Exigen retorno de defensor mexicano que presenció crimen de activista hondureña

TUXTLA GUTIÉRREZ (apro).- Con más de 30 años en la defensa y promoción de los derechos humanos, Gustavo Castro Soto, el activista mexicano que atestiguó el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, goza en Chiapas desde hace más de dos décadas de una larga trayectoria entregada a la defensa del territorio, del agua y la lucha contra la minería.

Procedente de Quintana Roo, donde participó con diferentes grupos de refugiados guatemaltecos, a finales de los ochenta, Gustavo Castro llegó a Chiapas tras el alzamiento armado zapatista para trabajar entre las comunidades y los diversos grupos indígenas amenazados y perseguidos.

Fue miembro de la Coordinación de Organismos no Gubernamentales por la Paz (Conpaz) y posteriormente fundó en Chiapas, con Onésimo Hidalgo, el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas, AC (CIEPAC); tras la desaparición de este organismo, Gustavo Castro fundó con otros de sus compañeros Otros Mundos Chiapas AC.

Desde Otros Mundos Chiapas, con sede en San Cristóbal de las Casas, el activista se dio a la tarea de investigar y coordinar acciones ciudadanas y redes de apoyo a comunidades amenazadas por las construcción de presas, autopistas, o por despojo de tierras por parte de mineras.

También es miembro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas (Mapder) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Uno de sus principales amigos y compañeros fue Mariano Abarca Roblero, quien fue abatido a tiros en noviembre de 2009 en Chicomuselo, tras su lucha contra la minera canadiense Blackfire Corp.

Gustavo Castro también es considerado un activo miembro del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4), de la Red Latinoamericana contra represas y por sus comunidades y el agua (Redlar) y Amigos de la Tierra Internacional (ATI)

Aparte de Chiapas, Castro ha estado en diversos estados del país, donde su principal lucha en los últimos años la ha dado contra el despojo de tierras para la extracción minera y contra la construcción de represas y proyectos hidroeléctricos que también amenazan a los grupos indígenas del país y Centroamérica.

Su presencia en Honduras el día del crimen de Berta Cáceres se debe a que precisamente ella había invitado al sociólogo para impartir talleres de capacitación a miembros de la Coordinadora General del Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh) de ese país.

Gustavo Castro ha elaborado libros, manuales y videodocumentales en los que se exhibe la amenaza de estos mega proyectos que atentan contra el derecho humano a un ambiente limpio y sano.

Es por eso que organismos como el Mapder exigieron hoy a las autoridades de la embajada de México en Honduras realicen todos los trámites para “el regreso inmediato de nuestro compañero Castro Soto, quien se encontraba en Honduras y que lamentablemente fue herido y tuvo que ser testigo del asesinato de Berta Cáceres”.

Mapder confirma en un comunicado que el ambientalista se encontraba en La Esperanza, Intibucá, en Honduras, donde “desafortunadamente en esta visita se perpetró el asesinado de Berta, siendo Gustavo Castro un sobreviviente de estos hechos de violencia dirigida contra la mujer activista e indígena”.

A este mismo reclamo se han sumado decenas de organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz), fundado por el obispo Samuel Ruiz García.

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