CNDH dirige recomendación a González Zarur por violación a derechos de jubilados

El gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur. Foto: Miguel Dimayuga El gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, y a la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) del estado, Karina Edith Torres Vázquez, por violaciones a derechos humanos cometidas contra personas jubiladas.

En un comunicado, el organismo precisó que luego de examinar las evidencias integradas al expediente CNDH/6/2015/379/RI –derivado de la declinación de competencia por parte de la JLCA y de un recurso interpuesto contra la misma por la parte quejosa– acreditó violaciones a distintos derechos humanos, entre ellos el acceso a la justicia.

Precisó que personal de la Junta Especial Número Uno de la JLCA de Tlaxcala mantuvo archivados por casi tres años dos expedientes en trámite iniciados en 2010. “A ello debe añadirse la falta de diligencia en la debida conducción del proceso laboral, que ha impedido se dicten los laudos correspondientes a más de cinco años de iniciados los juicios”, apuntó.

Destacó, asimismo, que se acreditaron violaciones a los derechos humanos a la integridad personal y al trato digno por parte de autoridades del estado de Tlaxcala, que ordenaron, coordinaron y ejecutaron el operativo realizado el 28 de mayo de 2014 en las instalaciones de la citada Junta Especial, donde elementos de cuerpos de seguridad pública, sin observar protocolo alguno, incurrieron en uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública contra personas jubiladas que se manifestaban ante la falta de información sobre la situación que guardaban los juicios referidos.

Por lo anterior, la CNDH solicitó a las autoridades realizar todas las diligencias y gestiones que en derecho procedan, a efecto de culminar la debida integración de los expedientes laborales, para que a la brevedad sean dictados los laudos correspondientes.

También recomendó iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa que correspondan, por las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron los servidores públicos involucrados, tanto en la afectación al derecho de acceso a la justicia como a la integridad personal de las víctimas.

De igual manera, que se emitan los protocolos para regular el uso de la fuerza pública y se brinde capacitación al personal de la JLCA, así como a los elementos de seguridad pública de la entidad, en temas de derechos humanos en general, y en específico,, sobre los derechos trasgredidos.

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