de la difusión del comunicado de Relaciones Exteriores antes citado, donde se da la postura oficial y repitió que estaba en la presentación de un libro, para evadir la pregunta de algunos corresponsales mexicanos acreditados aquí. La postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se da a conocer dos días después que el diario El País publicara una información en la que documenta que el gobierno de México “volcó” a su embajada en apoyo al expresidente del PRI. El reportaje de José María Irujo titulado “Misión: salvar en Madrid a Humberto Moreira”, ofrece detalles de la injerencia del gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la legación diplomática, de la Agregaduría Legal de la PGR, a cargo de Érica Cervantes, y las comunicaciones que tuvo de forma directa la procuradora Arely Gómez con su homóloga española, la fiscal Consuelo Madrigal. El diario refiere que el 21 de enero, un día antes de la liberación de Moreira, la Gómez llamó a Madrigal para “conocer la posición de los fiscales” José Grinda y Juan José Josa, quienes habían pedido la detención del exgobernador de Coahuila por los supuestos delitos de blanqueos de capitales, malversación de caudales y presuntos vínculos con organizaciones criminales. En la tarde y noche del pasado 15 de enero –cuando las autoridades españolas detuvieron a Moreira en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid—“los teléfonos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional comenzaron a sonar”, planteó el diario, al precisar que funcionarios de la PGR mexicana adscritos a la embajada “les preguntaban por qué se había detenido a Moreira y qué indicios o cargos había contra el ex presidente del PRI”. “El Gobierno de Peña Nieto quería saber qué indicios criminales había contra su antiguo colaborador y presunto financiador de su campaña electoral”, señaló El País, al recordar que el consulado envió un escrito al Ministerio de Asuntos Exteriores de España pidiendo “aspectos relevantes de la investigación”. Sin embargo, el comunicado de la Cancillería niega haber hecho gestiones para la liberación de Moreira. “El desarrollo de la investigación, el desahogo de diligencias y la valoración de pruebas, así como la resolución judicial respecto de las imputaciones que se hicieron, son responsabilidad única y exclusiva de las autoridades españolas competentes”, asegura. Reconocen que se enteraron de la detención de Moreira por los medios de comunicación y, por ello, buscaron confirmar oficialmente la información. “Por tal motivo se pusieron en marcha los mecanismos de colaboración establecidos para tal efecto, contemplados en instrumentos jurídicos vigentes entre ambos países”, dice. Fuentes diplomáticas consultadas por Apro advierten que no es canal apropiado que haya llamadas de la procuradora Gómez a su homóloga española, para interesarse por el desarrollo del caso Moreira. “Se puede considerar una injerencia”, explicó. El comunicado de cancillería desarrolla los aspectos legales y los protocolos de la actuación para la atención consular, los cuales, de acuerdo a la información de El País, fueron rebasados por los diplomáticos mexicanos en Madrid. Ayer, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, declaró desde Ciudad Juárez que “no habrá ninguna prueba que pueda validar que hubo gestión para su liberación”, pues resaltó que el consulado trató el caso de “ese ciudadano como de cualquier otro”.