TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Las propietarias de un restaurante-bar denunciaron actos de extorsión y discriminación homofóbica por funcionarios de la Secretaría de Salud del estado de Chiapas, para no ser reubicados fuera de la ciudad, sólo porque ofrecen un servicio y show a la comunidad lésbico-gay. Las empresarias Alejandra López Baltazar y Lorena de la Huerta Carpio, dueñas del bar Condesa Club, ubicado en la zona comercial Plaza Dorada de Tuxtla Gutiérrez, denunciaron que han sido víctimas de extorsión por parte del titular de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, el médico Rafael de Jesús Domínguez Cortés y su coordinador de brigadas de salud, Martín Alfredo Liévano. Señalaron que desde mayo del año pasado que abrieron el negocio ha sido clausurado en varias ocasiones por diversas argucias para presionar a que cedan a chantajes y presiones para que sean reubicados fuera de la ciudad. Les han insinuado que para que puedan seguir operando en la zona comercial deben pagar una “cuota especial”, porque demás no deberían estar ahí al ser una “Plaza Dorada” y ofrecer los servicios que tienen al cliente. Alejandra López Baltazar dijo que a lo largo de los años la comunidad lésbico-gay ha pagado con muchos muertos y agresiones los avances, los logros y conquistas de espacios y reconocimiento dentro de la sociedad y que no desean ceder a presiones que hagan retroceder. En conferencia dentro del propio bar, mostró a los periodistas por cada uno de los rincones y mostró que no tiene nada de ilegal ni clandestino como para que su restaurante y bar sea llevado a un centro de prostitución. Acusó que prejuicios morales terminan en actos de discriminación que llevan a comparar el show transexual con actos de prostitución o de otra índole, dijo que se generan más de 70 empleos que sostienen a igual número de familias. En un estado como Chiapas donde la generación de empleos ha venido a la baja, desde el gobierno del estado se debería garantizar y fomentar las inversiones en todos los ámbitos del sector empresarial, por lo que servidores públicos de la Secretaría de Salud, en lugar de abonar a ello ponen en riesgo a esta empresa y sus empleados. Expuso que interpusieron una queja ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), otra queja más ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y una denuncia penal por el delito de extorsión ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en contra de los servidores públicos referidos, pero hasta ahora las instancias han sido omisos en sus funciones. Pidieron la intervención del gobernador Manuel Velasco Coello, de su Secretario de Salud, Francisco Paniagua Morgan, y del propio alcalde tuxtleco, Fernando Castellanos Cal y Mayor, para que frenen todo intento de boicotear los intentos de mujeres como ellas para emprender negocios similares en Chiapas. Sostuvo que crear espacios de recreación, diversión, esparcimiento no debe ser visto en pleno Siglo XXI como sinónimo de perversión y prostitución, que precisamente el estar en esta zona comercial donde hay decenas de bares y restaurantes más, los obliga a ser más transparente y cumplir con toda la normatividad que se les ha impuesto, y que ahora sólo se les pretende cerrar el negocio por ofrecer shows para la comunidad lésbica-gay.