CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco de la investigación por el megafraude a la petrolera Petrobras, la Policía Federal de Brasil allanó esta mañana la casa del expresidente Luis Inácio Lula da Silva en Sao Paulo, a quien detuvo y llevó a declarar en su sede del aeropuerto de Congonhas. Tres horas después el exmandatario abandonó la comisaría, luego de un interrogatorio ante los responsables por la investigación del escándalo de corrupción en Petrobras, y se dirigió a la sede de la dirección nacional del Partido de los Trabajadores (PT), en el centro de la mayor ciudad brasileña. En un comunicado, la Policía reveló que tenía pruebas de que Lula recibió beneficios ilícitos de un esquema de soborno de la petrolera estatal Petroleo Brasileiro SA (Petrobras), en la forma de pagos y bienes raíces de lujo. El expresidente Lula, además de ser el líder del PT, “fue el responsable final de la decisión sobre quiénes serían los directores de Petrobras y fue uno de los principales beneficiarios de estos delitos”, destacó. Añadió: “Hay evidencia de que los delitos lo enriquecieron y financió campañas electorales y al tesorero de su grupo político”. De acuerdo con la Policía, en la última fase de la investigación sobre la operación conocida como “Lavado de Autos”, ejecutó 33 órdenes de allanamiento y 11 de detención en distintas ciudades, entre la que se incluyeron dos en Sao Bernardo do Campo, donde vive Lula. Unos 200 policías y 30 auditores de la oficina de impuestos federales participaron en la operación de este viernes. El Instituto Lula denunció que la intervención policial de hoy contra el expresidente y sus familiares es una “agresión al Estado de derecho que afecta a toda la sociedad brasileña”, y criticó la “violencia” que supone su arresto. “La acción es arbitraria, ilegal e injustificable, además de constituir una grave afrenta al Supremo Tribunal Federal”, señaló en una nota el Instituto Lula, fundado por el exmandatario y que también está siendo investigado por la policía y la fiscalía. “Nada justifica una orden de conducción coercitiva de arresto para ir a declarar, contra un expresidente que colabora con la justicia, espontáneamente y siempre como invitado”, dijo la institución. Añadió que Lula, arrestado por las fuerzas del orden y llevado a la comisaría del aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo, “en los últimos meses presentó información y declaración en cuatro investigaciones”. El fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima, quien participó en la operación para allanar la casa de Lula en Sao Bernardo do Campo (afueras de Sao Paulo) y llevarlo a declarar, señaló que las autoridades decidieron actuar de esa manera para evitar episodios que pudieran “desembocar en violencia”. “Hay mucha polarización en este caso. Si hubiéramos citado a Lula a declarar habría habido movimientos a favor y en contra que podrían desembocar en violencia”, señaló el fiscal en Curitiba, sede del tribunal que juzga la Operación Lava Jato. Poco después de que la policía rodeó la vivienda del expresidente y lo llevó a declarar en el marco de la Operación Lava Jato, manifestantes a favor de Lula se congregaron en torno a una pancarta en la que se podía leer: “Lula. El más honrado y honesto de este país”. En la misma calle, separados por varios autos de la policía federal, manifestantes en contra del exmandatario también se reunieron y desplegaron una bandera de Brasil. A través del Instituto Lula, que la policía sospecha se benefició de cuantiosas donaciones de empresas constructoras involucradas en los desvíos de Petrobras, también se criticó el levantamiento del secreto bancario y fiscal del expresidente. “El único resultado de la violencia desencadenada hoy es someter al expresidente a un constreñimiento público. No es la credibilidad de Lula, sino la Operación Lava Jato, lo que está comprometido cuando sus dirigentes optan por un blanco político con los pretexto más frágiles”, apuntó. La fiscalía sospecha que Lula habría recibido donaciones ilícitas de empresas constructoras y que se habría beneficiado del usufructo –sin ser titular– de dos propiedades: un apartamento de tres plantas en la localidad costera de Guarujá y una casa en la localidad de Atibaia, en Sao Paulo. La fase actual de la Operación Lava Jato, denominada “Aletheia” (expresión que en griego significa “búsqueda de la verdad”), fue lanzada en tres estados brasileños por orden del juez Sergio Moro, encargado de investigar la corrupción en la petrolera. Los hijos del expresidente, Fábio Luiz y Luiz Claudio, así como su esposa, Marisa Leticia, y el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto, también forman parte de la lista de personas que deberán declarar a la policía, según el auto firmado por Moro. En Curitiba, el fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima aseguró a periodistas este mismo viernes que la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien recibió “muchos favores” de grandes constructoras, fueron los principales beneficiarios políticos del esquema de corrupción investigado dentro de la llamada operación Lavado de Autos. "Queda claro que el beneficio político fue recibido básicamente por el expresidente Lula y ahora por la presidenta actual", dijo Lima. De acuerdo con el fiscal, el esquema de corrupción en Petrobras y en otras empresas investigadas en la operación Lavado de Autos incluyó la "compra de apoyo político partidario" a favor de los gobiernos del Partido de los Trabajadores.