CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) hizo observaciones al proyecto de dictamen de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pendiente de discusión y aprobación en la Cámara de Diputados. Entre las observaciones que entregó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción está la relacionada con las obligaciones en materia de seguridad pública y procuración de justicia, en particular en lo referente a la intervención de comunicaciones privadas. En este caso, el INAI señaló que debe ser obligatoria la mención de que la intervención cuente con la autorización judicial correspondiente. Respecto de los créditos fiscales, el Instituto pidió a los diputados incluir la obligación de publicar el nombre de quienes se les canceló o condonó un crédito fiscal, porque el proyecto sólo contempla la denominación o razón social. También solicitó que la ley puntualice que las empresas filiales deben cumplir las obligaciones de transparencia de las empresas productivas del Estado y subsidiarias. Y en el caso de los sindicatos, el órgano federal de transparencia señaló que además de mantener información actualizada y accesible en sus sitios de internet, deberán contar con ella de forma impresa, para su consulta directa. El INAI solicitó también que se incluya “expresamente” en el artículo 1 de la ley en la materia, a los sindicatos y empresas filiales, a las empresas productivas del Estado y a las instituciones de educación superior públicas dotadas de autonomía como sujetos obligados. “Asimismo, es necesario incluir que los sujetos obligados deberán publicar aquella información o documentos que entreguen en cumplimiento a una resolución del Instituto”, pidió el INAI. En cuanto a los plazos para resolver el procedimiento sancionador, el INAI sugirió que se respete el plazo máximo de 30 días y no ampliarlo a 38 o 45 días, como plantea el proyecto. Y respecto al tema de los recursos públicos, consideró que se debe eliminar la acotación de que son aquellos correspondientes al ámbito federal, “de lo contrario, sería negativo porque se limitaría el acceso a la información que involucre recursos públicos de otro ámbito”. En un comunicado, el organismo también destacó las atribuciones que le otorga la ley, de acuerdo con el dictamen en proceso de aprobación. Entre ellas, destacó que el Instituto tendrá la facultad para determinar en qué casos se privilegiará el acceso a la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad o con actos de corrupción. También, dijo, se reconoce al INAI como autoridad responsable, en el procedimiento para que el consejero jurídico del ejecutivo federal presente un recurso de revisión en materia de seguridad nacional, lo que le permitirá defender su resolución y argumentar a favor de mantener la apertura de la información. Además el proyecto establece que los sujetos obligados no podrán negar a los comisionados del INAI el acceso a la información clasificada, “por ningún motivo”, con lo que los integrantes del pleno podrán verificar que la reserva o confidencialidad de la información sea procedente; de lo contrario, podrán desclasificarla e instruir su entrega. Asimismo, destacó, el proyecto establece nuevas obligaciones de transparencia como difundir el informe semestral sobre ejercicio de los recursos presupuestales de los grupos parlamentarios, y hacer público el registro de las personas físicas que sean titulares o controlen las empresas privadas que liciten, operen o inviertan en la industria eléctrica, incluido su porcentaje de participación.